Un nuevo decreto dividido en dos…
El pasado martes 27 de enero PP, Vox, Junts y UPN votaron en contra del Real Decreto-Ley, en el que había medidas del llamado escudo social como y la revalorización de las pensiones. Tras el acuerdo entre Gobierno y Podemos para que acepten negociar la cesión de competencias en inmigración a Catalunya que tumbaron hace unos meses a cambio de regularizar a más de medio millón de migrantes, Sánchez intentó contentar al PNV y suavizar la posición de rechazo de Junts añadiendo una rebaja en la protección para los hogares vulnerables. No fue así y tras el golpe recibido en el Congreso, el PSOE aceptó la solicitud de “trocear” en dos el Real Decreto-ley para llegar a un acuerdo con la derecha catalana. Por un lado, irá la revalorización de las pensiones; por otro, el resto de medidas, generando un nuevo decreto que ya entró en vigor a finales de enero y que debería ratificarse en el Congreso de los Diputados esta semana.
… que diluye el derecho a la vivienda y que no satisface las necesidades de los/as pensionistas
En materia de vivienda, se mantendrá la suspensión de los desahucios para familias vulnerables, pero muy diluida: no les afectará a los propietarios con menos de 3 viviendas y a los que sí tengan 2 o más, el acuerdo les dará una vía para evadirla “siempre que haya un contrato previo y que el propietario no sea también una persona vulnerable”. El demostrar esto supondrá un procedimiento burocrático que castigará la situación precisamente de vulnerabilidad y que al final quedará en manos de los jueces la valoración de si el especulador es vulnerable o no. A todo ello debemos sumar el que, además de seguir teniendo acceso al fondo compensatorio, el dinero disponible fue ampliado por el Consejo de Ministros en 300 millones más. Por otra parte, ahora serán los servicios sociales municipales y autonómicos los encargados de buscar una alternativa habitacional de emergencia.
Mientras evitan hablar de cuantas familias de las más de 60.000 familias vulnerables acogidas a la moratoria perderán sus hogares, dan más pasos para asegurarse de que los y las trabajadoras afectadas por desahucios no luchen por mantener sus hogares. Se han añadido nuevos elementos para combatir las “ocupaciones ilegales” con la reforma de la ley de multirreincidencia para endurecer las penas de prisión para las personas que cometan delitos y hurtos menores, incluso cuando no superan los 400 euros; además de la creación del sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos, también se recogerán ayudas para la reforma de inmuebles “dañados” por ocupaciones.
En un momento como el actual, con una situación de emergencia social por el tema de la vivienda, esto es lo mejor que nos ofrece “el gobierno más progresista de la historia”.
En materia de las pensiones, se destaca la revalorización de las pensiones, con un aumento del 2,7% en términos generales y un 11% en las más bajas. Entonces, ¿podemos decir en este caso que el Gobierno sí mejora la situación de los y las pensionistas? Pues tampoco.
Y es que aun obviando los recortes a las pensiones en la anterior legislatura, el aumento del computo a 28 años y los deseos de Escrivá de que trabajemos más porque nuestra esperanza de vida es mayor, tenemos que la cuestión de la subida está regida por un índice que se sacaron de la manga, el IPC medio, que no solo no cubre el aumento del gasto de los y las pensionistas. Según datos de COESPE, alrededor del 80% de los ingresos de las pensiones contributivas de media (1.315 €) se destinan a cubrir alimentación, electricidad, otros combustibles, vivienda y medicamentos. Productos que han tenido una subida media del 3,7%, un punto porcentual superior al 2,7% que van a subir este gobierno las pensiones. No solo no hay subida real de las pensiones, es que también este sector de los y las trabajadoras siguen perdiendo poder adquisitivo.
Una situación que se agrava en el caso de las pensiones mínimas, porque aunque las subidas sean con unos porcentajes mayores, el nivel de partida es tan bajo que estas pensiones siguen sin dar para vivir dignamente y sin atajar la grave situación de brecha salarial. Pues según datos del Imserso, el 63,54% del total de las pensiones no contributivas en el Estado español y el 72% de las pensiones asistenciales son percibidas por mujeres. Esta prestación se conceden a quienes no cotizaron los 15 años mínimos que exige la ley y que puede ser de dos tipos – jubilación e incapacidad -. Una pensión que tras la subida se han quedado en unos miserables 628,80 € al mes. De nada sirve una subida del 11% si partes de una cantidad tan baja como la de 2025, ¡que eran menos de 600 €! (564,70 €).
Para cambiarlo todo, hay que enfrentarse a los intereses de los ricos
Como vemos, estas medidas son insuficientes para mejorar nuestras condiciones de vida. Para atajar esta situación es necesario levantar un programa de urgencia social que se enfrente a los intereses de los ricos. Pero para poder imponer este tipo de medidas solo podemos confiar en la movilización y las huelgas. Todas las conquistas sociales se han conseguido mediante la lucha de los y las trabajadoras y la juventud, no en los debates parlamentarios y en los procesos electorales. Las políticas antisociales de este gobierno, apoyados por la izquierda reformista e institucional, solo han dado alas a la derecha y a la extrema derecha. Si las pensiones no suben es porque los empresarios no quieren, si la vivienda es cada vez más cara es para que un puñado de ricachones sigan engrosando sus beneficios. Ninguno de estos gobiernos van a enfrentarse a los intereses de los más ricos, o lo hacemos nosotros/as o no se hará. No es posible cambiar nuestras vidas sin asumir eso.
