Las llamadas leyes de concordia que han sido aprobadas en Castilla y León y en el País Valencià por los gobiernos de coalición entre PP y VOX, es otro episodio más en el ataque sistemático a la memoria de nuestra clase y contra cualquier intento de acabar con la impunidad del franquismo.
Estas nuevas leyes son sin lugar a dudas un retroceso mucho más profundo en las ya tímidas e insuficientes “leyes de memoria” que se ha venido aprobando desde 2007. En su exposición de motivos, se habla de que el periodo de violencia política empezó en 1931, igualando a la II República con la dictadura, se dice que la Guerra Civil empezó por “conflictos de años anteriores”, obviando cualquier referencia al golpe de Estado del 18 de julio de 1936, se afirmar abiertamente que “nunca ha habido un relato consensuado ni entre los historiadores, que aún sostienen encarnizados debates teóricos y metodológicos(…), ni entre la ciudadanía, con su particular acervo de recuerdos”, cuando está ampliamente documentado por historiadores y organismos internacionales que la dictadura fue un periodo donde se cometieron delitos de lesa humanidad, desde asesinatos, tortura, expolio, hasta el robo de recién nacidos, en definitiva, un exterminio absoluto de todo aquel que no comulgaba con el régimen.
El nuevo texto tampoco nombra el reconocimiento ni el derecho a conocer la verdad de las víctimas del franquismo o la Guerra Civil, así como tampoco aparece ninguna referencia a los procedimientos de exhumación o la problemática de los bebés robados. Además, suprime la prohibición de actos y homenajes en los que se glorifica a personas y elementos fascistas o franquistas que instauraba la ley anterior. La nueva ley también haría desaparecer la enseñanza de la memoria democrática en las escuelas, así como tampoco hace referencia a la retirada de vestigios franquistas.
Respuesta insuficiente del Gobierno
La respuesta del gobierno ha sido amenazando con llevar a los tribunales y la ONU las leyes de concordia y hablar abiertamente del intento del PP y VOX de “blanquear la dictadura”. Sin embargo, en la práctica, la política del PSOE, y en esta última etapa, también la de su socio gobierno: SUMAR, siempre ha sido muy tímida e insuficiente.
La reciente ley de Memoria Democrática aprobada en Julio de 2022, que venia a mejorar la anterior ley con grandes promesas como abrir la posibilidad de juzgar los crímenes del franquismo, prohibir los homenajes y símbolos franquistas, declarar nulos los juicios y sentencias de la dictadura o abrir una investigación sobre la violencia policial hasta 1983, no han sido más que papel mojado, como vienen denunciando las asociaciones memorialistas y diferentes colectivos desde hace muchos años. Porque en el fondo, la cuestión que sigue sin resolverse y ni PSOE ni SUMAR quieren abordar claramente, es la derogación de la Ley de Amnistía, que sigue plenamente vigente en nuestros días y sin su derogación, la impunidad del franquismo seguirá gozando de plena salud.
Recuperar nuestra Memoria
Lo que realmente subyace de todo este debate, es el peligro que entraña para ciertos sectores de la sociedad la recuperación de nuestra memoria como clase, la ley de concordia no es más que un nuevo intento de ocultarla y simplificarla, porque poner en valor la historia de tantos hombres y mujeres que dieron una pelea por la libertad, durante la república, guerra civil y franquismo es un ejemplo que incomoda, así como cuestionar la historia de aquellos que formaron parte orgánica y se beneficiaron de la dictadura es cuestionar sus privilegios actuales, conseguidos con la represión, el trabajo esclavo y el olvido al que se sometió a nuestro bando social, pero además para algunos, cuestionar la ley de amnistía (aprobada en 1978 con el apoyo del PSOE y el PCE) es cuestionar también el papel que la transición jugo para mantener el silencio y el olvido de nuestra clase y esto supone un problema para los sectores llamados “progresistas” que en ninguno de los casos quieren afrontar.
Sin la derogación de la ley de amnistía, sin la recuperación de nuestra memoria de clase, sin la ruptura con las estructuras franquistas que aún perduran en el aparato del estado, sin la apertura de los archivos… nunca se podrá juzgar los crímenes del franquismo ni se podrán dignificar los miles de víctimas que aún siguen en las cunetas y los cementerios de este país.
