Rubén Quirante y Alberto Lavín
En este dossier continuamos el trabajo del anterior número, analizando más cuestiones que están detrás de la situación de Ceuta. En esta ocasión, contaremos con dos textos en los que desarrollaremos, por un lado, los motivos que explican por qué quieren enfrentarnos con los/as trabajadores/as y jóvenes provenientes de África y la responsabilidad del gobierno central en el calado de los discursos racistas entre la gente de Ceuta y, por el otro, analizaremos los cambios de las políticas migratoria y fronterizas del Estado español para adaptarse a los deseos de los capitalistas de disponer de una mano de obra más barata, precaria y asustada a la que poder explotar con total impunidad.
NO SON INVASORES, SON TRABAJADORES/AS Y NIÑOS/AS
Las personas migrantes que permanecen a día de hoy en Ceuta no son invasores. Son trabajadores/as y niños/as que vienen a buscarse la vida al igual que lo pudimos hacer nosotros/as en la década de los años 50 y 60. Huyen de la miseria, de las guerras y de las dictaduras. No suponen ningún peligro ni son nuestro enemigo. No vienen a someternos a nada, ni a oprimirnos. Ellos/as no son responsables de nuestros bajos salarios, de la precariedad en el empleo, de la subida de los precios y de los alquileres o de la privatización de los servicios públicos. Los culpables son otros y tienen nombre y apellidos españoles.
Desde hace semanas, no paramos de escuchar que hay que apoyar a Ceuta. ¿Pero qué significa apoyar a Ceuta? ¿Reivindicar la expulsión de las personas migrantes? ¿Dar por bueno el discurso de que son invasores y por tanto legitimar el uso de la violencia para echarlos? ¿Validar los linchamientos a ONG’s, la creación de milicias urbanas armadas o las palizas perpetradas por militares hacia los/as migrantes? ¿Quedar impasibles frente a los pogromos organizados por escuadristas neonazis ante la mirada cómplice de la policía? Desde luego, así, que no cuenten con nosotros/as para apoyar a Ceuta.
No negamos que la entrada de 70 000 personas migrantes a Ceuta haya podido estar facilitado por el régimen marroquí, con el que sin embargo no duda en coordinarse el Gobierno español para las deportaciones y el control fronterizo. Al igual que tampoco negamos que la presencia de 10.000 personas en una ciudad de 80.000 habitantes pueda generar problemas cuando las administraciones públicas no emprenden ninguna gestión. Pero esto no quita, en ningún caso, el derecho inalienable de cualquier persona a poder huir de la miseria y a poder aspirar a una vida mejor sin ser por eso estigmatizado, insultado o golpeado. Algunos dirán que lo hagan por la vía legal. Pero el problema es que no existe tal vía. Ni visados, ni permisos. Su única alternativa, tirarse al mar, jugarse la vida y malvivir durante semanas en condiciones infrahumanas a la intemperie, bajo chabolas infames, siendo la diana de agresiones xenófobas por parte, no sólo de grupos de extrema derecha, sino también de militares. Nos quieren pintar a las personas migrantes como delincuentes y como una amenaza para la seguridad y sin embargo los casos que salen a la luz muestran que están siendo víctimas de la violencia racista. Según fuentes periodísticas hasta dos decenas de personas migrantes habrían denunciado palizas y vejaciones por parte de militares que patrullan la ciudad. A esto, hay que añadirle, las 23 agresiones sexuales a personas migrantes, nueve de ellas menores, registradas por la Fiscalía desde el inicio de la crisis de Ceuta cometidas por agresores de entre los cuales hay españoles y un belga. El problema no son las 10 000 personas migrantes, el problema es no haberlos acogido en el conjunto del Estado Español en casi dos meses.
¡Hay que acogerlos/as! ¡Claro que hay dinero!
Desde 2022, hemos acogido a 350 000 ucranianos y, desde 2013, a unos 200 000 venezolanos (de los cuales, 50 000 el año pasado) sin que nadie se haya visto, al parecer, perjudicado por ello. Fueron recibidos en centros de atención y posteriormente acogidos en las diferentes comunidades autónomas entre las que destacan València, Catalunya, Andalucía y Madrid. Los cerca de 40 000 estudiantes ucranianos han sido escolarizados mientras se estima que se matricularon en el curso 2023-2024 cerca de 12 000 niños venezolanos, un 7,1% más que el curso anterior. Durante todos estos años, no hemos escuchado a ningún medio de comunicación, ni a Feijóo o Abascal hablar de invasión ni afirmar que no hay dinero para acogerlos. Claro que se pueden acoger, y claro que hay dinero.
¿En qué reside entonces la diferencia? Claramente en el lugar de procedencia y en una islamofobia evidente. Nos quieren pintar a los marroquís como si fueran delincuentes y generar una guerra entre pobres. Así mientras nos enfrentamos a trabajadores/as y jóvenes provenientes de África, no lo hacemos contra los empresarios que nos explotan a diario, contra los fondos de inversión que especulan con nuestra vivienda y echan a jubiladas de sus casas, contra los que generan guerras y son responsables de la subida de los precios, contra los que sacan provecho de la privatización de nuestros servicios públicos o contra los responsables del cambio climático.
Hay dinero para atender y acoger a las personas migrantes. Aquí y en Europa. Nos quieren hacer creer que no es posible, pero es falso. El problema es que el dinero lo acaparan los de siempre. La riqueza de las grandes fortunas aumentó en 2025 un 8,7 % alcanzando un récord de 98,3 billones de dólares. Las empresas que cotizan en el IBEX 35 como Inditex, BBVA, Banco Santánder, Iberdrola, Repsol, Acciona, ACS o Telefónica –muchas de ellas con negocios en territorio africano– han logrado en 2025 unos beneficios que superaron los 66 000 millones de euros. Mientras tanto, los y las trabajadoras no hemos dejado de perder poder adquisitivo reduciendo nuestra capacidad de compra en casi un 5% desde 2020.
El Gobierno PSOE- SUMAR tiene que asumir una política de izquierdas, pero no lo hará
La gestión del gobierno central es en gran parte responsable de la situación actual. La inacción del mes de agosto ha permitido que los discursos racistas calen entre la gente de Ceuta. Allí donde salieron los primeros días a echar a los grupos fascistas que acudieron a Ceuta para alimentar el odio hacia el migrante, ahora predominan las cacerías racistas y las movilizaciones al grito de invasores reivindicando su expulsión. Entre medias semanas sin que el gobierno de Sánchez haya hecho absolutamente nada a la espera de ver si las personas migrantes se iban por sí solas al igual que lo hicieran la inmensa mayoría de las que entraron el pasado 30 y 31 de julio.
Esa inacción ha sido el caldo de cultivo para que PP y VOX alimenten un discurso nacionalista español y xenófobo con el objetivo de debilitar aún más a un gobierno herido ya de muerte. Frente a esta situación, éste ha sido incapaz de articular un discurso que permita contrarrestar el envalentonamiento racista. La organización de las concentraciones antirracistas del pasado día 2 de septiembre en respuesta a las convocadas por PP y VOX recayeron exclusivamente en la izquierda extraparlamentaria junto con colectivos sociales y sindicales combativos. La ausencia de la izquierda institucional, tanto política como sindical, fue un grave error. Incluso organizaciones que no gobiernan, como Adelante Andalucía, cometieron el mismo error obviando conscientemente dichas convocatorias. Afortunadamente las concentraciones fueron numerosas a pesar de no contar con la visibilidad de ningún medio de comunicación y son una semilla para emprender un trabajo unitario frente al discurso de la extrema derecha que solo pretende dividir a la clase trabajadora.
El Gobierno central tiene medios para combatir las ideas reaccionarias. Pero para ello tiene que asumir una política de izquierdas. Una política que defienda y lleve a la práctica la acogida de las personas migrantes al mismo tiempo que aprueba una batería de medidas de urgencia social que respondan a los problemas de la clase trabajadora y de la juventud en materia de salarios, vivienda, pensiones, derechos laborales o mejora de los servicios públicos. De esa forma se contrarrestaría fácilmente el discurso racista que viene a decir: los españoles primero, generando enemigos dónde no los hay. ¿Quién se preocuparía por la acogida de 10 000 personas en el conjunto del Estado español si dicha acogida viniera aparejada de unas medidas que contribuyen por ley a aumentar los salarios al mismo ritmo que el coste de la vida, si se destinara financiación suficiente para acabar con las listas de espera en los hospitales, o para bajar las ratios en los centros educativos, o si se interviniera el mercado de la vivienda para reducir drásticamente el precio de los alquileres? Nadie, que no fuese racista. Ese mensaje de odio, sin duda, tendría menos calado.
El gobierno central debería asumir esa política en lugar de endurecer las leyes de extranjería o de asilo. Esa es la única forma de hacer frente al auge de la extrema derecha y de sus ideas. Pero sabemos que no lo harán, porque para eso, es necesario asumir una política que se enfrente a los intereses de los que más tienen. Esos que acaparan las riquezas y que impiden que los salarios aumenten, que los servicios públicos se desarrollen, que la edad de jubilación disminuya o que los precios de los alquileres bajen. Porque esos son los mismos que están tanto al frente de las empresas que saquean África y hacen las fronteras más letales, como de las aseguradoras privadas, de la sanidad y de la educación privada, de las empresas que no respetan los derechos laborales o de las entidades bancarias que especulan con la vivienda y que no tienen ningún interés en que medidas de urgencia social de ese tipo prosperen. Esos son nuestros enemigos. No las personas migrantes.
FRONTERAS PARA DIVIDIR Y EXPLOTAR
Las políticas migratorias y fronterizas del Estado español han evolucionado durante las últimas cuatro décadas para adaptarse a las necesidades cambiantes del capital desde la aprobación de la primera Ley de Extranjería. El objetivo del control de fronteras y la persecución de la población migrante una vez que ha entrado en el territorio no tiene como objetivo cortar el flujo migratorio, sino garantizar que ese sector de la clase obrera esté privado de derechos políticos, civiles y sociales y sea en consecuencia mano de obra barata, precarizada, disciplinada y sobreexplotable, especialmente útil para cubrir puestos en la agricultura, la hostelería, la construcción y los cuidados. Tanto desde el Gobierno y las instituciones europeas como desde la patronal, ha habido una tendencia a reconocer que la inmigración contribuye a ajustar los costes salariales y sostener la producción ante el envejecimiento demográfico, como demostró la presencia del Fondo para la Internacionalización de la Empresa Española en los viajes oficiales de Pedro Sánchez a Mauritania, Senegal y Gambia para cerrar pactos de migración circular y externalización de fronteras, o, lo que es lo mismo, acuerdos para que esos estados extracomunitarios hagan el trabajo sucio en el control migratorio al margen de las garantías jurídicas europeas. En ese marco, Marruecos, Túnez y Mauritania han desarrollado un sistema para secuestrar, transportar y abandonar en el desierto a migrantes, refugiados e incluso residentes legales solo por ser de piel negra, cuando no los venden a traficantes de personas.
En el verano de 2026, la Seguridad Social superó los 3,5 millones de afiliados extranjeros (un 15,6% del total), con Marruecos (415.000), Colombia (347.000), Rumanía (342.000), Venezuela (247.000), Italia (223.000), China (136.000), Perú (133.000) y Ucrania (84.000) a la cabeza. Las mujeres representan el 43% de esta afiliación y el 27,5% procede de la UE. El crecimiento interanual de la afiliación extranjera fue del 13,6% (frente al 2,9% general), aportando 408.000 cotizantes que explicaron el 64% del aumento total del empleo. El Banco Central Europeo señala que más de la mitad del crecimiento económico español reciente se debe a la inmigración, siendo que Eurostat sitúa a España al frente de las economías del euro que más crecen. Sin embargo, esta contribución convive con una brecha salarial para la clase trabajadora inmigrante del 29,3% de media, que sube a casi el 60% en el decil más bajo y no baja del 40% en los seis siguientes. Pese a estos salarios bajos, los estudios de la Universidad Carlos III (2019) y la Universidad Pompeu Fabra (2022) cifran el beneficio fiscal neto entre 3.300 y 4.000 euros anuales por persona regularizada. En prestaciones, la población extranjera recibe el 12% del desempleo (frente al 19% autóctono), el 4,8% del Ingreso Mínimo Vital (frente al 3,6%) y solo el 7% de las pensiones no contributivas por exigir 10 años de residencia para jubilación y 5 para invalidez. Además, con un contingente joven que empieza a cotizar de cero, su aportación amortigua las tensiones del sistema ante la jubilación del baby boom, en un contexto donde el Banco de España calcula que se necesitarán 25 millones de migrantes para 2050. Es en este contexto que Vox y el PP han adoptado el discurso de “prioridad nacional” y lo han materializado en diferentes políticas municipales y autonómicas para excluir de los servicios públicos a esa amplia masa de trabajadores inmigrantes: unos servicios públicos en proceso de desmantelamiento y privatización que, sin embargo, se sostienen en gran medida por el trabajo de esa misma masa de obreros. Estamos, pues, ante una nueva forma de expolio de la burguesía contra la clase trabajadora justificado por un discurso racista que divide entre trabajadores nativos y extranjeros.
El núcleo legal del sistema migratorio español parte de la Ley Orgánica 7/1985 (LOEx), aprobada bajo el gobierno de Felipe González por exigencia de Bruselas para evitar influjos migratorios hacia el norte de Europa tras la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. La norma limitó los derechos políticos de reunión, asociación y sindicación —declarados inconstitucionales poco después— y condicionó la residencia al trabajo formal, empujando a miles de personas a la economía informal y fijando el criterio de no atentar contra el orden público ni ejercer la mendicidad. La LOEx 4/2000, impulsada por Izquierda Unida para desvincular los derechos del estatus administrativo, duró poco: el PP la criticó por generar “efecto llamada”, la convirtió en baza electoral y, tras lograr mayoría absoluta, aprobó la LOEx 8/2000 para endurecer los requisitos, aumentar las expulsiones y recortar de nuevo derechos de huelga y manifestación. Este giro coincidió con el pogromo racista de El Ejido en 2000, al que la población magrebí respondió con una huelga que sentó en la mesa de negociación a los gobiernos central y autonómico y la patronal agrícola almeriense, y las movilizaciones de los “sin papeles” en 2001 con encierros en iglesias. Más tarde, los gobiernos de Zapatero y Rajoy sumaron la LOEx 2/2009, la Ley de Asilo de 2009, que prohibió pedir asilo en embajadas, y la Ley Mordaza de 2015, que legalizó las “devoluciones en caliente” tras la masacre del Tarajal en 2014. Mientras se filtraban informes que probaban que hay premios a policías por cumplir cupos de detenciones a inmigrantes, la política fronteriza se endurecía con la creación de los CIE, el despliegue de Frontex y el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), la Directiva de la Vergüenza europea de 2008 y acuerdos de externalización con Marruecos, Senegal y Mauritania. Con el gobierno de Sánchez se mantuvieron los recursos a favor de las devoluciones sumarias, se sustituyeron las concertinas por vallas militarizadas, se bloqueó a barcos de rescate como Open Arms y Aita Mari, y se abrieron en 2025 dos cárceles de migrantes en Mauritania, adelantando el modelo de centros en Albania propuesto por la primera ministra italiana de extrema derecha, Giorgia Meloni. En el marco europeo, los ataques contra la población inmigrante se agravan con el Pacto Europeo de Migración y Asilo —diseñada bajo la presidencia europea de Sánchez, lo que le valió el elogio de Meloni—, el pacto UE-Turquía de 2015 o el Reglamento de Retorno, que plantea redadas sin orden judicial en domicilios. Estas políticas están claramente dirigidas contra la inmigración procedente de África, Asia y América Latina, lo que salta la vista con el arriba citado permiso a ucranianos de 2022 —que contrastó con la masacre del 24-J en Melilla ese mismo año—.
En el mismo sentido, las reformas del Reglamento de Extranjería de 2021 (para jóvenes ex tutelados) y de agosto de 2022 (arraigo por formación y trabajo para estudiantes) buscaron cubrir vacantes. En cambio, la reforma de noviembre de 2024 mostró la otra cara, no por ello contradictoria en lo que se refiere a afianzar un sector de la clase trabajadora más debilitado y explotado: redujo plazos para los arraigos pero hizo incompatible solicitar asilo y arraigo a la vez, abocando al 90% de los solicitantes de asilo denegados a dos años de irregularidad obligatoria. A esto se suma el colapso administrativo, las trabas burocráticas, la venta de citas de extranjería por hasta 500 euros y el cobro de sobrecostes por empadronar. Los obstáculos en el padrón —pese a ser un derecho y un deber legal— funciona como un freno que impide acceder a la sanidad, la educación o la vivienda, bloqueando la vía para acreditar el arraigo, llevando a miles de familias inmigrantes a un callejón sin salida. A todo esto se suma el hecho de que la libertad de circulación y el derecho de asilo bajo el capitalismo tienen un sesgo de clase. Las leyes de extranjería y las políticas migratorias hacen distinciones entre capitalistas y obreros. España, Italia y Portugal disponen de mecanismos jurídicos para otorgar la ciudadanía según renta, como la llamada visa premium portuguesa que defiende Chega, partido de extrema derecha socio de Vox, y hay facilidades legales y burocráticas especialmente para rentistas y grandes propietarios de inmuebles.
Para reestructurar las bolsas de irregularidad generadas por el propio sistema, los gobiernos han acudido de forma periódica a las regularizaciones extraordinarias. Entre 1986 y 1996 se realizaron tres procesos (1986, 1991 y 1996) para ajustar el mercado de trabajo tras la entrada en la CEE. La mayor regularización de la historia se dio en 2005 bajo el gobierno de Zapatero, canalizando mano de obra para el punto álgido del boom inmobiliario. Sin embargo, estos procesos de regularización se han combinado con expulsiones y rearme fronterizo, como ocurrió durante la crisis de los cayucos en 2006.
La última regularización extraordinaria se puso en marcha a principios de 2026 tras el impulso de la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la plataforma asociativa Regularización Ya, que reunió más de 700.000 firmas y el apoyo de 100 organizaciones. El proceso cerró el 30 de junio con 1.174.978 solicitudes dirigidas a regularizar a unas 500.000 personas. Sus efectos económicos resultaron inmediatos: para el verano de 2026 ya se habían tramitado más de 600.000 expedientes y 262.475 personas se habían dado de alta en la Seguridad Social. La regularización supuso un logro para los movimientos sociales antirracistas al sacar a miles de trabajadores inmigrantes de la economía sumergida y la desprotección jurídica, y, al mismo tiempo, atendió a las peticiones de la patronal para cubrir puestos de bajo salario, corregir desajustes legales del propio Gobierno y servir a un cálculo político-electoral puntual. De nuevo, este proceso convivió con redadas masivas del Ministerio del Interior, la exigencia del padrón por parte de la Policía para entregar la Tarjeta de Residencia y el mantenimiento de las devoluciones en caliente.
La persecución en números
Las crecientemente represivas políticas migratorias y fronterizas requieren, claro está, de cada vez mayores gastos policiales y militares, lo que supone un lucrativo negocio y reguero de dinero público para empresas armamentistas, tecnológicas, infraestructuras y bancos. El Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), desplegado en el Estrecho, Canarias, Ceuta y Melilla, acumula desde su creación una inversión superior a los 300 millones de euros en radares, cámaras térmicas y optrónicas, además de contratos recurrentes de mantenimiento de varios millones anuales. El mantenimiento, modernización y sustitución del trazado de las vallas —incluyendo el desmontaje de las concertinas, el recrecido a 10 metros, los peines invertidos y sistemas de sensores— ha supuesto licitaciones periódicas por un importe que supera los 32 millones de euros en las últimas actuaciones del Ministerio del Interior. Solamente para la crisis de Ceuta el Gobierno ha aprobado 15 millones para gratificar a los policías y guardias civiles desplegados.
Entre partidas estatales españolas y fondos europeos (FAMI y NDICI), el Estado español riega con partidas multimillonarias a Marruecos. En el periodo 2021-2027, el paquete europeo de control fronterizo asignado a Rabat ronda los 500 millones de euros. Además, hay partidas bilaterales que superan los 120 millones de euros en concepto de equipamiento (vehículos, drones, material antidisturbios y sistemas de visión nocturna) para la policía marroquí. En Mauritania y Senegal, el Estado español financia contingentes permanentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional para misiones que comportan dotaciones continuas en equipamiento, logística y mantenimiento, además de proveer de partidas específicas para la gestión de centros de detención.
En cuanto a los CIEs, su construcción, gestión interna, seguridad privada y mantenimiento absorbe un presupuesto de más de 30 millones de euros en licitaciones públicas por periodos plurianuales. Para las expulsiones, el Ministerio del Interior adjudica contratos públicos para el traslado aéreo y marítimo de migrantes. La licitación de las rutas aéreas de expulsión (vuelos fletados en colaboración con Frontex y empresas privadas de aviación) cuenta con presupuestos marco que alcanzan los 16,5 millones de euros por convocatoria.
En cuanto a Frontex, el Estado español aporta su cuota proporcional como socio de la UE y recibe a su vez financiación para operaciones conjuntas de patrullaje marítimo. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas cuenta con un presupuesto plurianual que supera los 2.000 millones de euros.
