El pasado 23 de mayo, la Ertzaintza cargó contra activistas de la Flotilla a su llegada al aeropuerto, dejando 4 detenidas por desobediencia y resistencia grave. Además, los miembros de la misión que iba por tierra, los activistas de la Global Sumud Land, sufrieron un ataque a su campamento, y aún 11 personas siguen secuestradas. Todas estas personas, que una vez más, han puesto el cuerpo para hacer aquello que los gobiernos no están haciendo, llevar ayuda humanitaria a Gaza, que a pesar de su alto al fuego hace meses aún no recibe de forma suficiente ni constante.
Activistas que en el caso de la Flotilla regresaban de haber sido torturadas e incluso, como han denunciado algunas de ellas, víctimas de agresiones sexuales y violaciones en las cárceles israelíes. Conviene recordar al respecto, que según Addameer, hay aún más de 9.600 prisioneros palestinos en las cárceles israelíes, de los cuales aproximadamente 350 son menores de edad y más de 3.500 se encuentran bajo el régimen de detención administrativa, es decir sin cargos ni juicio. Y que, en estos centros, los presos palestinos sufren vejaciones diarias ampliamente documentadas, como por ejemplo que se entrena a perros para violarlos.
Relaciones entre las instituciones vascas y españolas y el ente genocida
Ya se ha denunciado en numerosas ocasiones por parte de los miembros de la Global Sumud Flotilla, y otras organizaciones, cuáles son los vínculos que tanto el Gobierno Vasco, la Ertzaintza y el Aeropuerto de Bilbao tienen con el ente sionista. Pero no está de más recordarlo para entender las motivaciones detrás de la carga. Más de 13.322.058 euros gastados por la Ertzaintza en arsenal tecnológico comprado directamente al Estado de Israel. 335.533 euros pagados por la administración vasca en software de ciberseguridad israelí desde que se intensificase el genocidio. Y otros muchos contratos, entre los que destaca el de la empresa israelí ICTS, responsable de la seguridad externalizada del aeropuerto y fundada por el extesorero del partido de Netanyahu, que lleva facturando 24 millones desde 2019 a costa de vigilar 19 instalaciones públicas vascas.
Pero esto no es un rasgo característico de las instituciones vascas, sino que recorre el conjunto del Estado y pone sobre la mesa datos como que el Ministerio de Defensa del Estado Español adquirió casi 34 toneladas de armamento y munición a Israel a lo largo de 2025, por un valor de más de 16 millones de euros según datos oficiales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Por no hablar del material diseñado en Israel que sigue llegando legalmente a España a través de terceros países socios (por medio de empresas como EuroSpike, EuroPULS). O la formación que los cuerpos represivos del Estado español reciben por parte del ente criminal, testadas salvajemente contra los palestinos y vendidas como capital militar para su puesta en práctica aquí, en nuestra represión.
Embargo de armas ya y fin a todas las relaciones con el Estado de Israel
Meses después de las grandes movilizaciones que empezaron con la Vuelta y siguieron con la huelga general de octubre, las militantes debemos volver a denunciar la estrategia de desmovilización de la que nuestro gobierno se sirvió, igual que muchos otros a nivel mundial. El mal llamado acuerdo de paz entonces alcanzado, se ha demostrado absolutamente nefasto para los palestinos; no solo muchos siguen en la misma situación que entonces, sino que la asfixia y el acorralamiento es cada vez mayor, pudiéndose constatar que cada noche los soldados mueven los ladrillos de la conocida línea amarilla que “divide” el territorio ocupado israelí de Gaza, haciendo que Israel haya ya ocupado el 64% de Gaza, arrinconando de esta manera a más de dos millones de personas en el 36% restante, y pendientes de tomar el 70%, ya anunciado.
Una estrategia de asfixia que no se detiene y que eleva la cifra de palestinos asesinados desde octubre de 2023 a más de 73.000 víctimas mortales documentadas por la OCHA, de las cuales al menos el 28% son niños y niñas masacrados bajo el silencio internacional. Por no hablar de las violencias diarias de los colonos apropiándose de las casas de los palestinos en Cisjordania.
La lucha es el único camino para parar el genocidio
Lo decíamos entonces y lo decimos ahora: las instituciones internacionales no van a parar el genocidio, nunca fue su intención; al contrario, siempre fueron cómplices. De hecho, el gobierno español, que tanto se ha abanderado como estado hermano de Palestina con ese último vídeo en el que el presidente saluda fraternalmente a Arab Barghouti, hijo del líder palestino Marwan Barghouti; coincide con toda la represión que el gobierno central está llevando a cabo contra aquellos que nos movilizamos al final del año pasado. Haciendo lo que entonces, un movimiento masivo, no le habría permitido hacer: imponer multas astronómicas a aquellos que llevaron a cabo el boicot necesario a la participación del equipo israelí en la Vuelta Ciclista u otras muchas protestas en solidaridad con el pueblo palestino. De hecho, Amnistía Internacional ha documentado al menos 95 casos de violaciones al derecho a la protesta en el contexto de manifestaciones propalestinas celebradas desde octubre de 2023, denunciando cómo se utilizan la Ley Mordaza y la Ley del Deporte para perseguir el activismo mediante multas que oscilan habitualmente entre los 3.000 y los 5.000 euros, e incluso propuestas de sanción desorbitadas que alcanzan los 60.000 euros para asfixiar económicamente a quienes alzan la voz.
Sus intereses son electorales y las medidas que han tomado han sido puramente estéticas con ese fin. En el Estado español no se ha dejado ni un día de comprar y vender armas, munición y material bélico al estado sionista. No hay, después de 3 años de intensificación del genocidio, aún un embargo de armas real, ni ruptura de relaciones económicas ni diplomáticas, ni se han impuesto las sanciones pertinentes. Así volverá a llegar el verano y las compañeras que trabajan en la hostelería, volverán a ver con asco cómo tienen que atender a ciudadanos israelíes miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en su descanso de asesinar palestinos.
Frente a su hipocresía institucional y sus mordazas de miles de euros, nosotras no vamos a retroceder ni un milímetro. Si los gobiernos eligen la complicidad y el lavado de cara electoral, mientras financian la maquinaria de guerra criminal del sionismo, nos encontrarán en las calles. Parar el genocidio es una obligación, no un delito, y para ello, la lucha es el único camino.
