En una década, Vox ha pasado en las elecciones andaluzas de apenas 18.000 votos a más de medio millón. Aunque el bloque conjunto de la derecha disminuye, y ni siquiera sumando los apoyos de SALF, el bloque PP-Vox-SALF (57,95 %) alcanza el respaldo que en 2022 reunían PP-Vox-C’s (59,88 %). Pero el trasvase de votos a Vox, su consolidación en los parlamentos y el reciente acuerdo con el Partido Popular (PP) para la investidura supone, más que una concesión del moderado Moreno Bonilla como se trata de vender, la constatación de un bloque político cada vez más cohesionado, principalmente entorno a la cuestión antimigratoria.
En sus 150 medidas, el acuerdo confirma un salto reaccionario en la gestión social, fiscal y migratoria de Andalucía. Con la nueva composición del Gobierno andaluz, Gavira (Vox) asume una Vicepresidencia y una consejería absurdamente amplia que concentra las áreas de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con lo que Vox dispondrá de 1.200 millones de euros del presupuesto autonómico para imponer sus políticas antiobreras.
Racismo y Prioridad Nacional
Sin duda la medida más destacada es la aplicación de la llamada “prioridad nacional”. Un principio que atraviesa todo el acuerdo y que no es nuevo, sino que representa la segregación que han defendido hoy y siempre sectores reaccionarios a nivel internacional, donde el acceso a los recursos y servicios públicos no los determina las necesidades sino la nacionalidad.
El documento del acuerdo expresa un retroceso importante en materia migratoria. A pesar de que Bonilla en campaña insistía tanto en el absurdo de debatir sobre inmigración porque las Comunidades Autónomas no tienen competencias, como en advertir de ciertos discursos porque “nos podemos meter en un lío” –refiriéndose a la escasez de mano de obra migrante que supondrían las medidas antimigratorias de Vox–, la realidad es que su teatro de moderación se desmorona una vez más. Bonilla fue el primer presidente en pactar con Vox en 2018 y ahora lo vuelve a hacer con aun más licencias y la “inmigración” como segundo punto del acuerdo, solo después de “fiscalidad”. El pacto afirma un “rechazo frontal” a la llegada de “más menores extranjeros no acompañados (MENA)” –lo que abre la puerta a impulsar planes de expulsión y repatriación– y declara la “supresión total” de subvenciones a ONGs que, según el texto, “favorezcan la inmigración ilegal”, donde podría entrar cualquier asociación que atienda, acoja o ayude a personas migrantes. Hasta en materia de cultura, el Gobierno andaluz amenaza la lengua árabe en educación –como ya ha ocurrido en Murcia y va a suceder en Extremadura–. Además, se prohíbe llevar burka y nicab en espacios públicos que, aunque aquí sean prendas de uso casi anecdótico o muy reducido, la medida cumple su razón de prohibir a esas mujeres acceder a calles, plazas o edificios públicos y, sobre todo, sienta un precedente para futuras prohibiciones en clave islamófoba, especialmente sobre el velo o hiyab.
Sector primario y negacionismo climático
Tanto PP como Vox se deben a la pequeña burguesía y los terratenientes, cada vez más arruinados por el capital monopolista y financiero, cuyo descontento dirigen los agentes mediáticos y políticos de la derecha contra las personas migrantes y las políticas progresistas. En base a esto se desarrolla el punto del “Sector Primario”, al que dicen “proteger activamente” sin reconocer, claro está, que es el mismo gran capital que ordena en el Gobierno andaluz el que absorbe y transforma este sector. Con esto despliegan varios apartados de rechazo a la “Agenda 2030”, el “Pacto Verde”, las reformas de la PAC y lo que llaman “condicionalidad climática”, lo cual supone descaradamente suprimir los mínimos e insuficientes controles fiscales y fitosanitarios que establecían las políticas verdes europeas. Políticas, por supuesto, sostenibles y verdes solo en tanto que son rentables para el capital europeo y permiten continuar el actual modelo productivo. En todo el mundo vemos cómo aquellos en subirse al carro de la sostenibilidad son los primeros en trasvasar dinero público a empresas privadas y en someter a la primera de cambio todo su teatro verde a la industria de la guerra que ahora determina su supervivencia.
Todas las medidas del documento que influyen en la cuestión ambiental reflejan la ofensiva contra la naturaleza que representa este bloque político. Desde medidas descaradas de defensa de la pesca de arrastre o la agricultura y ganadería intensivas “contra el lobby animalista”, hasta planes de un bajísimo nivel técnico como los que hablan de “limpiar” bosques y cauces. En grave amenaza se encuentran los espacios protegidos y entornos naturales, cuyas normativas avisan con “revisar” para compatibilizarlo con el “desarrollo económico” que, en la práctica, sabemos que supondrá más saqueo de recursos naturales y destrucción de hábitats para contentar a la patronal agraria, pesquera, ganadera y minera. Este conflicto de intereses entre los capitalistas y la naturaleza bien explica los empeñados ataques de sus representantes políticos contra las políticas ecológicas y climáticas. Por el contrario, el pacto asegura defender y promocionar activamente la tauromaquia y la caza con hasta justificaciones ambientales. En el mismo sentido, en materia cultural, se comprometen a proteger la ganadería brava, las escuelas taurinas y las plazas de toros frente a cualquier intento de “discriminación ideológica o de exclusión de las políticas públicas”.
Política Fiscal
La Fiscalidad es la primera materia que aborda el pacto y es otro elemento de cohesión del bloque de derechas basado en la supresión y rebaja de impuestos a grandes fortunas. El pacto contempla reducir la cuota autonómica del IRPF en el 0,25 % en los tramos de menos de 60.000 euros cada año y más deducciones por nacimiento o adopción. Del mismo modo, en la línea de la defensa de la familia nuclear tradicional y el papel que esta ejerce en la reproducción del capitalismo, se aplicarán “deducciones fijas directas” por cada hijo, así como medidas para fomentar la natalidad, el apoyo a la maternidad y la “cultura de la vida”, un “Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada”, y el reconocimiento del “valor social” de las familias numerosas. Estas políticas de natalidad del PP se enmarcan en el retroceso en derechos reproductivos que acontecemos a nivel europeo y la persecución del aborto que encabeza la nueva ley madrileña de Ayuso del “concebido no nacido”, que equipara el feto con un miembro de la familia y que Feijóo ya ha anunciado que aprobará si gobierna, lo cual sirve también de elemento de cohesión del bloque de derechas.
En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones anuncian una nueva bonificación para la adquisición de vivienda entre hermanos, que lejos de ser una medida inocente, abre la puerta a la bonificación del 50 % a familiares de segundo y tercer grado que defienden y que acentuará la desigualdad social.
También sobre fiscalidad, atravesado por la agenda negacionista, se provee suprimir tres tributos propios en materia ambiental: el que se aplica a las bolsas de plástico, a la emisión de gases y a vertidos a aguas litorales con la excusa de “reducir la presión fiscal, simplificar el sistema tributario y aliviar las cargas” sobre familias, empresas y autónomos.
Educación al servicio del mercado y la agenda reaccionaria
En el plano educativo, el pacto continúa la apuesta política privatizadora de estos años de mandato del PP con la reciente aprobación de la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) y en los que Andalucía ha pasado, en solo tres años, de una única universidad privada a cinco. El acuerdo contempla la privatización progresiva de los niveles de Bachillerato y de Formación Profesional reforzando la FP dual. Además de acabar con la enseñanza de la ya mencionada lengua árabe, el punto 71 del acuerdo plantea incluir en los planes de estudio una asignatura de “Historia del terrorismo en España”, que por supuesto no hablará del terrorismo de Estado o patronal, del Batallón Vasco Español o de los Guerrilleros de Cristo Rey. Sino que, en palabras de Gavira, “los alumnos andaluces conocerán la verdad sobre ETA, sus crímenes y el sufrimiento que causó a miles de familias”, continuando la obsesión de la derecha con ETA para desplazar otras cuestiones.
Machismo y LGBTQ+fobia
El documento del acuerdo no menciona la violencia machista ni la de género, ni recoge ninguna medida, plan o apartado dedicado a abordar específicamente este tipo de violencia. De hecho, las únicas referencias directas a la “mujer” en el texto se limitan a la ya mencionada prohibición del burka y el nicab y a la puesta en marcha del mencionado “Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada”, en clave de defensa de la familia y la natalidad. No hay tampoco ninguna mención al colectivo LGTBIQ+, pero sí hablan de suprimir las “leyes ideológicas” –como si las suyas fueran neutrales– y autonomías como la madrileña o la valenciana han visto cómo en los últimos años se han recortado sus leyes contra la LGTBIQ+fobia y claras son las recientes declaraciones del vicesecretario general de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, quien ha planteado reformar la ley estatal trans para volver a exigir un informe psicosocial en el cambio registral de sexo.
Mercantilización de la Vivienda
En su línea discursiva, el acuerdo de PP-Vox aborda el problema de la vivienda con el objetivo claro de “incrementar la oferta”, lo que se solucionaría simplemente rebajando las cargas fiscales y agilizando el proceso edificatorio y de transformación urbanística. Pero bien sabemos que no les importa realmente garantizar vivienda, sino hacer rentable su construcción y cargarse la mínima regulación actual, lo que ya desarrollan en la ley de vivienda andaluza. Este enfoque elude decididamente el papel que juega la vivienda como bien de especulación, el problema de los alojamientos turísticos y el abandono del parque de viviendas existente. Además, imponen la “aplicación firme del desahucio exprés” y todo un despliegue institucional para perseguir y criminalizar la okupación y a las personas en situación de impago.
Obstaculización de la lucha
En cuanto a las ayudas a los sindicatos, el acuerdo incluye su reducción al 50 % y que bien refleja cómo la deriva autoritaria de los Estados también se expresa en la presión económica y la obstaculización de la actividad a las organizaciones obreras. Sin embargo, esta ofensiva debería servir para que los sindicatos mayoritarios respondan con una movilización contra el conjunto del pacto y, al mismo tiempo, abran un debate sobre la necesidad de avanzar hacia formas de financiación más independientes del poder político.
Por otro lado, ya en el acuerdo de investidura de PP y Vox de 2019 se incluyó como condición la sustitución de la ya insuficiente Ley de Memoria Democrática Andaluza que los mismos populares apoyaron, pero que ahora sustituyen por una “Ley de Concordia” con la que se prevé defender simbología franquista y confrontar con la lucha por la justicia y reparación en un año tan clave para ello como es 2026 en el 90º aniversario del golpe de Estado fascista.
El único camino
Hay un momento de razón en la cuestión que el PP se empeña en difundir acerca de la estabilidad que buscan, y es que dirigir la desesperación de las franjas de la burguesía que en Andalucía representan los explotadores y terratenientes contra los trabajadores –especialmente los migrantes–, es la manera que encuentra la democracia burguesa de mantenerse en medio de la crisis. En los distintos territorios, la decadencia del capitalismo se expresa bajo formas diversas y con ritmos desiguales. Pero el fondo es el mismo: los capitalistas nos han conducido a la barbarie y no son capaces de asegurar ni bienestar ni mantener pacíficamente su propio sistema. Es por eso que se preparan para la deriva autoritaria y represiva en curso de los Estados, y así la extrema derecha se asienta en los parlamentos. Es iluso pensar que el gobierno de PP-Vox caerá pronto por sus conflictos internos. La extrema derecha necesitaba un programa así para llegar al Gobierno, pero que los de Abascal estén en el Gobierno no significa que vivamos el fascismo. Sus intereses los marca el capital internacional, no tienen fuerza en las calles sino que esta sigue siendo de la clase obrera y la juventud organizada entorno al antifascismo, la solidaridad internacionalista o las luchas sindicales.
Debemos avanzar en crear las condiciones políticas y organizativas que nos hagan acabar con los explotadores y sus representantes parlamentarios. El restablecimiento de la unidad sindical en Andalucía es una de esas condiciones. El reformismo no apuesta por ello desde su comodidad, pero la amenaza que suponen las agresiones fascistas y el ascenso de la extrema derecha cambia la situación dentro de los movimientos y organizaciones. Ante el peligro de que se reproduzca y generalice esta ofensiva antiobrera a nivel estatal en las próximas elecciones generales, la aspiración a la unidad crece. Pero el mal menor, personificado en la izquierda reformista por Rufián, no es una opción. El papel de las comunistas es el de reforzar nuestra influencia en las luchas actuales y las que están por venir. Y si la unidad se llega a dar, mejor, en tanto que se nos abrirá un campo amplio de actividad combativa.
Alegrarse de conservar una representación parlamentaria como hace la izquierda reformista en Andalucía o de sacar una mínima representación, mientras el PSOE continúa perdiendo apoyo tras cuarenta años de políticas antisociales en el Gobierno andaluz y la derecha se consolida cada vez más en los parlamentos, es de tener la realidad completamente alterada. La clave no es haber evitado la catástrofe inmediata y resistir electoralmente, sino no haber sido capaces de convertir la crisis del reformismo en el crecimiento de una alternativa revolucionaria, de combate y con independencia de clase. Hacia eso debemos avanzar si queremos enfrentar decididamente el auge de la extrema derecha y la deriva autoritaria.
