Los carroñeros españoles del plan colonial
En la reunión que mantuvo Trump con las petroleras el pasado 9 de enero, el CEO de Repsol y expresidente del PNV, Josu Jon Imaz, en actitud servil agradeció a Trump “abrir la puerta a una Venezuela mejor”, se comprometió a invertir “con fuerza” y a triplicar la producción de petróleo, mientras se refería al Golfo de México como “Golfo de América” en una lamida de bota histórica que bien refleja las relaciones de intereses en esta nueva fase imperialista.
El estancamiento energético de EEUU, el nuevo reparto de fuerzas interimperialistas y la crisis general de acumulación de capital ponen en el centro el papel de las multinacionales extractivistas en esta nueva maniobra colonial de Washington. Repsol es una de esas empresas que explotan la faja del Orinoco y allí concentra el 15 % de sus reservas de hidrocarburos. Esta multinacional española ha ido expandiendo su negocio en Venezuela desde 1993 y, durante la crisis política del país caribeño en 2016, Repsol otorgó un crédito de 1.200 millones de euros a PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) cuya deuda el Gobierno de Venezuela se comprometió a pagar en especie, es decir, con barriles de petróleo para sus refinerías. Más recientemente, gracias a la flexibilización de las sanciones durante el mandato de Biden, Repsol pudo vender petróleo a EEUU y gas venezolano a otros países. Pero estos planes se obstaculizaron con la llegada de Trump y la retirada de las licencias en marzo de 2025 para operar en Venezuela a varias multinacionales, Repsol entre ellas. Ahora, tras el ataque del 3 de enero, Repsol se relame del gusto con una muy probable restauración de esas licencias y todo apunta a que, tras meses negociando con Trump, saldrá beneficiado de la colonización en Venezuela y quizá termine saldando la deuda de PDVSA, lo que amarra el futuro de su rentabilidad al nuevo plan energético del imperialismo en la región; por otra parte, los ingresos económicos petroleros en Venezuela serán administrados por cinco grandes bancos nacionales, entre ellos Provincial, filial del grupo español BBVA. Su presidente, Carlos Torres, declaró en Davos que la agresión a Venezuela «abre una ventana de oportunidad», confirmando que esta entidad formará parte del nuevo esquema financiero impulsado desde Washington para administrar la colonia.
Y es que la crítica a la agresión imperialista no puede limitarse a señalar únicamente las cabezas visibles del imperialismo como Trump, sino que es imprescindible señalar las relaciones capitalistas y a los aliados de casa que lo posibilitan. Las distintas franjas de la burguesía española despliegan una activa operación colonial que actualiza la continuidad del imperialismo español mediante un entramado de corporaciones que explota los recursos y a las personas en América Latina y el Caribe, como las ya mencionadas Repsol o BBVA, pero también Santander, Endesa, Naturgy, ACS, Ferrovial o Telefónica, entre otras empresas que funcionan como instrumentos de la acumulación por desposesión en la región. Un complejo empresarial, eso sí, que se debe a los distintos grupos políticos que aseguran su expansión y sus beneficios y que colaboran activamente con los planes imperialistas.
Sus representantes políticos
Las posiciones de las distintas fuerzas parlamentarias no apuntan más que a la defensa del orden actual de cosas. Por su parte, el ministro de exteriores, Albares, defendió la “autonomía empresarial” de Repsol y Sánchez expresó su “máximo respeto” a la presencia de la petrolera española en Venezuela y a los “criterios privados” con los que opera, que son “absolutamente legítimos”. La actitud del Gobierno solo demuestra el verdadero carácter imperialista de la intervención yanqui. La retórica oportunista del Gobierno PSOE-SUMAR en materia internacional, que por ejemplo inició en septiembre una investigación de las empresas españolas que operaban en territorios palestinos ocupados, se desmorona al negarse ahora a señalar las multinacionales españolas que se beneficiarán directamente de la colonización en Venezuela. Pero el Gobierno de Sánchez no avanza en ese sentido por error o por imposibilidad jurídica, sino porque comprende perfectamente el papel histórico que estas empresas desempeñan en el modelo colonial y extractivista que sustenta al capital español. Como garante de estos intereses, la prioridad fundamental del Gobierno es construir marcos legales y políticos que aseguren la acumulación de capital en este nuevo reparto de fuerzas interimperialistas. Esta línea se refuerza por la composición de sus socios parlamentarios en tanto que PNV y Junts tienen conexiones con muchas de estas empresas y con las cuales mantienen lubricadas puertas giratorias; en cuanto a la izquierda reformista, SUMAR y Podemos cuestionan la agresión desde los limitados códigos de la “legalidad internacional”, como si esos marcos tuvieran alguna credibilidad hoy día. Pero la declaración más bochornosa puede ser la que comparten Manu Pineda, dirigente del PCE/IU/SUMAR y Juan Carlos Monedero, exdirigente de Podemos, comparando la designación de Delcy Rodríguez con el tratado de Brest Litovsk, legitimando el servilismo del chavismo a los intereses de Washington bajo una distorsión vulgar y fuera de contexto de las negociaciones que sirvieron en 1918 a los bolcheviques de altavoz, de defensa del reciente poder obrero ante la amenaza imperialista y para desenmascarar a Alemania en plena primera guerra mundial.
Mientras, las contradicciones de los sectores conservadores y liberales evidencian la desorientación notable y la influencia de las posturas de la oposición venezolana. La Fundación FAES que dirige Aznar se ha desmarcado del optimismo con el que la dirección del PP de Feijóo ha acogido la agresión imperialista, llegando a calificarla como un acto de “colonización” y las declaraciones de Trump de “suma torpeza”. Así como sobre la designación de Delcy Rodríguez como relevo —en la línea de la oposición de derechas venezolana, que aspiraba a un puesto para administrar la colonia—, FAES se ha mostrado contundentemente en contra del continuismo chavista mientras que, aunque el PP o VOX también lo critican, evitan señalar a Trump con esto y con la amenaza a Groenlandia, a diferencia de sus socios europeos. “Igual mañana estamos en el Gobierno y Trump no olvida”, expresaba un dirigente popular. “Por todo eso, la posición más sensata es la que tenemos, poco clara”. Aunque poco clara, lo incuestionable es que, en última instancia, su posición es la de apostar por la defensa de los beneficios empresariales en la nueva administración colonial en Venezuela y reforzar la política imperialista del Estado español.
