A pesar de que la mayoría de los medios de comunicación hayan hablado de los decretos del Gobierno como de una prolongación del supuesto “escudo social” para los y las trabajadoras, los pensionistas y la juventud, merece la pena analizar desde más cerca la letra pequeña de cada uno de esos tres decretos. Eso nos permitirá entender por qué la Comisión Europea ha puesto como condición la aprobación de los mismos para activar unos nuevos fondos europeos, por valor de 10 000 millones de euros. Unos fondos europeos que suelen acaparar las grandes empresas españolas con hasta un 40% de este dinero público en ayudas directas.
Decreto sobre medidas relacionadas con el servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo
La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha sido algo vox populi ya que ha generado el rechazo por parte de Junts al considerar que dicha modificación permitía que un tribunal dejara en suspenso la efectividad de cualquier norma en el momento que se planteara una cuestión perjudicial al Tribunal de Justicia de la UE para que éste dirima si está en los parámetros de la UE (hasta 2 años). El objetivo de dicho cambio no pretendía dinamitar una ley de amnistía que permite al Gobierno PSOE-SUMAR existir sino más bien dilatar en el tiempo su aplicación con el fin de retrasar la vuelta de exiliados y/o de impedir que los procesados o condenados puedan ser candidatos a las Europeas e incluso a las elecciones catalanas de 2025. Finalmente no tuvieron más remedio que retirar dicha modificación a cambio de la abstención de los y las diputadas de Junts.
La segunda medida de dicho decreto, mucho menos mediática, ha sido el ataque a las y los trabajadores públicos al posibilitar que le sean infligidas desde nuevas sanciones hasta el propio despido. En efecto, con este decreto se obliga a todos los funcionarios a demostrar su desempeño en distintas pruebas de evaluación con el cambio de que antes se evaluaba el rendimiento de todo el colectivo que ocupaba un determinado puesto (artículo 20 del Estatuto Básico del empleado Público) mientras que ahora se pretende evaluar de forma individual vinculándolo a posibles ascensos, incrementos salariales o a traslados. Aún no se ha detallado el contenido de dicha evaluación pero sí su obligatoriedad en manos del personal de recursos humanos de la Administración pública. En el caso de no alcanzar los objetivos mínimos fijados se podrían enfrentar hasta a un despido.
Decreto de la conciliación de la vida personal y profesional así como de la protección por desempleo
Este decreto se puede resumir en un aumento mínimo del subsidio de desempleo a cambio de un recorte a las pensiones de los parados de larga duración. Esto mismo es lo que ha denunciado PODEMOS al votar en contra haciéndolo decaer. Sin embargo, su decisión tiene mucho más que ver con intereses partidistas que con el fondo de la medida visto los sapos que una y otra vez se han ido tragando cuando integraban el Gobierno de coalición.
La principal novedad tiene que ver con quienes acceden a esa ayuda por haber agotado la prestación contributiva o al no poder acceder a ella. Éstos pasarían de cobrar 480 euros mensuales a 570 euros los primeros seis meses y 540 euros los seis siguientes hasta volver a cobrar los 480 euros después de ese periodo. Es importante incidir en el dato de que el aumento de esta ayuda siempre ha estado por debajo de la inflación en los últimos 4 años perdiendo siempre poder adquisitivo.
Sin embargo, este leve aumento escondía un recorte en las pensiones bajas reduciendo la base de cotización de los parados mayores de 52 años que cobren el subsidio pasando del 125% de la base mínima al 100%. Con este recorte, el Estado espera realizar un ahorro de 93 millones de euros a pesar de que se aumente la cuantía y el total de potenciales beneficiarios al ser los parados de larga duración mayores de 52 años la mayoría de las personas beneficiarias (550 000 de un total de 730 000). Con la nueva base de cotización, un trabajador que hubiera trabajado 15 años y se quedara en paro de larga duración padecería un recorte anual de su pensión de 1900 euros. Casi el doble de los 1020 euros extra que iba a percibir solamente durante el primer año de subsidio con el cambio del decreto.
Un decreto que desmantela gradualmente el ya débil “escudo social”
Si bien se mantienen medidas leves puestas en marcha tras el inicio de la guerra de Ucrania y del estallido de la inflación como la ayudas al transporte o la reducción del IVA de los alimentos básicos aunque con fecha de caducidad (6 o 12 meses según los casos), el precio de la energía padece en cambio un aumento significativo mediante la subida del IVA de la luz pasando del 5% al 10% durante todo el año 2024. En cuanto al IVA del gas, tres cuartos de lo mismo. Éste se eleva del 5% al 10% en el primer trimestre, y posteriormente al 21%. Por su parte el IEE (Impuesto Especial de la Electricidad) aumenta al 2,5% en el primer trimestre, al 3,8% en el segundo, regresando al 5,11% original a partir del tercer trimestre. Mientras tanto, los escalones para el impuesto a la producción son del 3,5%, al 5,25% y por último, 7% en los mismos periodos. Todo eso en un momento en el que las cuatro mayores empresas energéticas españolas almacenaron más de 7 300 millones de euros de ganancias en los 9 primeros meses de 2023 y en el que las compensaciones a las eléctricas se mantienen en 100 millones de euros en 2024.
Merece una especial atención las medidas prorrogadas en relación con la vivienda que han mostrado su ineficacia. En efecto, aunque el decreto limite al 2% la subida de los alquileres, la subida efectiva ha sido del 10% de media desde la aprobación de las primeras medidas según los propios datos del Gobierno mientras los desahucios siguen siendo una cruel realidad (19 332 lanzamientos en 2023).
No es por tanto oro todo lo que reluce. Estos primeros pasos impuestos por Europa anuncian sin duda lo que está por venir. Si queremos cambiar nuestras vidas e imponer un aumento de nuestros salarios para recuperar el poder adquisitivo perdido tendremos que contar en nuestras propias fuerzas. Sólo la movilización y las huelgas de los y las trabajadoras y la juventud permitirán revertir la actual situación e impedir futuros recortes. Los debates parlamentarios encabezados por organizaciones como BNG, ERC o Bildu que no tienen ningún reparo en votar a favor de un tijeretazo a las pensiones de los parados de larga duración o las posiciones defendidas por los diputados/as de PODEMOS que se asemeja más a una política a geometría variable en función de sus propios intereses no permitirán reforzar la calle ni organizar una respuesta movilizadora de conjunto mientras las direcciones sindicales de CCOO y UGT siguen inmersos en la política de conciliación social. Hace falta organizar una respuesta desde abajo partiendo de las luchas existentes. La lucha sigue siendo el único camino.
