AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA, POR QUÉ LAS NUEVAS MEDIDAS DEL GOBIERNO NO VAN A GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA VIVIENDA EN EL ESTADO ESPAÑOL

Tras el lema de “este es el año de la vivienda”y dos cursos marcados por grandes movilizaciones, Pedro Sánchez impulsa la iniciativa Casa 47, una agencia de vivienda pública cuyo nombre remite al artículo de la Constitución que “garantiza” el derecho a la vivienda. A esta propuesta se suma entre otras reformas, un nuevo decreto ley que introduce beneficios fiscales para los caseros.

Con estas medidas, el Gobierno afirma querer poner fin a la crisis de la vivienda. Y aunque la idea de que la vivienda sea un bien público, al servicio de todos y controlado por el Estado puede sonarnos bien, cuando una se pregunta quiénes están al frente de la propuesta —quienes llevan años haciendo negocio con la vivienda— saltan rápidamente las alarmas. Entre ellos, el propio presidente del Gobierno y la ministra de Vivienda, ambos rentistas —como tantos otros dentro del Ejecutivoi—.

En un contexto como el actual, en el que el precio por metro cuadrado ha alcanzado los 2.153 euros, un coste récord que supera el máximo nominal anterior registrado en el primer trimestre de 2008, cuando el metro cuadrado llegó a los 2.101 eurosii, resulta evidente que las medidas para garantizar el acceso a la vivienda de la juventud y la clase trabajadora son urgentes.

Sin embargo, las propuestas de Pedro Sánchez y su gabinete, acompañadas de una intensa verborrea, se concretan entre otras en las siguientes medidas:

  • “Animar” a los caseros a aumentar la oferta, incentivando que parte de los cuatro millones de viviendas vacías salgan al mercado del alquiler.
  • Contratos en Casa 47 iiicon una duración de hasta 75 años a los que pueden acceder las personas que cobren entre 16.800 y 63.000 euros anuales.
  • La transferencia de 40.000 viviendas de la Sareb a Casa 47 y la creación de 171 viviendas públicas con una inversión de 100 millones de euros. Eso sí, esta operación se realizará a través de empresas privadas y, aunque se estén revisando los contratos, no puede descartarse que se mantenga la colaboración habitual de la Sareb con fondos buitre como Hipoges, vinculado al fondo proisraelí KKRiv, que gestiona aproximadamente el 55 % de los activos residenciales de la Sareb, y Anticipa-Aliseda, ligado al grupo Blackstone, ambos con posibles prórrogas hasta 2027. Todo ello resulta irrisorio si tenemos en cuenta lo que ya conocemos: rescates con dinero público que terminan engrosando las carteras de bancos y grandes tenedores.
  • Limitar los contratos de temporada para poner fin a su uso fraudulento.
  • Frenar el abuso del alquiler por habitaciones, una realidad que golpea especialmente a la juventud, que no logra independizarse de media hasta pasados los 30 años.
  • Y la medida estrella, la que más controversia ha generado: frente a la prórroga automática de los contratos de alquiler que reclamaban los sindicatos de inquilinas, el Gobierno apuesta por bonificar a los propietarios que renueven contratos sin subir el precio.

Es decir, se opta por beneficiar fiscalmente a los “buenos” rentistas frente a los inquilinos. En lugar de frenar de forma generalizada la subida de los alquileres —recordemos que, salvo en las zonas tensionadas, los caseros pueden aumentar los precios sin control ni límite— o de ofrecer ayudas económicas reales al alquiler —no el IMV, que apenas llegó a una mínima parte de la población, ni los bonos que terminaron de nuevo en manos de los rentistas—; el Gobierno decide compensar a los propietarios por “no especular”. En palabras del propio Pedro Sánchez, estas bonificaciones “compensarían lo que ganarían si subiesen el alquiler”, vaunque esto ya ha sido desmentido hasta por sus propios socios.

Una vez más, y en la línea de las políticas de este Gobierno, el más progresista de la historia, se continúa enriqueciendo a los rentistas con dinero público. Los datos lo confirman: según un informe publicado por el propio Ministerio de Derechos Sociales y Consumo el pasado 13 de enero, los propietarios perciben unos ingresos medios un 82 % superiores alos de la población inquilina.vi

Respecto a esta medida, que ha generado una fuerte indignación, incluso como decía, entre los socios del Gobierno, conviene recordar que ya estaba presente en laLey de Vivienda de 2023, a la que entonces dieron su apoyo. Aunque ahora intenten abanderar un discurso radical, la ley ya contemplaba bonificaciones del 90 % para los caseros que redujeran al menos un 5 % el precio del alquiler en las zonas declaradas tensionadas.

También es importante señalar que no se ha renovado la moratoria de los desahuciosaprobada durante la pandemia, que venció el pasado 31 de diciembre. Esto hace más urgente que nunca su prohibición definitiva, garantizando que ninguna familia sea expulsada de su hogar y poniendo el derecho a la vivienda por delante del negocio.

Por lo que, frente al discurso que pretende instalarse de que “los inquilinos están haciendo la guerra a los rentistas”, es fundamental subrayar que no se trata de otra cosa que de una expresión más de la lucha de clases y de la guerra contra el proletariado. En algunas comunidades, la renta de los propietarios duplica la de los arrendatarios, sin mencionar los ingresos de los grandes tenedores.

Por ello, ninguna medida asistencial —ya sea de pseudocontrol o de incentivación del “buen uso”— permitirá una regulación real de los precios del mercado. Solo enfrentándose a los intereses de quienes hacen negocio con la vivienda, los capitalistas, expropiando para uso social y creando un parque público de vivienda real, accesible para la clase trabajadora y la juventud, se podrán satisfacer las necesidades que tenemos en materia de vivienda.

A estas medidas debe sumarse necesariamente la mejora de las condiciones laborales y la subida de los salarios, porque de nada sirve paliar parcialmente el problema cuando la inflación y la precariedad laboral son hechos incontestables. Y esto no lo conseguiremos apelando a la buena voluntad de los partidos políticos, sin importar su color, que en periodos electorales adoptan discursos radicales y vacíos. Como siempre, los derechos los arrancaremos mediante la movilización sostenida y consciente de nuestra clase y de la juventud.

i https://www.articulo14.es/economia/los-ministros-con-mas-viviendas-del-gobierno-no-optan-por-el-alquiler-20260114.html

ii https://www.articulo14.es/economia/la-preocupacion-ciudadana-por-la-vivienda-se-duplica-el-precio-bate-el-record-de-2008-20251120.html

iii https://www.eldiario.es/economia/seran-alquileres-asequibles-casa-47-nueva-empresa-publica-vivienda-duracion-precio-acceder_1_12820279.html

iv https://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-rodriguez-asegura-ventas-viviendas-sareb-fondos-inversion-kkr-estan-paralizadas-20250610190722.html

v https://x.com/sanchezcastejon/status/2010689790811754751?s=20

vi https://www.elsaltodiario.com/vivienda/propuesta-del-psoe-premiar-caseros-congelen-precios-se-desinfla