A las pocas semanas de echar a andar el nuevo gobierno de coalición PSOE-Sumar, seguramente activistas en defensa de los servicios públicos vieron un acierto y golpe de efecto la elección de Mónica García para el ministerio de Sanidad por haberse convertido en el azote parlamentario de Ayuso en la Asamblea regional de Madrid y por oponer la defensa de lo público frente a la privatización del modelo neoliberal. Sin embargo unas palabras en la radio supusieron un enorme patinazo que revelaron su carácter continuista (la inacción del gobierno anterior) en el ministerio y disciplinado con la colaboración público-privada.
La nueva ministra de Sanidad y cara más visible de Más Madrid, ha estado muy vinculada (y ha hecho gala de ello) a la defensa de la sanidad pública frente a las políticas de desguace en la comunidad de Madrid, que vienen de más atrás que del ejecutivo actual. No conviene olvidar que la primera Marea Blanca nació en respuesta al cierre de hospitales que llevó a cabo Esperanza Aguirre y que la actual ministra ya fue portavoz en 2013 de la AFEM (Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid), colectivo integrado en la marea sanitaria.
Diez años después, la erigida portavoz política de la sanidad pública, quien como señala la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad CAS llegó tarde a la lucha contra la privatización en Madrid y se negaba desde la AFEM a reclamar como medida la derogación de la Ley 15/97 porque impedía la unidad con el PSOE (a pesar de reconocer que era el inicio del hilo y que los socialistas eran uno de los partidos privatizadores), sorprendió a círculos propios y ajenos en una entrevista en la Cadena Ser negando cualquier tipo de hostilidad al sector privado:
«La sanidad privada no debería estar preocupada. Siempre le he tenido mucho respeto. Lo que he criticado son esas fórmulas híbridas que con el dinero público se pagan unos determinados beneficios económicos de unas empresas y hace que sean más caros los procedimientos». Estas nefastas declaraciones, que no obedecen a ningún disciplinamiento y estrategia de no confrontación con el neoliberalismo (periodistas afines a Podemos así apuntaron) sino que responden al perfil de Más Madrid, tuvieron un efecto desolador.
Ese dejar la puerta abierta a este tipo de colaboraciones “bajo supervisión”, según la ministra, es preocupante y más que decepcionante para l@s defensor@s de la sanidad pública porque en absoluto existen controles suficientes para poner coto a las ganancias de empresas privadas que entran dentro de la sanidad para hacer negocio. Si con la aprobación de la ley sanitaria ejecutivo anterior PSOE-UP ya vimos que la batalla por la derogación de la Ley 15/97 fue abandonada por la izquierda, el abandono de eliminar o reformar el modelo Muface por actual ministerio es otra muestra del mantenimiento del status quo.
Si a esto sumamos que la patronal más criminal recibió con los brazos abiertos y felicitó a la nueva ministra, congratulándose de la ausencia de ideología en su declaración de intenciones, parece que la placidez y calma de los empresarios no va a verse interrumpida por Sumar: en el 10º aniversario de la revista Forbes, el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca, máximo exponente de la sanidad privada, declaraba: “Era más pesimista pero de momento vamos bien. Parece que no hay ningún signo de sectarismo y su preocupación es solucionar los problemas del sistema sanitario. Estamos esperanzados, parece que se va a dedicar a lo importante”.
Mónica García ha dejado bastante claro con estos elogios mudos que no va atacar el negocio de la sanidad privada, que se sostiene en la degradación del sistema público gracias a leyes privatizadoras que nunca han estado en el programa de Sumar ni en el acuerdo del actual gobierno, pero que incluso estando en el de Unidas Podemos, tampoco se plasmaron en el abrazo Sánchez-Iglesias. El negocio y lucro con la sanidad es un crimen capitalista, como lo es con cualquier bien público y no caben caminos intermedios porque de existir son una cesión al capital.
Si defendemos una sanidad 100% pública debemos de ser capaces de asumir que para llevar ese objetivo hay que expropiar el sistema sanitario y sus hospitales bajo el control de usuari@s y trabajador@s y arrebáteselo a las empresas multinacionales que buscan el beneficio y no la salud de la mayoría social. La pandemia nos dio la oportunidad de ver que el “gobierno más de izquierdas” de la historia aprobó un decreto que le permitía hacerlo y no lo hizo. No hubo enfrentamiento y ahora tampoco lo habrá. Por lo tanto la clase trabajadora debe tener claro que para defender la sanidad pública debe apoyarse en sus propias herramientas de lucha.
