“En caso de despresurización de la cabina, colóquese su propia mascarilla de oxígeno antes de ayudar a otras personas”. Pero, ¿qué pasaría si no tuvieses mascarilla, ni cinturón pero aún así tu trabajo fuera socorrer a la persona que está bajo tu cuidado? Esta es la situación en la que se encuentran las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) o, como las denomina la periodista Sara Plaza, las “riders de los cuidados”. Mujeres históricamente invisibilizadas, en un sector altamente feminizado (97% son mujeres) y con una importante presencia de trabajadoras migrantes (el 45% de ellas son mujeres extranjeras), que prometen ahora dar el salto hacia una huelga general en todo el sector, hartas de no ver reflejada la enorme responsabilidad que asumen en su trabajo en unas condiciones laborales dignas. Como ellas mismas denuncian: “cuidamos a los demás, pero nadie cuida de nosotras”.
El pasado 31 de mayo fuimos espectadoras de una jornada de lucha marcada por movilizaciones convocadas principalmente por los sindicatos CGT y Sindicato Andaluz de Profesionales de Atención Domiciliaria (SAPAD) que se sucedieron en prácticamente toda Andalucía y en otros territorios del Estado (País Valencià, Catalunya, Euskadi, Cantabria, Galicia, Canarias y Castilla y León). Las trabajadoras volvieron a poner en el centro del debate público la crisis del sistema de dependencia y la situación de quienes lo sostienen diariamente. En Granada, donde acudimos como IZAR para mostrar nuestro apoyo, pudieron escucharse consignas como “este sistema no funciona sin nosotras” o “de aquí a la huelga general”, atrevidos lemas cargados de conciencia de clase y de saber cuál es su posición en la estructura asistencial del territorio.
Solo en Andalucía son más de 40.000 trabajadoras las que prestan este servicio; más de 150.000 en todo el Estado. Lo hacen en unas condiciones marcadas por contratos parciales (el 70% de las trabajadoras tienen esta modalidad), salarios/hora insuficientes que no alcanzan el SMI a final de mes, jornadas extenuantes, desplazamientos no remunerados y una enorme carga física y emocional. Las trabajadoras denuncian además que realizan tareas que exceden de las funciones para las que han sido contratadas, especialmente labores de limpieza “a todos los niveles” ,de ahí consignas como “no somos limpiadoras, somos cuidadoras”. A ello se le suma la falta de reconocimiento de numerosas enfermedades derivadas de su trabajo y no reconocidas como contingencias profesionales, así como las dificultades para que accidentes de trabajo sean reconocidos como tales por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, dejándolas en una situación de desprotección y vulnerabilidad.
Estos problemas son la consecuencia directa de un modelo de colaboración público-privada y de externalización construido durante décadas bajo gobiernos autonómicos (y estatales) de uno y otro color. Años y años de desmantelamiento de los servicios públicos dejando que las trabajadoras se encuentren ahora atrapadas entre las empresas adjudicatarias, ayuntamientos y administraciones autonómicas, mientras cada uno de estos actores se pasa la pelota sobre el otro cuando se trata de garantizar derechos laborales o mejorar sus condiciones de trabajo -al final, condiciones de vida-.
En municipios donde se ha avanzado hacia la gestión directa del servicio por parte de los ayuntamientos comienzan a aparecer nuevos obstáculos relacionados con la financiación insuficiente y la falta de recursos para responder a sus reivindicaciones. Casos como los de Chiclana, Morón o El Puerto de Santa María muestran que la “remunicipalización”, siendo una reivindicación legítima frente a la lógica actual de las subcontratas, no basta por sí sola para resolver todos los problemas del sector. Uno de los ejemplos más denunciados por las trabajadoras son las denominadas “bolsas de horas”, “arrastre de horas negativas” o “débito horario”, mecanismos mediante los cuales recae en las trabajadoras el coste de las horas perdidas por problemas organizativos o cancelaciones ajenos ellas, acumulando horas pendientes de recuperación y aumentando todavía más su situación de incertidumbre laboral.
Es por ello que las reivindicaciones del movimiento van mucho más allá de la mera remunicipalización. Las trabajadoras exigen una mayor financiación del SAD, el reconocimiento de las enfermedades profesionales asociadas a su actividad, la eliminación de mecanismos abusivos como las bolsas de horas, mejores condiciones de prevención de riesgos laborales y el reconocimiento de la penosidad de su trabajo para poder acceder a la jubilación anticipada sin penalizaciones.
Y es precisamente en este punto donde aparecen las similitudes con otras luchas recientes protagonizadas por sectores altamente feminizados. Las camareras de piso de Granada de la CSTA, presentes también en la manifestación del día 31, llevan años denunciando problemas muy similares: lesiones crónicas, falta de reconocimiento de enfermedasdes profesionales o falta de adaptación de los puestos de trabajo para garnatizar su seguridad y salud son algunas de ellas. Pero sin duda, la más reveladora es que ambas se trata de ocupaciones históricamente asociadas a tareas que tradicionalmente han recaído sobre las mujeres y que, precisamente por ello, han sido sistemáticamente infravaloradas, peor remuneradas y consideradas menor cualificadas de lo que realmente son.
La cuestión ya no es únicamente qué ocurre en el SAD, sino, hasta qué punto luchas que comparten problemas y responsables comunes serán capaces de encontrarse. Y esa pregunta cobra especial importancia ante la perspectiva de una futura huelga general del sector.
Cabe preguntarse ahora qué papel van a tomar el resto de organizaciones y sindicatos, más y menos combativos, en los próximos meses cuando se plantee una jornada de huelga general estatal en la que ya no se trate solo de un señalamiento de la administración pública autonómica sino también de la responsabilidad del Gobierno central en todo esto. –No está de más recordar que todas estas privatizaciones son posibles gracias a marcos legislativos aplicados por PSOE y PP, que abrieron las puertas a la colaboración público-privada y que continúan vigentes.–
Es aquí cuando se pone sobre la mesa, más que nunca, la necesidad de tejer lazos entre todas las luchas sectoriales y dispersas por el territorio del Estado Español para construir una respuesta común frente a una patronal que sí actúa de forma coordinada cuando se trata de precarizar las condiciones de trabajo de toda una clase.
