Según el último Informe sobre la Riqueza Mundial de 2026 de Capgemini, la riqueza que acumulan conjuntamente los ricos del Estado español aumentó un 6,7 %. Amasan unos 672.000 millones de euros más. Mientras el mundo va hacia una crisis crítica, con los precios del petróleo y el gas disparados, donde el propio capital invertido tiende a ser cada vez menos rentable y la influencia de las potencias europeas −o incluso de EEUU− es cada vez más débil, esto solo se explica de una manera: los ricos nos roban cada vez más riqueza, empujando a millones de personas a la pobreza y acentuando aun más la desigualdad social. Pero esta ofensiva económica no viene sola, sino acompañada de una generalización de la violencia en todo occidente para contener el descontento, mantener el orden y seguir asegurando beneficios a los capitalistas.
Con servicios públicos desmantelados, una cesta de la compra que ha subido casi el doble que los salarios desde 2008 y un alquiler que se ha encarecido un 40 % durante la última década en el Estado español, estos ataques a nuestros bolsillos son la norma y vienen asociados a una normalización de la violencia en todo occidente, con retrocesos en derechos sociales, masacres en fronteras o hasta ejecuciones públicas. De este mismo modo se generalizan aquí los miles de desahucios, las muertes en las rutas canaria y del Mediterráneo o los recientes casos de persecución y represión.
Este mes de mayo ha sido una verdadera puesta en escena de cómo la crisis sirve para el despliegue autoritario del Estado. Ahora, siete años después, tres ecologistas se enfrentan a prisión por participar en una acción directa de 2020 Rebelión por el Clima y Extinction Rebellion; meses después de las protestas contra el discurso ultraderechista de Vito Quiles, la Policía Nacional ha detenido en Iruñea a 28 jóvenes antifascistas que protestaron en la Universidad de Navarra, encausando a un total de 36 personas. De la misma manera, 5 antifascistas están hoy acusados por las protestas contra el acto de precampaña electoral de Abascal en Granada; en cuanto a la lucha antisionista y en solidaridad con el pueblo palestino, ocho activistas que participaron hace meses en las protestas durante La Vuelta ciclista están siendo investigadas y la Fiscalía podría imponerles hasta seis años de prisión. En el mismo sentido van las brutales cargas de la Ertzaintza contra la delegación vasca de la Global Sumud Flotilla, cuyos activistas volvían de recibir torturas por las Fuerzas de Ocupación Israelíes y, a la llegada al aeropuerto de Loiu (Bizkaia), las han recibido por la misma policía que adjudicó 22 millones en contratos precisamente a empresas israelíes con vinculación de exagentes del Mossad, saldándose con cuatro personas detenidas. En paralelo, se ha destapado que una policía ha estado más de un año infiltrada en BDS, Anticapitalistas y el Movimiento Antirrepresivo de Madrid a raíz de las protestas contra el genocidio; otra infiltración sufrió el profesorado en huelga de Catalunya, que expulsaron a dos agentes de paisano de una asamblea y que se enmarca en el plan piloto que impulsa la Generalitat para desplegar Mossos en institutos públicos. Asimismo en València, también referido a las últimas luchas educativas, durante la huelga indefinida que está desarrollando el profesorado sucedió el brutal empujón por la espalda de un policía a una profesora jubilada de 68 años que acabó con el tabique roto y puntos en la barbilla; también este mes, doce activistas han sido sancionadas bajo la Ley Mordaza con 8.400 euros por protestar contra la Feria de Armas de Madrid hace un año; y a principios de mayo, la Policía Nacional obligaba dos soldadores vetados en el sector del metal de Cádiz a bajar de la grúa desde la que protestaban contra las listas negras. Se podría seguir enumerando escándalos represivos de este mes que, lejos de ser una lista inconexa de casos, forman parte de la función misma del Estado y de sus gestores políticos, tanto conservadores como progresistas. La contradicción de estos últimos la exponía la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallekas cuando interpeló hace unas semanas al ministro Bustinduy (Sumar) en una charla por la vivienda, sobre los más de 50.000 euros en multas que acumulan por su Gobierno: por un lado se llenan la boca hablando de avances y derechos sociales, pero por otro lado ejecutan las políticas represivas y disciplinarias propias del Estado. El mensaje es claro: quienes se organicen en su centro de trabajo o de estudio, quienes luchen contra el genocidio o los desahucios de manera independiente a los estrechos límites institucionales, serán un objetivo a vigilar y desarticular.
La agonía económica que atraviesa el sistema va acompañada de una deriva autoritaria estatal en todo el mundo. La máscara de neutralidad del Estado se desmorona y se demuestra como esa máquina que debe garantizar a toda costa su razón de ser: ejecutar políticas en favor de los intereses de los capitalistas. Y sus representantes políticos, aunque recurran a palabrería democrática para justificarlo, en realidad no optan más que a reforzar ese salto represivo y, a la vez, abonan el terreno reaccionario con políticas antisociales. La extrema derecha, con todos sus altavoces, es la expresión más descarada de esta ofensiva represiva allá donde ya gobierna y, al mismo tiempo, el agente catalizador que legitima y profundiza la deriva autoritaria donde actúa. El Estado se revela una vez más como ese instrumento con el que mantener la dominación de una clase sobre otra, y esta primavera de crisis, de luchas y de represión, bien lo refleja. Hay que rehuir de esos espejismos acerca de que el Estado significa justicia e igualdad. Mientras exista explotación, propiedad privada y clases, no podrá haber ni justicia ni igualdad.
Le mandamos toda nuestra solidaridad a las personas y organizaciones represaliadas. Una solidaridad que no debe quedar en algo abstracto, sino que ha de concretarse en unidad de acción contra la represión generalizada y la normalización del autoritarismo que sufre la clase trabajadora. Ha de concretarse en organizar conjuntamente la autodefensa para defender nuestro proyecto de sociedad. Solo de esta manera podremos avanzar hacia articular el único elemento capaz de aplastar el poder del capital que engendra este autoritarismo: la organización independiente e internacional de nuestra clase, la que debe tomar el Estado para liquidar toda explotación.
