En este dossier analizamos los ataques racistas promovidos por la extrema derecha, identificando qué relación guardan el racismo y la xenofobia con la explotación capitalista. También exponemos los límites de las políticas de los distintos gobiernos progresistas del Estado español y cómo luchar contra todo tipo de explotación, opresión y discriminación.
El pasado verano el nombre de Torre-Pacheco se convirtió, lamentablemente, en sinónimo de racismo y xenofobia. Aunque ya sea tristemente célebre, conviene recordar que Torre-Pacheco es una localidad murciana de 46.000 habitantes, de los cuales el 20% son extranjeros mayoritariamente de origen marroquí; una población sobre la que se sostiene la mitad de la producción estatal de melón, que, según datos del gobierno regional, reportó unas ganancias de 149 millones de euros a las empresas de la zona, entre denuncias de abusos laborales y condiciones de sobreexplotación.
Después de que en la localidad murciana se produjera una agresión a un anciano español por parte de un joven de origen marroquí, toda la maquinaria mediática de la extrema derecha —EDATV, HerQles, El Debate, Periodista Digital, etcétera, además de canales como Vito Quiles, Roberto Vaquero, Bertrand Ndongo, Daniel Esteve y Alvise— se puso a funcionar para propalar bulos racistas, criminalizando a toda la población inmigrante y fabricando, bajo el lema “solo el pueblo salva al pueblo”, un clima de inseguridad que legitimara tanto sus agresiones directas como su recién estrenada campaña por ‘deportaciones masivas’ anunciada por la dirigente de Vox Rocío de Meer bajo el lema de “remigración”, un término popularizado hace unos años por el líder neonazi Martin Sellner ante una conferencia de empresarios alemanes y políticos de la AfD y la CDU. Pronto se convocaron en la ciudad cacerías contra la población magrebí del municipio, lo que resultó en ataques indiscriminados contra marroquíes y destrucción de vehículos y comercios, además de agresiones a vecinos que salieron a manifestarse contra el racismo. Hasta Torre-Pacheco se trasladaron organizaciones de extrema derecha de todas partes del Estado, desde Vox y su pantalla juvenil, Revuelta, hasta grupos escuadristas fascistas y neonazis, como Núcleo Nacional, Desokupa, Frente Obrero y Deport Them Now, ante una pasividad policial —cuando no colaboración directa de algunos elementos— que contrastó con la contundencia de la policía del Gobierno PSOE-Sumar para reprimir la huelga del metal de Cádiz unos días antes.
Nada de esto fue ni novedoso ni espontáneo. En Torre-Pacheco la extrema derecha siguió un modus operandi que puede verse en otros puntos de Europa, como los asedios y ataques incendiarios en Reino Unido e Irlanda contra centros de familias refugiadas. Esta táctica hunde sus raíces en los orígenes de estos movimientos reaccionarios por todo el mundo, siendo ejemplos notables los linchamientos del Ku Klux Klan, los pogromos antisemitas de la Rusia zarista, las persecuciones a musulmanes bajo el gobierno nacionalista hindú en India o los ataques contra la comunidad judía de París durante el caso Dreyfus —y a los que, como destacó la revolucionaria Rosa Luxemburgo, el proletariado organizado debía responder con fuerza de manera independiente—. Se trata, además, de una metodología que en el primer semestre de 2025 se repitió por todo el Estado español: Salt, Terrassa, Sabadell, Mataró, Marcilla, Hernani, Alcalá de Henares, los barrios madrileños de Hortaleza y Vicálvaro, el barrio cordobés de la Fuensanta… El patrón es siempre el mismo: incidentes puntuales son amplificados por dirigentes de la extrema derecha en sus tribunas institucionales y sus medios de comunicación —regados con subvenciones públicas por ayuntamientos y gobiernos autonómicos del PP—, seguidos del despliegue de escuadras neonazis y llamamientos a hostigar a la minoría inmigrante en sus casas, sus comercios y centros de menores extranjeros no acompañados. El ejemplo vivo de este proceder lo tenemos en Deport Them Now, una banda fugaz y ad hoc que emergió tan rápido como se esfumó. Luego, los políticos en las instituciones se encargan de convertir el discurso de inseguridad inducida en políticas de vigilancia policial y legislación discriminatoria, como el pacto entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana para registrar el uso que los migrantes hacen de la sanidad pública; en Torre-Pacheco, los sucesos del pasado verano han desembocado en un incremento de los cuerpos policiales y sus presupuestos además del debate público sobre la instalación de una comisaría de Policía Nacional.
No es casualidad que estas dinámicas prendan especialmente en lugares cuya principal actividad productiva es la agroexportación en los que la mano de obra inmigrante proporciona lo que, en términos marxistas clásicos, se llama “ejército de reserva industrial”, es decir, una remesa de obreros baratos, precarios tanto material como jurídicamente y fácilmente sobreexplotables. Los eventos de Torre-Pacheco recordaron a los sucesos de El Ejido (Almería), el municipio más poblado del Mar de Plástico, hace 25 años, cuando una oleada de violencia xenófoba contra la población marroquí, que se vino a llamar “la caza del moro”, terminó con la destrucción de locales y vehículos y linchamientos. Frente a estas persecuciones, los jornaleros inmigrantes se organizaron en asambleas y convocaron una huelga, que con mucha eficacia detuvo las agresiones y sentó en la mesa de negociación a los empresarios agrícolas, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para discutir alojamiento urgente para 400 personas que se habían quedado sin casa, indemnizaciones por las pérdidas sufridas y el compromiso de la patronal para que los inmigrantes tuviesen representación en el convenio del campo. La fuerza de la huelga radicó en que los mismos empresarios que alentaban la violencia xenófoba dependían, sin embargo, de la mano de obra migrante para obtener sus ganancias.
El racismo como cortina de humo
Los acontecimientos de Loja (Granada) este verano ejemplifican cómo se extiende el racismo en un medio rural cada vez más empobrecido y con un tejido social más descompuesto. Loja es una ciudad de 20.000 habitantes eminentemente agrícola, productora de olivar y espárrago. Según el censo de 2022, 1.245 de sus ciudadanos son extranjeros, de los cuales el 53,4% son de origen marroquí. Antaño una economía más pujante al calor de la burbuja inmobiliaria y de una industria textil hoy deslocalizada, Loja sufre una despoblación que se suma al deterioro de servicios públicos como el sanitario, en una tendencia común en el campo andaluz. En este contexto, el gobierno local (PP) ha atravesado en los últimos meses una crisis interna agravada por la creciente deuda municipal, que están pagando tanto los vecinos como colectivos como las trabajadoras de ayuda a domicilio, quienes denuncian la precariedad de sus condiciones laborales y del servicio, o los bomberos, que carecen de los efectivos necesarios para garantizar la seguridad a pesar de que una sentencia judicial demanda al Ayuntamiento aumentarlos tras la trágica muerte de una anciana en un incendio.
En medio de esta crisis, el recientemente dimitido alcalde de Loja, el también senador Joaquín Camacho Borrego (PP), se valió de una ventajosa cortina de humo para tapar su gestión. Una serie de reyertas entre hombres marroquíes y gitanos derivó en una campaña de señalamiento público de la población inmigrante por parte del alcalde, que reprodujo el mismo discurso de inseguridad e indefensión ciudadana de la extrema derecha, reclamando deportaciones e incluso haciendo comparaciones con Torre-Pacheco en la prensa: “Y ahora que me llamen racista algunos de izquierdas”. A la vez, el robo de un móvil por parte de dos hombres magrebíes llevó al alcalde a pedir, en una publicación en Facebook e Instagram con fotografías de los detenidos, “más mano dura contra esta chusma” y refuerzo policial, criticar el “buenismo” de los jueces y proponer un endurecimiento del, a su juicio, “blando” Código Penal (a pesar de que la última reforma penal para agilizar la expulsión de delincuentes extranjeros la aprobó el PP en 2015, siendo el único grupo que votó a favor en el Congreso).
En Loja el clima racista se ha terminado plasmando en políticas municipales: el dimitido alcalde, bajo una motivación ideológica que ha expresado abiertamente, no solo ha suspendido programas de integración sociocultural y educativa para niños de familias extranjeras, sino que aprobó una moción municipal sobre “la inmigración ilegal” presentada por Vox que conmina a la policía local a verificar los empadronamientos de inmigrantes (cosa que ya se venía haciendo), establece un buzón de denuncias anónimas para fomentar la delación vecinal e insta a la Junta de Andalucía a suspender “cualquier ayuda social” a personas que no tengan residencia legal, dando así pábulo al bulo que afirma que los inmigrantes indocumentados cobran subsidios aunque no estén registrados en el sistema. El PSOE votó en contra y calificó la moción de “xenófoba”, aunque se ha sumado al PP en la petición de más presencia policial y de la aplicación “rigurosa” de la Ley de Extranjería ya que, según la portavoz socialista, “hay que aceptar que tenemos un problema, […] porque los datos a veces no coinciden con la percepción de la ciudadanía, pero si los vecinos no se sienten seguros hay que hacer algo”.
En su alegato, el concejal de Vox afirmó que la moción “vino rodada” tras los incidentes, puso el foco en las “mafias de la trata” y se refirió a una operación policial de hace años en la que se detuvo a cinco personas en Loja, haciendo hincapié en que realizaron empadronamientos “ilegales” pero quedándose en la superficie y desviando interesadamente la atención de la raíz del problema: eran empresarios agrícolas que explotaban a jornaleros marroquíes en situación irregular con jornadas de medio día a 6 euros la hora y los hacinaban en condiciones infrahumanas en un mismo domicilio, donde les cobraban 450 euros por empadronarlos y 100 euros por un colchón para dormir. Este último es un caso típico que ilustra cómo las mafias de la trata —no solo en el campo sino en todos los sectores productivos, y no solo en pequeñas empresas opacas sino también en grandes y medianas empresas muy conocidas, como Glovo en Sevilla— se aprovechan de la inseguridad jurídica que provoca la política migratoria. En estas “mafias” la administración es un pilar fundamental, como demuestra la extensión de redes de extorsión policial a cambio de papeles. El chantaje sobre estos migrantes funciona por su condición de irregulares y su falta de derechos. No son, por tanto, casos aislados de mala praxis empresarial, sino el funcionamiento estructural de un sistema diseñado para posibilitar esa opresión y sobreexplotación.
Es destacable que Loja sirve de dormitorio a cientos de jornaleros que trabajan en Zafarraya, un pueblo colindante muy rico en horticultura exportadora que, sin embargo, ha figurado varios años como la localidad con la renta per cápita más baja de España. Zafarraya, con poco más de 2.000 habitantes censados, afronta un grave problema para alojar a los alrededor de 2.000 temporeros (otras cifras apuntan a 7.000 entre nativos y extranjeros) que vienen para la campaña de verano. La falta de vivienda y de alternativa habitacional (el pueblo cuenta con un albergue de la Junta de Andalucía con solo 100 plazas) ha conducido al hacinamiento en cortijos y al chabolismo, lo que deja a estas personas más dependientes y vulnerables a abusos e irregularidades laborales, cuando no a redes de semiesclavitud o, como destapó el personal médico de la zona este agosto ante el incremento de enfermedades de transmisión sexual, situaciones de prostitución para compensar los bajos jornales. Es reseñable que, en la última inspección de trabajo, de diecisiete sancionados, tres eran españoles y catorce extranjeros; es decir, que empresarios agrícolas marroquíes también se lucran de la desprotección de sus conciudadanos, lo que claramente demuestra que la sobreexplotación de la mano de obra migrante no atiende a criterios etnoculturales —como plantea la extrema derecha cuando afirma que los salarios aumentarían si todos los obreros fueran españoles— ni morales —como sostiene la izquierda institucional cuando apela a la buena fe empresarial—, sino a la lógica de la ganancia capitalista.
Sobreexplotación y brecha salarial
La Ley de Extranjería española garantiza que el mínimo nivel de reconocimiento de ciudadanía vaya de la mano de la máxima tasa de explotación laboral, especialmente en el campo: salarios bajos, irregularidades y abusos, contrataciones a través de empresas temporales, alta accidentalidad laboral, agresiones sexuales de encargados a jornaleras y prostitución, condiciones de esclavitud bajo el chantaje de “arreglarles los papeles”… Muchos de los empresarios que exprimen a la mano de obra inmigrante son los mismos que financian a Vox, incendian barracones de jornaleros magrebíes en Almería y Huelva y les mandan matones a desalojarlos; aunque pueda parecer paradójico, el objetivo no es otro que aterrorizar y disciplinar a la clase obrera inmigrante para que sea más sumisa y explotable. El corrupto alcalde de El Ejido (PP) durante los pogromos arriba citados sintetizó este funcionamiento así: “A las siete de la mañana los necesitamos a todos. A las siete de la tarde es cuando sobran”.
Según una investigación en la revista científica Nature, en el Estado español los inmigrantes perciben un salario 30% menor que el de los nativos. La patronal utiliza la división de la clase trabajadora entre nativa y extranjera para sobreexplotar a una mano de obra inmigrante que, de acuerdo con el Real Instituto Elcano, trabaja principalmente en el servicio doméstico (71%), la hostelería (45%), la construcción (32%), la agricultura (31%) y las actividades administrativas y servicios auxiliares (28%).
Volviendo a Zafarraya, la división del trabajo agrícola muestra la función económica de la segregación. Mientras el grueso de mano de obra extranjera se concentra en los cultivos, la mano de obra autóctona es mayoritaria en las cooperativas que seleccionan, manipulan y comercializan el producto, a lo que corresponden diferentes condiciones laborales, salarios y contratación, que suele venir acompañado además de la brecha de género. Una jornalera española de Loja nos contaba que los encargados en los tajos suelen contar con la mano de obra nativa los días que hay mucha hortaliza para cortar, mientras que se sirven de trabajadoras marroquíes cuando se prevé poco trabajo, de tal manera que ahorran costes —por ejemplo, no dando de alta todas las horas de la jornada— para compensar la venta menor.
Asimismo, como denuncia la organización Jornaleras de Huelva, es una práctica bien conocida que en el campo el patrón busque rebajar salarios y condiciones a las trabajadoras españolas bajo el chantaje de que tienen una fila de extranjeras dispuestas a hacer lo mismo por menos, el llamado dumping salarial; ante estas extorsiones, la Sindical Obrera Andaluza tiene claro que esa situación solo se supera mediante la unidad de clase por conquistas que mejoren las condiciones de trabajo y vida por igual para la clase obrera en su conjunto. Como nos explicó en una entrevista la sindicalista jornalera Ana Pinto:
“A la gente de aquí que sí tenemos papeles, nos dicen que, si no te aguantas con esto, te largas porque tengo ahí a 3000 personas que lo van a hacer por la mitad de dinero que tú. Y eso me lo han dicho a mí, en mi propia cara algunos jefes, en los 16 años que me he llevado trabajando en el campo. Por eso, pensamos que la #RegularizaciónYa de todas y todos los compas migrantes debe ser una prioridad fundamental para toda la clase trabajadora para que estemos todos en igualdad de condiciones. Para que no aprovechen esa desventaja para explotarnos a ambas partes y echarnos a pelear a ambas partes, que es otra de las prioridades que tenemos: combatir los discursos de odio que se crean y el racismo que abunda, sobre todo en los pueblos freseros contra nuestras compañeras y compañeros migrantes”.
La desunión, como vemos, contribuye a que la clase trabajadora esté más debilitada políticamente, desorganizada y desmovilizada por sus intereses como clase y frente a su enemigo común. El racismo y la xenofobia son el reflejo ideológico de esa lucrativa división, que se produce en el trabajo y que en Europa está garantizada con leyes y políticas de gobiernos de todo signo.
La política migratoria del Gobierno y la responsabilidad de la izquierda institucional
Debemos subrayar eso de ‘todo signo’, porque el actual Gobierno de España, del PSOE antes en coalición con Unidas Podemos (UP) y ahora con Sumar, pese a su palabrería humanitarista, mantiene unas políticas fronterizas tan mortíferas como las de la posfascista Giorgia Meloni, quien, de hecho, llegó a elogiar a Pedro Sánchez por el Pacto Europeo de Migración y Asilo, negociado bajo la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y que asienta el modelo de campos de detención en terceros países, devoluciones en caliente y nuevos y mayores CIEs. El gobierno de Sánchez, tanto de forma directa como por mediación de la Comisión Europea, riega con cientos de millones de euros a países como Marruecos, Mauritania, Túnez, Guinea, Senegal y Gambia para que le hagan el trabajo sucio en el control migratorio al margen de las garantías jurídicas europeas. En ese marco, Marruecos, Túnez y Mauritania han desarrollado un sistema para secuestrar, transportar y abandonar en el desierto a migrantes, refugiados e incluso residentes legales solo por ser de piel negra, cuando no los venden a traficantes de personas.
El Gobierno del PSOE antes con Unidas Podemos y ahora con Sumar ha maquillado estos paquetes financieros como inversiones en “desarrollo humano”, pero al final la sangre en la frontera sur es tanta que acaba chorreando y no pueden esconder las pilas de cadáveres como en la masacre de Melilla del 24 de junio de 2022, cuando la brutalidad policial mató a 37 personas que intentaban saltar la valla y dejó 70 desaparecidos. La policía marroquí llegó a entrar a suelo español para golpear, detener y devolver en caliente a los inmigrantes, en su mayoría del África subsahariana. Los muertos fueron enterrados sin autopsia ni identificación. Sánchez defendió la actuación, calificándola de “proporcional”, y felicitó al gobierno marroquí; el ministro Marlaska llegó a negar los hechos; para Unidas Podemos la matanza no supuso ninguna línea roja y ni se planteó dimitir del ejecutivo; Yolanda Díaz mandó sus “condolencias” a las familias de los asesinados.
Los mencionados acuerdos sobre control migratorio entre el Gobierno de España y países extracomunitarios suelen incluir contrataciones en origen o de “migración circular” para traer remesas de obreras de usar y tirar, una vía que conocen bien en el sector de los frutos rojos de Huelva, donde la organización Jornaleras de Huelva en Lucha destapa abusos sobre las temporeras bajo la extorsión de la devolución. A estas trabajadoras se les niegan las prestaciones y la asistencia sanitaria a pesar de que cotizan en el sistema español; sacando tajada, patrones y encargados las engañan para que paguen por esa atención médica. En la última campaña de la fresa, la Sindical Obrera Andaluza denunció un caso de represión sindical contra una temporera marroquí contratada en origen, una constante en un sector donde los empresarios se aprovechan del desconocimiento del idioma y la desprotección jurídica de trabajadoras que están entre dos sistemas legales.
Al mismo tiempo, el PSOE ha bloqueado el desarrollo de una iniciativa legislativa popular para la regularización de 500 mil inmigrantes. En cambio, varias confederaciones empresariales, entre ellas la CEOE y la patronal de la Región de Murcia, se han manifestado a favor de regularizaciones masivas para cubrir la escasez de mano de obra y atender a las necesidades del capital, en un tono similar al de la izquierda institucional o al del PP con su reciente giro discursivo para diferenciarse de Vox, que se refieren a la población migrante en términos utilitaristas como aquellos que vienen a ocupar los trabajos más penosos, paliar la depresión demográfica y ser cotizantes de la Seguridad Social para salvar las pensiones. Aunque pueda parecer contradictorio, esa posición de la patronal en realidad revela que toda la opresión y la violencia que los Estados capitalistas descargan en sus fronteras no tiene por objetivo cortar el flujo migratorio sino laminarlo para que quien entre al territorio lo haga como mano de obra barata, desprovista de derechos y vulnerable. Según la organización Caminando Fronteras, cada día una media de 30 personas mueren intentando atravesar las fronteras terrestres y marítimas del Estado español, lo que en 2024 supuso 10.457 muertes registradas y 3.090 (437 eran niños) en 2025, siendo la ruta atlántica en cayucos hacia Canarias la más letal. Estas personas huyen de regiones expoliadas por el extractivismo y azotadas por guerras y catástrofes ecológicas en las que intervienen los países imperialistas europeos. Estamos ante un exterminio que tiene responsables en los gobiernos y beneficiarios en la clase capitalista.
Nativa o extranjera, la misma clase obrera
Ante el avance electoral de la extrema derecha, que se nutre del malestar social, el Gobierno de PSOE-Sumar, así como otros partidos de la izquierda institucional como Podemos y Bildu, se presentan como garantes de los derechos de las minorías y un “mal menor” frente a un futurible ejecutivo de PP-Vox; sin embargo, el balance de arriba prueba que no solo no están enfrentando el racismo institucional, sino que están gestionándolo como una pieza más del sistema capitalista, que no cuestionan en sus proyectos políticos. Aunque quisieran hacerlo, no pueden, no tienen esa capacidad.
Frente a las divisiones que nos impone una patronal asistida por una izquierda institucional gestora de la miseria y la explotación, la clase trabajadora solo se tiene a sí misma. Vengamos de donde vengamos, tenemos los mismos intereses y enemigos comunes. Mientras sigamos desunidos, la extrema derecha seguirá extendiendo sus tentáculos valiéndose de la impotencia y la falta de horizontes que solo podemos vislumbrar a través de la organización independiente, arrancando victorias y tomando conciencia del poder que tiene la clase obrera mediante sus herramientas de lucha —la organización sindical, la huelga, la organización política independiente— en los centros de trabajo y sus barrios. Aprendemos lo fuertes que podemos ser cuando golpeamos con unidad de clase y por encima de nacionalidades gracias a experiencias como la de los jornaleros de El Ejido con su huelga el año 2000; la de los compañeros de la huelga convocada por CNT en Litera Meat; la de la juventud que salió a las calles de Badalona con OJS a confrontar el racismo y la xenofobia; y la de las camareras de piso de la CSTA de Granada.
En Europa, mientras meten miedo con que viene el coco facha, los gobiernos socialdemócratas y liberal-conservadores refuerzan los muros y agudizan —violando sus propias leyes— la persecución interna tanto a migrantes como a activistas internacionalistas. En Estados Unidos, Trump despliega su policía antiimigración, la ICE, el 14º ejército mundial en financiación y armamento, reclutado con propaganda fascista, para secuestrar a miles de familias extranjeras, separarlas y deportarlas a países que no son ni los suyos de origen, a la vez que detienen, mutilan y asesinan con total impunidad a los ciudadanos estadounidenses que se están oponiendo. La extrema derecha quiere un Torre-Pacheco global, pero nos tendrá enfrente a trabajadores y trabajadoras de todos los países bajo la misma bandera.
