Ángel Olivares, quien fue secretario de Defensa del primer gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura y hoy presidente de la Fundación Feindef, lanzó a finales de septiembre una advertencia a las administraciones públicas: «Incrementar la inversión en defensa no es una opción, es una obligación». Este directivo sentenció esta reflexión sobre las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas y refleja el sentir de un sector empresarial que exige compromisos presupuestarios firmes, para este gobierno o para el ejecutivo que venga, para mantener la capacidad de disuasión frente a amenazas externas.
Estas elocuentes declaraciones se pueden completar con las que realizó hace pocos días en una entrevista en el medio digital Infodefensa Mariano Hoya, responsable de Industria de UGT, sindicato que organiza del 7 al 9 de octubre en Córdoba con el ayuntamiento el foro Indudef, con la participación de empresas del sector, Fuerzas Armadas, diferentes administraciones y jóvenes con vistas a promocionar e impulsar la defensa española y acercarla a la sociedad: «Necesitamos una industria de defensa potente y un Ejército español con capacidad de disuasión con la que será mucho más difícil que tengamos escenarios como los de Ceuta”.
A primeros del mes de septiembre, el consejo de ministros del gobierno PSOE-Sumar, ya indudablemente el más militarista desde la Transición, autorizó 1.483 millones de euros para financiar la participación del ministerio de Industria en los 14 nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM), que podrían movilizar hasta 32.000 millones de euros y cuyo horizonte de financiación se extiende hasta 2032. Estos abarcarían ámbitos estratégicos como la aviación de combate, las comunicaciones seguras, la defensa aérea, los sistemas de misiles, las capacidades navales y los helicópteros.
En este suculento reparto del rearme patrio las empresas Indra, Airbus y Navantia parten como algunos de los grandes grupos mejor colocados para captar parte del nuevo negocio, que tiene altísimas expectativas por delante. Su desarrollo viene justificado continuamente por fuentes del ministerio que dirige Margarita Robles al tener como objetivo proporcionar nuevas capacidades a las Fuerzas Armadas y modernizar las existentes, al tiempo que impulsar la base industrial y tecnológica militar española. Para la titular del ministerio de la guerra, “invertir en defensa es invertir en paz y creación de empleo”, cita que ha repetido en varias ocasiones.
Los grupos empresariales del sector no pueden más que estar satisfechos con Pedro Sánchez. El E.Español ha dado un giro estructural en su política de defensa a partir de la guerra de Ucrania. De los casi 35.000 millones de euros adjudicados en contratos militares durante 2025, 21.064 millones han sido gestionados por empresas españolas, aproximadamente el 60% del total. El 40% restante ha ido a parar a grandes grupos europeos. El reparto refleja un cambio estratégico deliberado del denominado gobierno progresista: priorizar la soberanía industrial y tecnológica nacional ante una creciente tensión geopolítica.
La industria armamentística ha disparado su facturación en esta legislatura y ninguna empresa quiere quedarse fuera del reparto de un pastel tan jugoso, denuncia el Centre Delàs. Con Indra, Airbus y Navantia, que lideran la tabla, el gobierno PSOE-Sumar acaba de cerrar contratos para distintos programas hasta 2035. La primera cerró 2025 con 5.652 millones de ingresos y Airbus facturó 17.700 millones. Navantia solo superó los 1.978 millones obtenidos en 2009. El gobierno que recuperó el “No a la guerra” multiplicando por 6,5 el gasto militar se irá habiendo convertido al Estado en un arquitecto industrial de su defensa y aplaudido por sus pingües beneficios.
