Cuando la salud se convierte en negocio
Estos días hemos podido oir los audios en los que el Director Ejecutivo (CEO) de Ribera Salud, Pablo Gallart, instaba a aumentar las listas de espera, a rechazar pacientes y a evitar intervenciones poco “rentables” en el Hospital de Torrejón de Ardoz con el fin de obtener “cuatro o cinco millones” de euros de beneficio. El contenido de estos audios no es sólo un bofetón de realidad para quienes aún creen que la sanidad privada puede convivir con principios de justicia, equidad y dignidad, es además una muestra de la arrogancia y el desprecio con el que los “empresarios de la sanidad” conciben a los pacientes.
Que un centro público —porque el Hospital de Torrejón es nominalmente público, aunque de concesión privada— se gestione con criterios mercantiles, y que su dirección lo reconozca así, sin tapujos, pone en evidencia las bases estructurales del modelo: el beneficio por encima de la salud. El dinero por encima de los pacientes. Ya lo dice Gallart en sus audios: “la elasticidad de la cuenta de resultados respecto a la lista de espera” es directa, es decir: cuanto menos se opere, menos se gasta, y más se gana.
Pero por obsceno que resulte escucharlo en su crudeza, es algo que no nos sorprende, es natural: la cruda lógica del lucro que rige a cualquier empresa privada choca frontalmente con algo tan básico como el derecho a la salud y la dignidad de los pacientes, que debería ser la lógica que dirigiera el sistema sanitario. Por ello, cuando la Comunidad de Madrid dice que “no se detectaron irregularidades” no podemos más que darles la razón. ¡Claro que no se detectaron irregularidades! Que un empresario busque el beneficio económico por encima de la salud de pacientes y trabajadores no es algo irregular en el capitalismo, está en la naturaleza del sistema. Lo que debería ser irregular es que se normalice que dos conceptos que debieran ser antagónicos: “mercado” y “hospitalario”, “empresarios” y “sanidad”, se conjuguen juntos como un mismo sujeto. La sanidad pública no puede regirse por balances contables o por “márgenes de rentabilidad”, la sanidad pública (y no sólo) tiene que situarse al margen de la lógica mercantil.
¿Un caso aislado? Para nada, la práctica habitual de PP y PSOE
La situación es aún más grave si tomamos conciencia de que este episodio no se trata de un hecho puntual, de una manzana negra del “noble empresariado sanitario”, sino que es la demostración palpable del riesgo inherente de delegar la gestión de lo público a empresas privadas cuyo objetivo esencial —obvio— es ganar dinero.
No se trata solo de Ribera Salud. En España, el sector privado gestiona una parte muy importante del sistema sanitario: según los datos más recientes, la sanidad privada absorbe más del 30 % del conjunto de la sanidad española.
Entre estas empresas destaca Quirónsalud, que en 2022 tuvo unos ingresos de ni más ni menos que 4.441 millones de euros, liderando el lucrativo mercado privado hospitalario.
Las aseguradoras privadas que gestionan la sanidad de amplios colectivos, entre ellos una parte importante del funcionariado a través de MUFACE —como SegurCaixa Adeslas o Sanitas— representan casi la mitad del mercado de seguros de salud en España: en 2022 facturaron conjuntamente unos 4.799 millones de euros.
Estas cifras no son anecdóticas: muestran la magnitud del negocio. Y, por tanto, la magnitud del conflicto de intereses que supone entregar la provisión de salud —un derecho fundamental— a quienes sólo buscan maximizar beneficios.
Que las empresas quieran entrar en este lucrativo mercado es natural, que políticos neoliberales con intereses pecuniarios lo potencien puede ser comprensible, pero lo que es un insulto a la inteligencia humana es la hipocresía de un PSOE, que finje estar escandalizado ante el caso del hospital de Torrejón de Ardoz. ¿No sabía el PSOE cuando realizaba conciertos con la sanidad privada en Andalucía que las empresas privadas se rigen por la ley del máximo beneficio? ¿No lo sabía cuando externalizaba pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas? En sus casi 40 años de gobierno en Andalucía, el PSOE recurrió de forma sistemática a la externalización de la sanidad como una estrategia estructural en su gestión sanitaria. En lugar de abordar la falta de personal o la obsolescencia de algunos de los recursos realizó macro conciertos con los Hospitales Pascual (hoy también dentro de QuirónSalud), derivó de forma masiva pacientes a la privada y externalizó pruebas y servicios. Si bien es cierto que el PP ha acelerado el proceso, lo ha hecho sobre las bases que ya pusiera el PSOE en su día. ¿A qué viene ahora escandalizarse por unas prácticas que ellos mismos implementaron?
Seguros privados, y hospitales públicos gestionados por la privada: una vía hacia la desigualdad
La realidad es que un porcentaje relevante de ciudadanos opta hoy por la sanidad privada —o son empujados a ella por la sobrecarga del sistema público—, promoviendo un sistema desigual en lo que debería ser un derecho fundamental garantizado: quienes pueden pagar obtienen un trato distinto, quienes no, dependen de una red pública cada vez más saturada y con menos recursos.
Este desmantelamiento de lo público en aras de lo privado supone también que la atención sanitaria deje de estar guiada por criterios de necesidad médica, urgencia o complejidad, y pase a entenderse como un producto sujeto a análisis de coste-beneficio. Como demuestra el caso de Torrejón: si un procedimiento cuesta demasiado, si no es “rentable”, no se hace, se retrasa o se cancela. Y si además hay trabajadores que se atreven a denunciarlo, se les despide. Si quienes gestionan la atención sanitaria tienen como norte la obtención del máximo beneficio, inevitablemente sus decisiones tenderán a maximizar ganancias. Esa es la lógica de toda empresa privada. Esa es la ley motiv que mueve su actividad. Esa es la naturaleza del capitalismo. Pero esa no puede ser la ley de la sanidad.
El modelo público, cada vez con más concesiones, se desmorona
El modelo de concesión que permite que un hospital público sea gestionado por una empresa privada se vende, sobre el papel, como una forma de compatibilizar eficiencia y servicio público. Pero los audios de Torrejón demuestran que ese equilibrio no es real. Cuando la prioridad son los resultados económicos y no los sanitarios, la eficiencia ya no se mide en calidad asistencial sino en recortes: menos operaciones, menos tratamientos, menos personal, más demoras, selección de pacientes.
Y lo más preocupante: conforme estas prácticas se normalizan, la sanidad se transforma en un bien de mercado, no en un derecho universal. Cuando la lógica es la maximización del beneficio, la salud se convierte en un privilegio, no en una garantía.
En ese contexto, ¿qué espera el ciudadano sin recursos? ¿Qué espera alguien con una enfermedad compleja, que requiere un tratamiento costoso o continuado? Se encuentra con listas de espera crecientes, con la posibilidad de ser rechazado, con tratamientos aplazados o directamente cancelados por “no rentables”.
No se puede dejar la sanidad en manos de quien busca lucro
El caso del Hospital de Torrejón de Ardoz —con sus audios, sus decisiones internas, sus despidos a quienes alertaron sobre posibles malas prácticas— debe servir para algo más que la indignación puntual. Debe servir como alerta: privatizar la sanidad no es “hacer lo mismo, pero en una empresa privada”. Consiste en transformar un derecho colectivo —la salud— en una mercancía sujeta a márgenes de beneficios, cuentas de resultados, y decisiones basadas en rentabilidad.
Y eso es incompatible con lo que la sanidad debe ser: un servicio universal, digno, equitativo, orientado a la salud y la vida. Si se deja en manos de empresas cuyo fin es el lucro, inevitablemente se priorizará la cuenta contable sobre la cura, la ganancia sobre la salud y la vida.
Por eso, quienes defendemos una sanidad pública de verdad —no disfrazada de pública pero gestionada por privados— exigimos: que la salud esté fuera del mercado. Que las razones de justicia social y de dignidad humana sustituyan a las razones de negocio y de mercado. Que no haya intereses económicos detrás de una operación, un medicamento o una lista de espera.
La salud no puede ser una oportunidad de negocio. Si lo permitimos, estaremos renunciando a uno de los derechos más fundamentales: que todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a recibir la atención sanitaria que necesite cuando la necesite.
