Desde este pasado 6 de abril está teniendo lugar el juicio por el caso Kitchen, en el que un grupo de comisarios, la llamada “policía patriótica”, a las órdenes del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy organizó y ejecutó entre 2013 y 2015 una operación pagada con fondos públicos reservados para destruir pruebas de la “caja b” del PP. Los dos principales acusados son exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; su número dos, Francisco Martínez; el exDAO, Eugenio Pino y los comisarios José Villarejo, José Olivera y Andrés Gómez Gordo.
Sin embargo, faltan dos figuras centrales en el banquillo de los acusados: el propio Mariano Rajoy y M.ª Dolores de Cospedal, secretaria general del PP en esa época, con los que había hablado el comisario Villarejo (confirmado por él mismo) por mensajería móvil, con más de 100 conversaciones con Cospedal y su marido. Conversaciones que se unen a la afirmación del comisario de que la operación fue acordada en la sede del PP, cuando el propio Villarejo quiso saber, en una reunión con Cospedal, si el Partido Popular y las máximas autoridades del gobierno apoyaban la operación de espionaje, secuestro y destrucción de pruebas sobre el caso Bárcenas y la “caja b” del PP. Como respuesta, comentó que “en un momento determinado bajó el señor Rajoy y dijo: ¡venga, a trabajar!”.
El encargado de evitar que fueran imputados no fue otro que el juez García Castellón, que en julio de 2021 archivó las pesquisas contra M.Rajoy y Cospedal. Para él, las reuniones entre Cospedal y el comisario Villarejo tenían carácter “social” y que las alusiones a entregas de dinero por parte de Cospedal que escribió el comisario en su diario no constituían un indicio suficiente para seguir investigando. Recordemos que la Audiencia Nacional sentenció que no se podía saber quién era el M. Rajoy de los papeles de Bárcenas para imputarlo o la reciente actuación de la jueza Teresa Palacios durante la testificación del expresidente (identificado como M. Rajoy en la placa de su mesa).
No es la primera vez que, casualmente, la justicia protege estas prácticas de altos cargos de un gobierno. Contra el terrorismo de Estado de los GAL durante los gobiernos de Felipe González, que fueron los ejecutores de al menos 28 asesinatos, solo hubo 11 condenados, cuyas penas no se cumplieron. En este caso se libraron el entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, y su secretario de Estado, Rafael Vera, condenados a 10 años de prisión por secuestro y malversación e indultados por José María Aznar.
Hablar de los GAL es hablar también de los llamados fondos reservados. Para salvar los muebles por la utilización de estos fondos para ejecutar actos de terrorismo de Estado, el 11 de mayo se aprobó la Ley 11/1995 para regular la utilización y control de estos gastos. Sin embargo, esta ley recoge y especifica la prohibición de publicitar estos gastos, calificados como secretos y que su justificación y control estarán dotados de un sistema especial. José Antonio Rodríguez, director en 2021 del Gabinete de Estudios y Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad y numero 3 de Marlaska dijo que no estaba previsto que ocurriera en el futuro un cambio de la normativa sobre los fondos reservados.
Tenemos, por lo tanto, una ley perfecta para que los mandos policiales puedan manejar los fondos reservados sin ningún tipo de control ni justificación. ¿Qué puede salir mal si dejamos esto en manos del mismo cuerpo represivo que se infiltra en los movimientos sociales y que permite que los fascistas de Desokupa formen a los policías en “defensa personal”?
Por el caso Kitchen hemos sabido que en 2013 se desviaron de estos fondos reservados, fondos utilizados previamente en la Operación Catalunya y contra Podemos, una cantidad de dinero por valor de casi 58 millones de euros para destruir la documentación de Bárcenas. Sin duda, a las empresas señaladas en en esos papeles tampoco les habrá sentado mal la actuación policial.
Porque sin duda, estas cloacas del Estado existen porque son útiles para proteger las corruptelas y favores de los grandes empresarios y banqueros, los partidos del régimen, las fuerzas del orden, el poder judicial o la Monarquía. Pero también son útiles porque permiten perseguir, debilitar y reprimir los movimientos sociales, el derecho a la autodeterminación y a aquellos/as que luchan o ponen en tela de juicio este Régimen del 78. Porque el Estado no es un ente neutral. Karl Marx lo definió como “un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otra, es la creación del “orden” que legaliza y afianza esta opresión, amortiguando los choques entre las clases”. El Estado defiende pues unos intereses particulares, los de una minoría que detiene las riquezas y para asegurar la dominación de esa clase capitalista. Y para ello, ésta utiliza lo que sea preciso para preservar sus intereses materiales. Los jueces y la policía están ahí para eso. Defender los intereses de la clase trabajadora supone irremediablemente enfrentarse a los intereses de los capitalistas y por tanto al Estado que los protege. No es posible reformar en ese sentido las instituciones y el Estado. Lo hemos visto con Sumar, igual que antes con Podemos y con IU. La única vía para cambiar nuestras vidas es la de la movilización y la organización sostenida de los y las que sufrimos las consecuencias de este sistema injusto. Para acabar con los casos de corrupción hay que ir a la raíz del problema y extirparla, que no es otra que la lógica de la búsqueda del máximo beneficio para una minoría que sólo genera pobreza, guerras, opresiones, injusticias y la destrucción del planeta.
