El 27 de junio de 2002 se aprobaba la Ley orgánica 6/2002, de Partidos políticosi. Sobre los peligros de la misma ya avisaba un grupo tan poco sospechosa como Amnistía Internacionalii: “Nuestra organización muestra su preocupación de que, a través de algunos artículos del proyecto de ley, se pudieran emprender procesos de ilegalización de partidos políticos que propugnen el cambio de principios constitucionales o leyes de forma pacífica”. Estos miedos no eran infundados. Efectivamente, el Estado español se hacía con una herramienta legal con la que poder reprimir aquellos movimientos que considerase oportunos. En aquel momento, dicha norma fue sobre todo dirigida hacia el movimiento nacionalista vasco.
Más de veinte años después, se vuelve a tirar de ello para, en este caso, atacar al movimiento independentista catalán. Así, el 15 de noviembre de 2023, VOX registraba en el Senado una moción proponiendo la ilegalización de ERC y JUNTS. Para ello se basaban en la citada ley, concretamente en el artículo 9, el cual señala que “un partido político podrá ser declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático”. Entre otras cosas, se desarrolla un argumento sencillo: dichos grupos han apoyado “la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública”. Es decir, dichas grupos habrían apoyado la acción de los CDRiii; con un objetivo similar, el PP proponía la disolución de los partidos que promoviesen “referéndums de autodeterminación”iv.
El castigo y la persecución política vuelve, una vez más, vuelve a la palestra. Y no porque haya dejado de estar ahí: véanse la represión contra las y los trabajadores del metal en Cádiz, los cinco años de cárcel que piden para tres sindicalistas del SAT en estos momentos, o las consecuencias de la “Ley Mordaza” aún vigente; así como los propios encarcelamientos y condenas a los “líderes del Procés”. De esta forma, la persecución del derecho a decidir es un recurso necesario para poder luchar contra un movimiento de masas que puso en cuestión uno de los pilares básicos del régimen del 78, la indisolubilidad de España, condición fundamental para la burguesía española y parte de la catalana.
Evidentemente, en este caso no hay unidad en los grandes partidos de estado (PP y PSOE) sobre estas medidas, más cuando Pedro Sánchez necesita a las organizaciones catalanas para dar estabilidad a la legislatura. Sin embargo, la ofensiva desarrollada por una parte de los partidos, medios de comunicación y una fracción importante del aparato del estado no caerá en saco roto, ya que se asienta y encuentra su base social en los prejuicios de una parte importante de las clases populares del estado español, que han asumido como propio la idea de una nación española que no puede romperse, como si en eso fueran sus intereses y no precisamente los de la burguesía. Eso explica que este tipo de propuestas, lejos de escandalizar por ir contra cuestiones democráticas tan básicas como poner unas urnas y celebrar una votación encuentren un importante eco: en una encuesta realizada recientemente, el 53% apoyaría la disolución de los partidos que promuevan referéndum ilegalesv.
Este es el verdadero peligro y sobre lo que tenemos que luchar. Cuando grandes empresarios españoles apoyan estas medidas, están defendiendo sus intereses de clase, ya que una España unida, con capacidad de reprimir cualquier movimiento popular y de usar unas zonas contra otras es más beneficiosa para sus negocios. Sin embargo, cuando quienes apoyan este tipo de medidas, entendiéndolas como legítimas, son los propios trabajadores y trabajadoras, están cometiendo dos errores: el primero, dar aliento a políticas en contra de derechos tan innegables como el de asociación o el de protesta y lucha por aquello que se considere más justo: recordemos que lo que ocurrió en 2017 es que la población catalana quiso votar en un referéndum (hasta un 80% de dicha población estaba de acuerdo en la necesidad de una votación de este tipo); en segundo lugar, y más importante, se está naturalizando la represión y los tribunales como respuesta a las protestas. Así, hoy es hacia el movimiento catalán, pero mañana pueden ser que estas leyes se usen (como de hecho ya se hace) contra unos trabajadores/as luchando por su puesto de trabajo o unos vecinos/as por las condiciones digna de sus barrios.
Por ello, sobre esto no debe haber ambigüedades: hay que enfrentarse a la represión venga de donde venga, exigir la derogación de leyes como la de partidos o la mordaza, y negar cualquier apoyo a medidas que fortalezcan un estado cuyos intereses solamente los intereses de una clase: la que nos explota y se llena los bolsillos a costa del dinero generado por nuestro sudor.
i https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-12756
ii file:///C:/Users/Jefe%20de%20estudios/Downloads/15archiA-1.pdf
iii https://www.eldiario.es/politica/vox-presenta-iniciativa-senado-pedir-ilegalizacion-junts-erc_1_10687553.html
iv https://www.publico.es/politica/pp-propone-disolucion-partidos-promuevan-referendums-autodeterminacion.html
v https://www.elnacional.cat/es/politica/tercio-votantes-psoe-estan-favor-ilegalizar-partidos-declaren-independe_1143079_102.html
