El 17 de febrero, Isabel Díaz Ayuso cesaba a uno de los suyos (Emilio Viciana, quien fuera Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid) y, como efecto dominó, dimitían otros tres diputados más. Un episodio de crisis interna que no surge de la nada, sino que es consecuencia directa de una situación de desgaste político que, por primera vez, lograba poner en jaque la imagen cuidadosamente construida de mujer fuerte, inquebrantable y sin fisuras con la que se reviste esta dirigente del Partido Popular reaccionaria.
Esta grieta no aparece por casualidad. Se abre gracias a la única vía que históricamente ha demostrado ser eficaz frente a gobiernos que han querido privatizar los servicios públicos: la movilización colectiva. Las masivas protestas en las calles de la Comunidad de Madridi lograron debilitar un proyecto político que parecía blindado, demostrando la fuerza organizada de estudiantes y trabajadoras cuando deciden pararlo todo.
El conflicto tiene un origen concreto: la ley universitaria impulsada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, conocida como la LESUC. Una norma que ha sido denunciada desde su anuncio por dos elementos especialmente lesivos para la educación pública: el retroceso democrático en los órganos internos de decisión de las universidades y la infrafinanciación estructural del sistema universitario público. Pero la LESUC no es una anomalía madrileña. Podría analizarse del mismo modo la LUPA -Ley Universitaria para Andalucía, aprobada en febrero de 2026- o la Ley de Universidades de la Región de Murcia, actualmente en proceso de aprobación. Todas ellas comparten ese mismo ADN neoliberal, característico de las políticas del PP: la mercantilización de lo público y la segregación de clase.
En ese ADN neoliberal se encuentra una lógica empresarial que pretende imponerse sobre un derecho básico que debería ser universal y gratuito. Una concepción de la universidad regida por criterios de rentabilidad, planificación económica privada y tutela de entidades bancarias, religiosas o empresariales (algunas de ellas sionistas como el fondo de inversiones KKR), incompatible con la existencia misma de una universidad pública. Un modelo cuyo horizonte no es la mejora del sistema, sino su desmantelamiento progresivo y su reconversión a la larga en un negocio privado.
Sin embargo, a diferencia de Madrid, estas movilizaciones aún no se han reproducido con la misma intensidad en Andalucía y Murcia, territorios también gobernados por el Partido Popular, que avanzan a golpe de ley en el mismo proceso de privatización encubierta de las universidades públicas, sin que el conflicto haya estallado aún con la misma contundencia.
Todo esto vuelve a poner de relieve la cuestión de clase, resumida en una consigna histórica: “El hijo del obrero a la universidad y el hijo del banquero al campo a trabajar”. Hoy, quizá habría que actualizarla, sustituyendo el “campo” por la hostelería, la temporalidad o la precariedad crónica, pero manteniendo intacta su esencia. Una consigna que ya resonaba en las calles de todo el Estado durante las movilizaciones de la marea verde y que vuelve a señalar una verdad estructural: el acceso a la universidad vuelve a convertirse en un privilegio de clase. Tan solo en lo que va del mandato de Juanma Moreno, se han inaugurado cuatro nuevas universidades privadas en Andalucía. En Madrid, ya suman catorce en total. Por no hablar de la nueva exigencia del nivel de idiomas B2 -con aplicación prevista en 2029- como un filtro más que castiga especialmente a las estudiantes de familias trabajadoras, dificultando aún más su permanencia en la universidad. Y todo ello, que no caiga en el olvido, se enmarca bajo una lógica “bolonista” (por el Plan Bolonia) instaurada y naturalizada en todas las normas educativas -incluso en la norma estatal LOSU, aprobada bajo el gobierno de PSOE/Podemos-, con el concepto de “presencialidad”, que no es más que una obligación más que castiga al estudiantado de familias trabajadoras: quienes compaginan estudios con trabajos precarizados para pagarse las matrículas o, sobre todo, las estudiantes -mayoría mujeres- que asumen tareas de cuidados familiares incompatibles con esa obligatoriedad.
La lógica neoliberal, la mercantilización y la segregación de clase no son inevitables; dependen de la respuesta social que logremos organizar. Y esa respuesta, aunque aún no se ha manifestado con la misma intensidad en todas partes, ya está comenzando a gestarse.
Nos encontramos, quizá, en una fase previa: en un punto en el que el conflicto social empieza a reactivarse, antes del surgimiento de nuevas mareas -como la blanca o la verde- que respondan al desmantelamiento sistemático de los servicios públicos. No sería algo extraño si observamos el contexto actual: mientras se recortan presupuestos en educación superior, se dispara el gasto público destinado al rearme y a la escalada bélica internacional. Un aumento que no responde a necesidades sociales, sino a intereses imperialistas de los que hoy somos espectadores y, mañana, víctimas directas o indirectas de unas guerras que no son nuestras.
Por tanto, la pregunta que debemos hacernos estos días no va tanto en la línea de si este modelo avanzará y acabará por implantarse en todos los territorios del estado sino hasta dónde se le permitirá avanzar. Porque no nos queda otra salida que asumir el futuro de nuestra educación y de la sociedad que queremos construir como una tarea colectiva de la juventud y de la clase trabajadora.
iArtículo “Ayuso asfixia la universidad pública: huelga contra la infrafinanciación y la privatización” https://izarrevolucion.com/2025/12/03/actualidad/lucha-de-clases/ayuso-asfixia-la-universidad-publica-huelga-contra-la-infrafinanciacion-y-la-privatizacion/
