“La compra de tierras en sí misma no es una inversión” es una de las frases más potentes de la Ley de Tierras argentina que el gobierno de Milei ha pretendido desarticular el mes pasado. No logró hacerlo en el año 2023 gracias a un amparo judicial presentado por un Centro de Veteranos de Malvinas. El nuevo proyecto de La Libertad Avanza, la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada, iba a ser aprobada el 6 de agosto pero la movilización popular infringió una importante derrota en el intento de Milei de entregar los bienes naturales del país.
La Ley de Tierras vigente entiende al suelo como un recurso natural escaso y no renovable, estratégico para el desarrollo humano y social. Fue aprobada en 2011 con amplia mayoría cuando el cambio climático era apenas un diagnóstico, aunque las tierras que producen alimentos ya empezaban a desertificarse y el estrés hídrico se insinuaba como condicionante. Lo urgente era preservar la soberanía argentina sobre recursos como el agua dulce y los minerales, a los que el gobierno de EEUU ya les había puesto el ojo.
Fue creada para regular un previsible incremento de la propiedad extranjera y poner límites a un proceso de concentración de grandes extensiones de hectáreas en manos de capitales financieros. Estableció un tope del 15 % a nivel nacional y provincial y subprovincial y que los extranjeros no pudieran adquirir más del 30 %. En 2016 el entonces presidente Macri emitió un decreto que flexibilizó la ley en la extranjerización de la tierra que se materialice a través de las transferencias de acciones o participaciones societarias.
La Ley de inviolabilidad de la propiedad privada es parte del programa de desregulación del gobierno de Milei y su objetivo principal es limitar la intervención del Estado en materia de propiedad. Uno de sus capítulos más controvertidos se refería a la propiedad de la tierra: estipulaba la venta ilimitada de tierras a extranjeros, un ataque frontal a la soberanía argentina sobre los recursos naturales, la producción local y el acceso a la tierra. Si se aprobase esta nueva legislación, magnates globales como Peter Thiel se frotarían las manos: el agua, la energía y el clima de la Patagonia son ideales para instalar megagranjas de datos y servidores de la IA. Esto implicaría una menor protección de los bienes comunes estratégicos.
Esto apartado fue duramente contestado por un amplio sector de la sociedad, así como por figuras públicas como Fito Páez, entre otras, que llamaron a movilizarse el 6 de agosto. En los días previos senadores y gobernadores se empezaron a distanciar del proyecto de ley y el gobierno se vio obligado a retirar el capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros en un intento por salvar el resto de la ley. Sin embargo, esto no fue suficiente para apaciguar el descontento, a pesar de que las direcciones sindicales peronistas estuvieron ausentes.
Miles de personas se movilizaron en Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Neuquén y el norte del país, alcanzando a amplios sectores de la población. El gobierno respondió con represión, esta vez como una demostración de debilidad, para frenar que se sumaran más trabajadores/as a la movilización frente al senado. De madrugada Milei también tuvo que retirar las disposiciones que flexibilizaban la legislación sobre gestión de incendios, duramente criticadas por reducir las restricciones al uso de terrenos afectados facilitando la conversión de tierras quemadas en nuevos desarrollos inmobiliarios. El texto aprobado estuvo significativamente debilitado por la presión social pero esta marcha atrás no significa que el gobierno haya abandonado su agenda.
