Las penas de cárcel a sindicalistas no es ya ninguna novedad en el Estado Español. Son numerosos los sindicalistas condenados a años de cárcel por participar en piquetes durante por ejemplo las huelgas generales de 2012 o por defender los derechos laborales en una Pastelería de Gijón. Ya en 2014, CCOO denunciaba la apertura de casi 60 procedimientos que afecten a cerca de 200 sindicalistas, a una parte de los cuales se les pedía hasta 8 años de cárcel. Alfon, Molero, Cándido, Morala o Hasel son solo algunos nombres propios que demuestran que aquí se encarcela por ejercer el derecho a huelga o el derecho a la libertad de expresión.
El objetivo es de sobra conocido. Disuadir a los y las trabajadoras que luchan por la mejora y defensa de sus condiciones de vida. Esto es precisamente lo que está sucediendo con los tres compañeros/as del SAT Granada procesados por ocupar la Delegación territorial de Turismo de la Junta de Andalucía. Una acción que se desarrolló en medio de un conflicto laboral por la defensa del puesto de trabajo de Vanesa Sánchez, limpiadora y delegada sindical del SAT en RYDALCA (empresa encargada del servicio de limpieza de las oficinas y dependencias de dicha Delegación territorial), despedida después de 11 años de antigüedad en un caso claro de represión sindical.
El próximo 1 de febrero, Vanesa Sánchez, María José Sánchez y Néstor Salvador se enfrentan a un juicio por el que le piden 5 años de cárcel. Los/as tres compañeros/as son reconocidos/as sindicalistas de la ciudad de Granada por su determinación y combatividad. La lucha por la reintegración de Vanesa Sánchez a su puesto de trabajo en 2020 duró 15 meses con concentraciones semanales frente a la Delegación. Esa campaña logró además congregar a numerosos colectivos sociales, políticos y sindicales que supieron llevar a cabo una movilización unitaria en el tiempo en la que se denunció tanto a la empresa como al máximo responsable político de la Delegación, el entonces Delegado por C’s, Gustavo Adolfo Rodríguez.
Hoy, la Junta de Andalucía toma su revancha pidiendo 5 años de cárcel por una protesta laboral. Las fuerzas políticas, sociales y sindicales de Granada y del resto del Estado Español deben solidarizarse de inmediato. Atacándose a los tres del SAT, se están atacando a todos/as aquellos/as sindicalistas, activistas o militantes que se enfrentan a diario mediante la movilización y las huelgas a la patronal y a los gobiernos antisociales.
Hay mucho en juego. La respuesta debe estar a la altura del ataque. Privar de libertad a trabajadores/as por protestar en medio de un conflicto laboral es una línea roja que no podemos tolerar. Más aún cuando vemos el doble rasero de una justicia que mima a políticos y empresarios corruptos. Ninguna confianza en esa justica de clase. La libertad de Vanesa, María José y Néstor deberemos arrancarla mediante la solidaridad de los de abajo. Necesitamos de una campaña que vaya mucho más allá de Granada. Tienen que sentir la presión al igual que intentan infligírnosla a nosotros/as.
Desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria participaremos de la campaña unitaria y nos ofrecemos para implicarnos de lleno en la medida de nuestras posibilidades.
