Traducción de un artículo del NPA-R (Francia)
Durante ya 5 semanas, Bolivia se ha visto sumida en una grave crisis social que el gobierno de Rodrigo Paz, conservador reaccionario, es incapaz de contener. Ni la repression (más de 30 muertos hasta el momento, incluyendo las 4 víctimas del 18 de mayo en La Paz durante manifestaciones sindicales, decenas de heridos) ni las negociaciones, que las bases han rechazado abiertamente, han logrado controlarla. Desde el 24 de mayo, la burguesía criolla ha evidenciado sus divisiones, con el bloque de grandes propietarios de materias primas (litio, que representa el 40% de las reservas mundiales, estaño, gas) y productos agrícolas (caña de azúcar, soya) de Santa Cruz enfrentado al gobierno.
Su brazo político, el Comité Cívico Pro-Santa Cruz, que alega un «vacío político», exige la declaración del estado de emergencia y moviliza a sus milicias privadas. La última semana de mayo, la Asamblea Nacional, controlada por la derecha radical, filtró la idea de una reforma constitucional específicamente a favor del estado de emergencia. La población, enfurecida, impidió que los parlamentarios se reunieran: la sesión parlamentaria se celebró por videoconferencia. Mientras tanto, el secretario de la Central Obrera Boliviana (COB) fue objeto de una orden de arresto.
La consolidación de una derecha radical
Este malestar social es una respuesta a una serie de reformas y retrocesos sociales impuestos por un presidente conservador que, desde noviembre de 2025, ha buscado recuperar la iniciativa en el mercado global mediante una feroz guerra de clases. La misma consultora privada asesora a Honduras, a la Argentina de Milei y a Bolivia. El Decreto 5503 abre la inversión privada para desmantelar todos los sectores públicos, los subsidios (como el precio de la gasolina, que se ha disparado) y el mercado de tierras, que estaba parcialmente regulado. Los fondos del FMI se canalizan hacia estos supuestos “emprendedores valientes”.
La huelga de mineros, docents y otros sectores fue contundente y duró semanas. Pero fue el Decreto 1720 el que resultó ser el detonante. Mediante el microcrédito (Rodrigo Paz es hijo de un presidente de la República, pero también economista), se supone que permite a los campesinos adquirir títulos de propiedad. Las organizaciones campesinas desenmascararon el engaño: convertirse en terratenientes, endeudarse, vender a grandes terratenientes, eliminando así su única fuente de ingresos y en consecuencia, la producción alimentaria del país.
El presidente Rodrigo Paz, cuyo gobierno identifica la revuelta social con “narcoterrorismo”, promulgó la segunda semana de junio la polémica Ley 1740, de regulación de estados de excepción, que autoriza a las Fuerzas Armadas y a la policía boliviana a ejecutar operativos conjuntos y faculta la intervención militar directa contra los más de 90 bloqueos de carreteras estatales en un contexto de alta tensión. De aplicarse esa medida extrema, se reduciría al mínimo las garantías y los derechos constitucionales.
Los trabajadores toman la iniciativa, pero aún no las riendas del movimiento
Este movimiento es poderoso y agrupa a diversas clases con diferentes métodos de lucha: huelgas, ocupaciones, bloqueos. En su último congreso, la COB destituyó a la antigua dirección, demasiado vinculada a la izquierda tradicional, sin estar dispuesta, sin embargo, a dejar que las bases decidieran. Por el momento, los comités vecinales, las asambleas generales de trabajadores/as y estudiantes, y las asociaciones campesinas militantes se han unido a una asamblea general clandestina, bajo la protección y quizás el control de la COB. Se trata de una forma de contrapoder que tendrá que organizarse frente a una burguesía dispuesta a recurrir a cualquier medio necesario.
Las y los trabajadores bolivianos no se están dejando intimidar. “Este gobierno nos quiere hacer pagar la crisis a los pobres. Rebajaron salarios de ministros para la foto, pero atacan nuestros derechos laborales y entregan el país a intereses extranjeros”, denunció un dirigente de la COB en una asamblea masiva. Exigen la abrogación inmediata de las medidas antiobreras, un aumento salarial digno del 20%, garantía de abastecimiento de combustibles y, sobre todo, la renuncia de Rodrigo Paz para abrir un proceso de reconstrucción soberana. El pueblo boliviano, heredero de una larga tradición de luchas, demuestra una vez más su capacidad de organización y resistencia. No se trata solo de demandas sectoriales, sino que es un rechazo profundo a un giro que abandona las débiles conquistas de los gobiernos de Evo Morales.
