Las huelgas indefinidas protagonizadas por las y los docentes de Cataluña y el País Valenciá han provocado un efecto contagio, con una convocatoria en Madrid a partir del 14 de octubre y una jornada de huelga en Andalucía para el 11 de noviembre. Esto es consecuencia de que, a pesar de que las competencias estén descentralizadas por comunidades, existen problemas comunes a todo el sector a nivel estatal, por lo que sobran razones para salir a la calle: ratios que impiden el desarrollo de una educación de calidad, falta de recursos para atender al alumnado NEAE, pérdida de poder adquisitivo, una burocracia asfixiante, altas tasas de interinidad sin que se lleve a cabo una estabilización efectiva y real del personal que ocupa estos puestos… Son estos y otros problemas los que de una forma u otra sufren las y los docentes de la Educación pública, llevando a miles de personas a movilizarse.
Una de las cuestiones principales, que además de tener consecuencias directas en la capacidad de atender al alumnado, determina la cantidad de docentes contratados, es el de las ratios, es decir, el número de alumnos/as por aula. Según los datos publicados en el informe “Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE” (2025), las ratios medias en el Estado español serían de 21 alumnos/as por aula en Educación Primaria y 25 en Secundaria, superiores en ambos casos a los países europeos (19 y 21 respectivamente). Estos valores medios varían según comunidades: para el caso de Primaria, las ratios más altas se sitúan en Melilla (23,8), Madrid (23,2), Cataluña (22,2) y Ceuta (21,6); para Secundaria, en Melilla (28,6), Cataluña (28,2), Ceuta (27,0) y Andalucía (26,4). Finalmente, en Infantil, donde la media estatal para el 2023-2024 fue de 16, las ratios más altas se sitúan en Melilla (20,7), Murcia (17,3), Ceuta (17,2) y Andalucía (17,1). Estos datos pueden sorprender a quien lee, sean familias o trabajadores/as de la enseñanza, por verlos hasta bajos según su experiencia diaria, ya que obvian la distribución desigual de la población según el territorio, tratándose de valores que mezclan centros de tamaño dispar situados en localidades con una población también dispar y con un alumnado que varía. Es decir, que dependiendo de estos factores, en la realidad nos encontramos con aulas que tienen ratios más altas, incluso ilegales al no respetarse la norma vigente, llegándose a meter hasta 33 alumnos/as por aula en Secundaria o 28 en Primaria (por encima de los 30 y 25 que marca la ley), sin que se abran nuevos grupos, de forma que se saturan las clases y se ahorra en la contratación de profesorado (cada nuevo grupo puede suponer alrededor de dos docentes en Secundaria). Por tanto los valores medios, que ya son altos (incluso superiores en algunas comunidades a lo que pretende legislar ahora el Gobierno central) esconden una realidad de aulas mucho más llenas donde es muy difícil trabajar.
Además de las ratios, otra cuestión que está provocando la movilización de las y los trabajadores del sector educativo son los salarios. De manera generalizada, y a pesar de los acuerdos que diferentes organizaciones sindicales han ido tomando, la pérdida de poder adquisitivo no se ha paliado: según estimaciones, entre 2010 y 2024 los precios se han incrementado un 36,4%, mientras que los salarios en el sector han subido un 14,5%, por lo que dicha pérdida sería de un 21,9%. A esto hay que sumar el desequilibrio que hay entre salarios de diferentes Comunidades autónomas a pesar de tratarse de un mismo sector y un mismo trabajo. Por ejemplo, si un maestro/a cobra 2858 euros mensuales brutos en Euskadi o 2594 o en Castilla la Mancha, en Asturias estaría cobrando 2313 y en Aragón 2383; en Secundaria, las diferencias mayores se darían entre los 3258 de Euskadi y los 2446 de Asturias, mientras que en FP estos valores serían de 3309 y 2626 euros, también en Euskadi y Asturias. En Andalucía los salarios serían de 2546 euros para Primaria, 2882 para Secundaria y 2701 para FP.
Evidentemente, ratios y salarios conectan con la financiación de la Educación. El Estado español gastó 71348,8 millones en Educación en 2024, un 4,48% del PIB, porcentaje que en 2020 era de un 4,89%. Dentro de esta cifra, los conciertos y subvenciones a centros de titularidad privada suponen un 11,7% del total, un 6% más que en 2023. Este no es un hecho aislado. Entre 2014 y 2024, se ha pasado de 5768,5 millones a 8342,3 millones, siendo Andalucía la tercera región que más dedica a educación privada y concertada (1184,4 millones) por detrás de Cataluña (1462,2) y Madrid (1338,4). Asistimos así a un importante crecimiento de la educación privada, negocio que se ha puesto en el foco por parte de fondos de inversión y que hacia 2030 podría tener un valor global de unos 10 billones de dólares. Entre el 2020 y 2025, España ha sido uno de los países con más actividad en este sentido (siendo escenario de hasta 30 transacciones de un total de 386), que afectan no solo a universidades sino a colegios y escuelas de FP, suponiendo unos 20.000 millones de euros, al son de unos precios en ascenso (precisamente los precios de la FP se han duplicado entre 2016 y 2023). Este crecimiento también se ve en el número de alumnado que se queda sin plazas públicas (unos 100.000) y en cómo han evolucionado la oferta de las mismas: por ejemplo, en Andalucía un 35% estudia FP en centro privados (porcentaje similar al del conjunto del Estado), autorizándose para el curso pasado un total de 9450 plazas privadas frente a 2588 públicas. Entre 2010 y 2023 las plazas privadas han crecido en un 991%.
Los datos no dejan lugar a dudas: mientras se sufren problemas de ratios, salarios, burocracia o infraestructuras deficientes en la Educación pública, la Educación privada avanza. Las movilizaciones que están sacudiendo parte del Estado español, sean las que ya se iniciaron el curso pasado, sean las convocadas para este suponen una gran noticia, porque no solamente están poniendo sobre la mesa los problemas existentes, sino están naturalizando la autoorganización, la celebración de asambleas, la huelga y las movilizaciones como las mejores herramientas para luchar contra estos y otros problemas. Es necesario caminar hacia una coordinación de las mismas, para golpear todas y todos juntos, convirtiendo este otoño en un otoño verde que ponga la Educación pública en el centro.
