Traducción de un artículo del NPA-R (Francia)
Durante ya 5 semanas, Bolivia se ha visto sumida en una grave crisis social que el gobierno de Rodrigo Paz, conservador reaccionario, es incapaz de contener. Ni la represión (más de 30 muertos hasta el momento, incluyendo las 4 víctimas del 18 de mayo en La Paz durante manifestaciones sindicales, decenas de heridos) ni las negociaciones, que las bases han rechazado abiertamente, han logrado controlarla. Desde el 24 de mayo, la burguesía criolla ha evidenciado sus divisiones, con el bloque de grandes propietarios de materias primas (litio, que representa el 40% de las reservas mundiales, estaño, gas) y productos agrícolas (caña de azúcar, soya) de Santa Cruz enfrentado al gobierno.
Su brazo político, el Comité Cívico Pro-Santa Cruz, que alega un «vacío político», exige la declaración del estado de emergencia y moviliza a sus milicias privadas. La última semana de mayo, la Asamblea Nacional, controlada por la derecha radical, filtró la idea de una reforma constitucional específicamente a favor del estado de emergencia. La población, enfurecida, impidió que los parlamentarios se reunieran: la sesión parlamentaria se celebró por videoconferencia. Mientras tanto, el secretario de la Central Obrera Boliviana (COB) fue objeto de una orden de arresto.
La consolidación de una derecha radical
Este malestar social es una respuesta a una serie de reformas y retrocesos sociales impuestos por un presidente conservador que, desde noviembre de 2025, ha buscado recuperar la iniciativa en el mercado global mediante una feroz guerra de clases. La misma consultora privada asesora a Honduras, a la Argentina de Milei y a Bolivia. El Decreto 5503 abre la inversión privada para desmantelar todos los sectores públicos, los subsidios (como el precio de la gasolina, que se ha disparado) y el mercado de tierras, que estaba parcialmente regulado. Los fondos del FMI se canalizan hacia estos supuestos “emprendedores valientes”.
La huelga de mineros, docentes y otros sectores fue contundente y duró semanas. Pero fue el Decreto 1720 el que resultó ser el detonante. Mediante el microcrédito (Rodrigo Paz es hijo de un presidente de la República, pero también economista), se supone que permite a los campesinos adquirir títulos de propiedad. Las organizaciones campesinas desenmascararon el engaño: convertirse en terratenientes, endeudarse, vender a grandes terratenientes, eliminando así su única fuente de ingresos y en consecuencia, la producción alimentaria del país.
El presidente Rodrigo Paz, cuyo gobierno identifica la revuelta social con “narcoterrorismo”, promulgó la segunda semana de junio la polémica Ley 1740, de regulación de estados de excepción, que autoriza a las Fuerzas Armadas y a la policía boliviana a ejecutar operativos conjuntos y faculta la intervención militar directa contra los más de 90 bloqueos de carreteras estatales en un contexto de alta tensión. De aplicarse esa medida extrema, se reduciría al mínimo las garantías y los derechos constitucionales.
Los trabajadores toman la iniciativa, pero aún no las riendas del movimiento
Este movimiento es poderoso y agrupa a diversas clases con diferentes métodos de lucha: huelgas, ocupaciones, bloqueos. En su último congreso, la COB destituyó a la antigua dirección, demasiado vinculada a la izquierda tradicional, pero sin estar dispuesta a dejar que las bases decidieran. Los comités vecinales, las asambleas generales de trabajadores/as y estudiantes, y las asociaciones campesinas militantes se han unido a una asamblea general clandestina, bajo la protección y quizás el control de la COB. Se trata de una forma de contrapoder que tendrá que organizarse frente a una burguesía dispuesta a recurrir a cualquier medio necesario.
Las y los trabajadores bolivianos no se están dejando intimidar. “Este gobierno nos quiere hacer pagar la crisis a los pobres. Rebajaron salarios de ministros para la foto, pero atacan nuestros derechos laborales y entregan el país a intereses extranjeros”, denunció un dirigente de la COB en una asamblea masiva. Exigen la abrogación inmediata de las medidas antiobreras, un aumento salarial digno del 20%, garantía de abastecimiento de combustibles y, sobre todo, la renuncia de Rodrigo Paz para abrir un proceso de reconstrucción soberana. El pueblo boliviano, heredero de una larga tradición de luchas, demuestra una vez más su capacidad de organización y resistencia. No se trata solo de demandas sectoriales, sino que es un rechazo profundo a un giro que abandona las débiles conquistas de los gobiernos de Evo Morales.
Cómo se organiza la lucha popular obrera y campesina
Los bloqueos de las principales carreteras del país, que oscilan entre 70 y 120 diarios, constituyen la forma histórica de acción del campesinado. Estos bloqueos se organizan dentro de la Confederación de Sindicatos Obreros Campesinos y el Tupak Katari, que agrupa a comunidades campesinas indígenas. Si bien el campesinado representa la fuerza motriz del movimiento, también participan la Federación de Consejos Vecinales de La Paz y El Alto, integrada por trabajadores de pequeñas fábricas, el sindicato de mineros del sector público y privado, y el sindicato de maestros de la provincia de La Paz.
En La Paz, El Alto y otros centros industriales y mineros, los bloqueos se organizan en torno a comités que integran a estos sectores y que coordinan la rotación de los activistas, sus suministros y de decidir si se permite el paso de los camiones de carga. En las minas, donde cerca del 20% de los trabajadores/as están en huelga, las cuadrillas se turnan entre la producción y los bloqueos de carreteras para evitar una paralización total y el riesgo de despidos. En las zonas rurales, mientras algunos campesinos se suman a las movilizaciones en La Paz y ocupan los bloqueos, otros se quedan para proteger sus tierras. La coordinación de estos sectores se lleva a cabo bajo los auspicios de la Central Obrera Boliviana (COB).
Si bien el gobierno neoliberal de Rodrigo Paz ha buscado desesperadamente negociaciones durante las últimas 2 semanas, ante la negativa de la COB por las órdenes de arresto contra algunos de sus dirigentes, éste retiró los cargos. Una asamblea general del 2 de junio que reunió a delegados de todos los sectores involucrados en la lucha, debía decidir: ¿aceptar o rechazar las negociaciones? A pesar de que la mayoría de la dirección del sindicato parecía dispuesta a dialogar, se rechazó cualquier forma de negociación y reiteró su principal exigencia: la renuncia del presidente.
A mayor represión, se intensifica la necesidad de movilización
Tras varios intentos fallidos de despejar las carreteras, el Estado boliviano lleva a cabo detenciones extrajudiciales de dirigentes, trasladándolos a lugares clandestinos, y la policía y las fuerzas armadas han realizado operativos de despeje de carreteras en la provincia de Santa Cruz, acompañadas por militantes de extrema derecha de la Unión Cívica, armados con explosivos distribuidos por el ejército. A esta situación se suma la inminente amenaza de un estado de sitio, una nueva ley recién aprobada que solo espera ser implementada por el poder ejecutivo.
El movimiento se encuentra en una encrucijada: la burguesía ha optado por respaldar a Paz, la izquierda de Evo Morales está desacreditada tras 20 años en el poder y la ultraderecha se encuentra debilitada por la corrupción. El salto es significativo: pasar de una situación de estancamiento a una de doble poder en manos de la clase trabajadora y el campesinado. Pero la lucha ya demuestra que hay otro camino en un continente dominado por el imperialismo estadounidense, el agotamiento del «progresismo» y el auge de las fuerzas reaccionarias: la autoorganización de las y los explotados y su capacidad para desafiar directamente el poder de la burguesía.
