EN URDA COMO ADAMUZ, NUESTRAS VIDAS VALEN MÁS QUE SUS BENEFICIOS

Este miércoles 28 de octubre, poco antes de las 9:00, un AVE ha colisionado con un tren Iryo que estaba parado en Urda (Toledo), provocando 69 muertos y más de 100 heridos. Una tragedia que ha sucedido solo 10 meses después de la colisión de Adamuz (Córdoba) y el descarrilamiento por un desprendimiento en la R4 de Rodalies en Barcelona, que dejó otras 46 personas fallecidas. Desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria – IZAR nos dirigimos a los familiares y amigos/as de las víctimas y heridos/as en primer lugar para expresar toda nuestra solidaridad como organización.

El Gobierno prioriza sus intereses electorales

Mientras continúan las investigaciones, la versión dada por el ministro de Transportes, Óscar Puente al mediodía del miércoles apuntaba a que un operador del Centro de Regulación y Control habría autorizado al AVE a seguir la marcha y sobrepasar un semáforo en rojo por la misma vía en la que estaba el Iryo. Una afirmación que se daba antes de que la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) colgara un informe en el que admitía que la AITAT todavía no había podido hablar ni con los responsables de circulación ni con los maquinistas (con el de AVE entre los desaparecidos y su compañero en prácticas, fallecido), las “personas involucradas en primera línea”, ya que no están “en condiciones de someterse a entrevistas” y que “por el momento, al estar en una fase inicial, todas las hipótesis con respecto a las posibles causas y factores que pudieron influir en el suceso están abiertas y no se pueden aventurar explicaciones más allá de los datos constatados”. Este viernes Oscar Puente, en otra comparecencia, ha vuelto a reafirmarse en apuntar a un “fallo” en el centro de control de mando de Adif mientras ha defendido la fiabilidad del sistema de seguridad LZB.

Las respuestas a las declaraciones del ministro de Transportes no se hicieron esperar. CGT rechazó una acusación preventiva contra la plantilla; el Sindicato de Maquinistas (SEMAF) señalaban en un comunicado “una irresponsabilidad emitir ningún pronunciamiento”; a su vez, en declaraciones en la radio, el secretario general del Sindicato Ferroviario también incidía en lo “atrevido e irresponsable” de hablar de fallo humano cuando apenas habían pasado dos horas del accidente.

Los/as trabajadores/as avisaron que esto podía pasar

Con la hipótesis del “fallo humano”, el Gobierno pretende alejar el foco de que el sistema ferroviario del Estado español se mantiene con material averiado u obsoleto, con recortes en el personal y con un mantenimiento subcontratado para ahorrar costes. Porque la línea Madrid-Sevilla se inauguró en 1992 con el sistema LZB que, según se ha publicado, ya llevaba varios días dando problemas en esa zona, con caídas en las comunicaciones y en los circuitos de las vías que identifican los tramos ocupados por trenes. Y este LZB iba a ser sustituido por modelos más avanzados cuando en 2021 Adif adjudicó a Thales la renovación de la señalización por 93,8 millones de euros en un plazo de poco más de 4 años. Han pasado 5 y desde Adif se dice que esos trabajos están en su fase final.

Un accidente que ha ocurrido un día antes de la huelga convocada por los maquinistas de RENFE, en la que han denunciado que los compromisos de seguridad firmados tras la huelga de febrero, que hicieron tras la tragedia de Adamuz, aún siguen sin cumplirse. Así, mientras el gobierno culpa a los trabajadores, los maquinistas organizados, luchan por protocolos vinculantes ante situaciones de riesgo, una normativa clara para coordinar las comunicaciones cuando hay una incidencia en la vía, más contratación de maquinistas y soluciones para la fiabilidad del material.

El sistema capitalista y sus gobiernos son responsables de esta tragedia

Con las elecciones generales del 29N en mente, el Gobierno necesita evitar que se hable precisamente de todos estos elementos, cuando lo cierto y verdad es que este gobierno ha seguido la estela del proceso de privatización del sistema ferroviario que se inició en 1990 y ha sido seguido por los gobiernos de distintos pelajes. Recordemos que con Pedro Sánchez se ha dado la liberalización de la alta velocidad (2021), provocando que cada año aumente el número de trenes que circulan por la red ferroviaria, lo que genera un mayor desgaste en las vías, sin que las inversiones en los trabajos de mantenimiento se hayan equiparado a dicho aumento. Se calcula que entre 2018 y 2022, el Estado español dedicó solo el 16% del gasto ferroviario a mantener y conservar la red existente, que se ha dejado en manos de empresas subcontratadas que sacan una mayor cantidad de beneficios al emplear una mano de obra precarizada, mientras los propios datos de Adif señalan que el número de viajeros no para de aumentar. Y es que el restante 84% se dedica a obras nuevas, regando con decenas de millones de dinero público a las grandes empresas constructoras. Pero este debate sobre las causas de las privatizaciones del sector y los beneficios de las empresas no les interesa a los Óscar Puente, Pedro Sánchez, Nuñez Feijóo o Abascal de turno que están viendo como canalizar esta tragedia en beneficio electoral. Tampoco lo escucharemos en los medios de comunicación, más interesados en propagar bulos. Hay que exigir la depuración de responsabilidades en el Gobierno por incumplir lo acordado tras la huelga de maquinistas de febrero, así como recordar que este modelo ferroviario también será el de un hipotético ejecutivo de PP-VOX.

La huelga del 11N por unos servicios públicos 100% y en manos de los y las trabajadoras

Porque Urda, como lo fue Adamuz, no son accidentes aislados sino el resultado de la lógica capitalista, que convierte los servicios como el transporte o la sanidad en negocios de los que sacar el máximo beneficio. Todo vale para aumentar los dividendos, recortando las inversiones hasta poner en riesgo la vida de las personas. Por eso es tan necesario tener unos servicios públicos de calidad, que estén en manos de los y las que los usan y los hacen funcionar. La huelga general del 11 de noviembre es el mejor marco para poner también esta cuestión en el centro del debate entre los y las trabajadoras y, sin embargo, desde las direcciones sindicales de CCOO y UGT se ha instado a tener un perfil bajo mientras dure el luto oficial, demostrando que solo quieren hacerle campaña a la izquierda institucional y que no contemplan en realidad arrancar medidas en materia de servicios públicos, de vivienda o de salarios.

Para hacerlo es necesario dotar a los y las trabajadoras de una independencia que le permita marcar su propia hoja de ruta con sus propias herramientas, para no tener que depender precisamente de los vaivenes de estas direcciones sindicales. Porque en realidad solo la puesta en movimiento conjunto de la clase obrera en una huelga bajo sus propios intereses y dictámenes es capaz, por el papel que juega en la producción, de revertir esta lógica criminal del sistema capitalista y generar una nueva sociedad comunista, que ponga los intereses de la mayoría por encima de los intereses de unos pocos ricachones parásitos que viven a nuestra costa.