Este año se cumple el 45º aniversario del 23-F. Día tantas veces rememorado en medios de comunicación, sigue siendo un episodio clave que define lo que fue esa supuesta Transición modélica y pacífica, del que no se conoce aun todo lo ocurrido debido, entre otras cosas, al secreto que aun pesa sobre la documentación.
El gobierno de UCD: una situación de crisis
A las 18:23 horas del día 23 de febrero de 1981 el teniente-coronel Antonio Tejero irrumpía en el Congreso de los Diputados al mando de 256 guardias civiles, con ayuda del CESID (Centro Superior de Información de la Defensa, actual CNI), mientras se celebraba la segunda sesión de investidura de Calvo-Sotelo; a las 19:30, el Capitán general de la III Región militar, el teniente-general Jaime Milans del Bosch, ponía en marcha la “Operación Turia”, desplegando al ejército y publicando un bando por el cual, y “ante los acontecimientos que se están desarrollando en estos momentos en la capital de España y el consiguiente vacío de poder” se militarizaban los servicios públicos y se prohibían lock-outs, huelgas y la actividad de partidos políticos, entre otras cuestiones. El ruido de sables que tanto había sonado se materializaba en el que sería el intento de golpe de Estado más importante de la conocida como Transición (aunque no fuese el único).
Los pasos dados desde 1976, cuando Adolfo Suárez se convirtiera en una de las caras visibles del proceso como presidente, habían permitido pasar desde la dictadura a un régimen liberal (definido por la Constitución de 1978) evitando el peligro de las movilizaciones en la calle y de que el movimiento obrero impusiera un sistema distinto en el que se depurasen responsabilidades y se diera una verdadera ruptura con la dictadura. Evidentemente, esto no podría haberse hecho sin la colaboración de los partidos y sindicatos con mayor influencia en ese movimiento obrero, como el PCE, el PSOE, CCOO o UGT. Del pacto entre la élite franquista más consciente de que su supervivencia pasaba por acabar con la dictadura y los dirigentes de estas organizaciones, como Felipe González o Santiago Carrillo, surgió tanto el Régimen del 78 como el relato galvanizador de una Transición modélica, pacífica y “de la ley a la ley”. Sin embargo, a finales de los años setenta el malestar entre la élite empresarial, política y militar de la España de la Transición aún era evidente.
Así, existía una contradicción entre el sector que mejor había entendido que la única manera de sobrevivir era mediante la aceptación de un régimen liberal que funcionase con normalidad y aquel que se mostraba disconforme con la Constitución y la marcha de los acontecimientos, encontrándose entre las mayores razones para el descontento la cuestión de las autonomías, entendida por muchos como un atentado a la “unidad de la patria”. La continuidad de jueces, militares y policías, es decir, del aparato del Estado, hacía que estas contradicciones fuesen más peligrosas. Como muestra de esto, podemos citar las palabras de Milans del Bosch en ABC, en septiembre del 1979: “el balance de la Transición no presenta ningún saldo positivo”, para continuar afirmando en la entrevista que “los militares hemos contemplado la Transición con profunda preocupación” y que “el Ejército deberá intervenir cuando se evidencie que las leyes, la acción policial y la judicial son o resultan insuficientes”.
Estas tensiones dentro del aparato del Estado coincidirán con la crisis de la que había sido una de las principales herramientas política de la élite franquista durante esa “Transición”, la UCD. A la cabeza se encontraba Adolfo Suárez, cada vez más contestado internamente y más aislado: por el rey, que le había retirado su confianza, por el Ejército, que lo veía como responsable de grandes traiciones al legado de Franco e incluso a nivel internacional, por su política exterior y su defensa de la neutralidad frente a EEUU (con la negativa a entrar en la OTAN incluida).
Así mismo, la presión de un PSOE en ascenso cada era mayor. Aunque Suárez había sobrevivido a la moción de censura presentada por Felipe González en mayo de 1980, esta había puesto aún más en evidencia su debilidad. Pero no se trataba solamente de mera aritmética parlamentaria. El PSOE, después de la derechización que supuso la consolidación en el poder de Felipe González en 1979, podía ser el partido que estabilizara la situación, que alejara el peligro de cualquier movilización desde abajo y que ejecutara las políticas necesarias para terminar de cimentar el Régimen del 78.
Después de meses en los que la situación de crisis se acentuaba, el día 29 de enero de 1981 Adolfo Suárez, cada vez más aislado, dimitía como Presidente del Gobierno y de la UCD. Lo hacía después de fuertes presiones recibidas por parte del Juan Carlos I, que le había instado a hacerlo ya que “uno de los dos sobra en este país […] Y, como comprenderás, yo no voy a abdicar”. En su lugar, la UCD presentaría a Calvo-Sotelo, un candidato bien visto por todos.
La “Solución Armada”
El debilitamiento de la UCD y de la figura de A. Suárez corrían en paralelo a un ruido de sables que va en aumento y que acabará sintetizándose en la conocida como “Operación Armada”, que presentaba como solución a la situación la constitución de un gobierno de concentración nacional, presidido por el general Armada, que se haría bien a través de una moción de censura, bien a través de un Golpe de Estado.
Se trataba de una operación que contaba con el apoyo de sectores políticos, económicos y militares. Así mismo, era bien conocida en la cúpula del Estado: un documento enviado por parte del CESID al rey y A. Suárez el 11 de marzo de 1980 daba ya cuenta de las diferentes operaciones que se encontraban en marcha, entre ellas la operación Armada. Además de conocida era bien vista, como lo podrían demostrar, entre otras cosas, las propias palabras de Juan Carlos I al duque de Estrada: “se puede reconducir todo, absolutamente todo, formando un Gobierno de coalición o de concentración nacional, con representantes de los diferentes partidos, presidido por un independiente”; o de su secretario, el general Sabino Fernández Campos, que será aún más claro: “se perfila un hombre en el que todos o casi todos están de acuerdo: el general Armada”. Y ese todos no era una forma de hablar: efectivamente, los contactos entre el CESID, militares como Milans del Bosch, Armada o Tejero y políticos de PSOE, de UCD y nacionalistas catalanes se habían ido desarrollando, por lo que la idea de un gobierno de concentración contaba con un amplio apoyo.
La dimisión de Suárez a finales de enero, y la investidura de Calvo-Sotelo en febrero, pasaron a convertirse en el momento justo para ejecutar la “Operación Armada”.
El 23-F
Tras la fallida investidura el día 20 de febrero, Calvo-Sotelo debía esperar al 23, en segunda sesión, para ser elegido presidente. Como hemos señalado, a las 18:23 Tejero irrumpía en el Congreso de los Diputados, pistola en mano. A las 19:30, Milans del Bosch sacaba el ejército a la calle. A la vez, este se ponía en contacto con las diferentes Regiones Militares: solo declararon que no estaban a favor la I, la IX y Canarias. En contactos con el Rey, los diferentes capitanes militares se pusieron a su disposición para hacer lo que ordenase. Se daban por tanto las condiciones para que se crease el gobierno de concentración como solución a la crisis creada por el golpe. A las 23:55 Armada llegaba al Congreso con su propuesta.
Con lo que no cotaba nadie era con que Tejero, que no estaba al tanto de esa parte de la operación, no aceptaría que Armada entrase, dada la propuesta de Gobierno que traía con él, que incluía a ministros del PSOE y del PCE. La “solución armada” quedaba así hecha añicos. Ante el fracaso de la operación, Milans del Bosch retiraba las tropas y Tejero quedaba aislado en el Congreso, del que saldría al día siguiente tras haber firmado un pacto de rendición.
Será entonces cuanto se emita la famosa grabación del rey posicionándose a favor del orden constitucional, a una hora tan tardía como las 01:14 horas del día 24, a pesar de contar con los estudios de TVE desde mucho antes. Es decir, que hasta que no estuvo resuelta la situación, el Rey no tomó ningún posicionamiento, quedándose a la espera de los acontecimientos, bien aconsejado por Sabido Fernández Campos, que dio todos los pasos (evitar que Armada fuese a Zarzuela, hacer que este se presentase candidato en nombre propio y no en el del rey…) para evitar que el monarca se precipitase. Con ello le hizo un gran servicio a él y al Régimen del 78, consiguiendo dejar constancia de unos hechos que cimentaron luego el relato sobre Juan Carlos I como el salvador de la democracia frente a un golpe de Estado que la puso en peligro.
Aunque la “Operación Armada” fracasase como tal, no se puede decir que este golpe no cumpliera un rol tan fundamental como el de reforzar el discurso de una Transición modélica, en la que Juan Carlos I jugó un papel central como defensor de la Democracia, y en la que los militares levantiscos serían presentados como casos aislados que actuaron en una especie de asonada a destiempo, desactivada por las instituciones del Régimen del 78.
De aquellos polvos estos lodos
El 23-F es uno más de los episodios en cuyo relato oficial se ha cimentado la desmemoria sobre la Transición. Un relato en el que se sigue obviando el papel que el movimiento obrero y la juventud jugaron desde finales del franquismo para defenderse en su lugar que el paso de la dictadura a un régimen liberal fue consecuencia del buen hacer de unas cuantas cabezas pensantes, bienintencionadas, como Adolfo Suárez o Juan Carlos I, Felipe González o Santiago Carrillo, que además supieron abandonar sus diferencias para ponerse de acuerdo y transitar hacia “un régimen de libertades y democrático” desde el consenso.
Pero la historia es bien distinta. El miedo de una clase dominante que veía como las movilizaciones podían llevarse por delante no solo el franquismo (que tan bien le había servido pero que a estas alturas ya no les aseguraba la supervivencia) hizo que se movieran para pasar a una democracia liberal lo más rápido posible, para lo que contaron, como hemos dicho, con el apoyo del PSOE y el PCE, entre otros. La conclusión de aquello: que no hubiera ruptura con el franquismo sino continuidad, sin depuraciones. Jueces, policías, militares, empresarios…continuaron ocupando sus puestos. Se volvieron así demócratas de la noche a la mañana.
El 23-F fue uno de esos días donde estas contradicciones saltaron. Militares franquistas dispuestos a no aceptar la marcha de los acontecimientos, organizaciones obreras que no fueron capaces de movilizarse contra un golpe como este, un rey que volvió a jugar sus cartas para consolidarse en el poder a toda costa…y de nuevo, falta de depuraciones, como muestra el juicio que siguió a estos acontecimientos. La victoria del PSOE en 1982 supondría la estabilización definitiva del régimen con la entrada en la UE y en la OTAN, la reconversión industrial y una monarquía convertida en intocable.
Las consecuencias de todo ello son aun visibles: muertos que siguen en las cunetas y un relato oficial sobre el pasado que continúa con el mantra de la guerra de hermanos contra hermanos; un sistema donde prima más el beneficio que nuestras vidas; un Estado con políticas represivas frente a todo aquella/el que se mueva, que infiltra y persigue a sindicalistas y activistas; un régimen caracterizado por casos de corrupción que no dejan de repetirse; una extrema derecha que se ha quitado la careta y que se atreve a campar a sus anchas; un nacionalismo español reaccionario que no deja de prodigarse; y unas direcciones políticas y sindicales de las grandes organizaciones del movimiento obrero asentadas en el mal menor sin enfrentarse a los intereses de aquellos que acumulan la riqueza. Frente a eso, sigue siendo necesario la movilización que verdaderamente suponga una ruptura con el Estado que se heredó del franquismo, y con este sistema de miseria y opresión.
