¿Separación de poderes?
En nuestra sociedad actual, regida por un sistema democrático de Derecho en un marco constitucional, ha imperado una noción meramente formal de lo que se conoce como división de poderes.
Cuando se redactó la Constitución del 78 en un contexto de transición democrática, el esfuerzo de evidenciar la total autonomía del poder judicial frente a las presión política, la verdad es que no fue demasiado lejos más allá de una mera declaración de intenciones y de importantes declaraciones institucionales que aunque no lo parezca, fueron calando.
Aunque la independencia del Poder judicial se suele defender con vehemencia cuando se obtienen pronunciamientos favorables a los intereses de quien la pone en valor, lo cierto es que hasta escasos meses, los focos mediáticos no se habían centrado en un sistema que más allá de los meros formalismos, se estructura como un espacio más de influencia política, y que por defecto mantiene un marcado carácter conservador.
No se puede olvidar de un hecho que es evidente, pero que lo esconde la imparcialidad, como es que la ideología de quien juzga no desaparece, y ello es mucho más evidente en los órganos de Gobierno del estamento judicial.
En este sentido, es importante tener en cuenta que de los 20 vocales que componen el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), todos se eligen por el Congreso de los Diputados (6 magistrados y 4 juristas) y los otros 10 por el Senado, con idéntica distribución entre magistrados y juristas, en ambos casos por mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras.
Esta designación, viene marcada por un requisito tan sencillo como la afinidad ideológica o incluso la pertenencia a la organización política de aquellos que proponen. El caso de Francisco Pérez de los Cobos quien fue Presidente del Tribunal Constitucional como militante activo del Partido Popular según se publicó en los medios de comunicación, es de los más llamativos.
¿Qué hay detrás del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial?
Desde hace unos meses como hemos dicho, se ha venido publicando numerosas noticias sobre el llamado “bloqueo del Consejo General del Poder Judicial”.
Éste es un órgano según viene denominado en la propia Constitución Española “integrado por jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos”.
Es la máxima instancia del Poder Judicial por tanto, que ejerce una función de Gobierno, y entre todas ellas destaca la de proponer el nombramiento de quien va a presidir el Tribunal Supremo que a su vez ostentará el mismo cargo del CGPJ, Vicepresidencia y sus Magistrados así como a los Presidentes de Tribunales y Salas.
El nombramiento de los Jueces y Magistrados también lo lleva a cabo el CGPJ, aunque en este caso no se trata de una decisión discrecional, sino que depende de un proceso selectivo reglado.
Las mayorías parlamentarias y los acuerdos que se alcanzan con el Poder Judicial como mera moneda de cambio son las que definen por tanto, la composición del mismo.
A su vez, el Tribunal Constitucional mantiene una clara dependencia política en cuanto a su composición: de 12 vocales, 4 lo son a propuesta del Congreso, 4 a propuesta del Senado, 2 a propuesta del Gobierno, y 2 a propuesta del CGPJ.
¿La justicia es neutral?
Con independencia del sesgo ideológico extremadamente conservador que caracteriza a todos los estamentos judiciales, más allá de excepciones que raras veces encontramos, lo cierto es que las altas instancias del Poder Judicial se resisten históricamente a desarrollar una interpretación de la ley que se atreva a confrontar con las cuestiones más sensibles que pudieran cambiar el rumbo de lo impuesto con carácter previo y posterior al 78.
Claros ejemplos los tenemos con las numerosas sentencias que hasta ahora se han venido dictando en materia de violencia de género, cuestión territorial, corrupción institucional, violación sistemática del derecho a una vivienda con el respaldo de desahucios sistemáticos y de la política de abuso de poder por parte de las entidades financieras, o en el sector laboral donde comprobamos cómo con asiduidad se empatiza más con la patronal que con los y las trabajadoras, siendo el máximo exponente de ello la criminalización de las Huelgas con el despliegue de procesos judiciales que no sirven más que para diluir cada vez más las reivindicaciones colectivas que se materializan a través de la presión sindical.
Precisamente son en las altas instancias del Poder Judicial (Tribunal Supremo y Constitucional), donde acaban los procedimientos más relevantes y con interpretaciones restrictivas como norma general, lo cual no es casual, pues su composición depende como se ha dicho de las designaciones políticas de turno.
Más allá del problema endémico que se identifica a simple vista, lo cierto es que actualmente nos encontramos con los Órganos de dirección del Poder Judicial secuestrados por aquellos que fueron nombrados en una legislatura anterior y por ende, que gozan de una mayoría que permite adoptar decisiones orientadas únicamente a restringir el avance social que necesariamente depende de Fallos judiciales que en caso de que sea necesario los legitime, y no los censure como hasta ahora viene ocurriendo.
Es oportuno relativizar la actual situación con mandatos caducados y el mantenimiento de decisiones de bloqueo, más allá del atropello democrático que suponen, por cuanto no vienen a ser más que consecuencia no de una mera coyuntura política, sino de la propia finalidad que ampara la Constitución y de su diseño que no es otra que la de mantener una dependencia crónica de los órganos de dirección del Poder Judicial de los repartos de poder institucional.
Todo esto rompe con la idea de separación de poderes que supuestamente rige el régimen del 78. Nada más lejos de la realidad. La justicia como un elemento más del Estado no sólo no es neutral sino que además defiende unos intereses de clase concretos: en este caso los de la clase dominante. Por ello es tan importante para los y las que nos gobiernan controlarla. Necesitamos de un cambio profundo en el que el conjunto de la sociedad sea dirigida por la mayoría de la población, por aquellos y aquellas que producimos las riquezas y hacemos que todo funcione, con el fin de buscar siempre el beneficio social para la mayoría.
