LA REVUELTA DE LA JUVENTUD ROMPE LA CALMA DE LA MONARQUÍA ALAUITA

Dedicamos este dossier a una lucha internacional. En concreto abordaremos la revuelta que está protagonizando la juventud marroquí, un nuevo episodio de la Generación Z que se une a otros como las movilizaciones de Nepal o Madagascar. Para ello presentamos este texto, escrito por el NPA-R (Francia) y traducido por Tomás Martínez para IZAR, en el que se analizan el desarrollo, las causas y los precedentes de una movilización que se mantiene a pesar de la represión del régimen de Mohamed VI.

Gracias al impulso que hemos generado, nuestro país está forjando un camino seguro hacia una mayor justicia social y territorial”. Con este “nosotros referido a sí mismo, eso fue todo lo que el rey de Marruecos pudo decir el 10 de octubre en su discurso a los parlamentarios. Tras 15 días de manifestaciones en todo el país con reivindicaciones sociales y pidiendo la destitución del primer ministro, el desprecio fue absoluto. ¿Pero acaso a alguien se esperaba otra cosa? Para quienes pedían la destitución del gobierno y un cambio de políticas, la respuesta es clara.

El colectivo GenZ 212 (en referencia a la generación que se ha movilizado desde la década de 2020, más recientemente en Nepal y Madagascar, seguida del código de país de Marruecos), recuerda que sus reivindicaciones se mantienen inalterables y que será “contra el gobierno y todos los corruptos que obstaculizan la realización de las aspiraciones del pueblo marroquí” la próxima vez, ya que el problema, claramente, no es solo responsabilidad del primer ministro.

El régimen marroquíamasa riqueza y servicios públicos para la élite

Desde el 27 de septiembre, la juventud marroquí ha salido a las calles en varias ciudades del país, desde pequeños pueblos hasta grandes centros urbanos como Agadir, Rabat, Marrakech y Uchda, tras un llamamiento a la acción en redes sociales del colectivo GenZ 212. La represión policial, que se saldó con cientos de arrestos y 3 muertes en Lqliâa, un suburbio de Agadir, la noche del 1 de octubre, no ha mermado la determinación de los manifestantes. Este levantamiento recuerda a la primavera Árabe de 2011 y a los disturbios del Rif de 2016-2017.

Una vez más, sacude las cadenas de un Marruecos dominado por una monarquía que se atribuye la descendencia directa del profeta Mahoma, rodeada por una casta de notables y empresarios que controlan las altas esferas del aparato estatal, aún conocido con el término majzen (“almacén” donde se acumulaba la riqueza… reemplazado por la corrupción moderna actual). Este es el Marruecos donde las construcciones de lujo y los servicios para turistas adinerados conviven con la pobreza extrema y al que Macron viajó el año pasado para negociar acuerdos con empresas francesas.

La educación y la salud públicas fueron el punto de partida de la Revuelta: 2 semanas antes, el 14 de septiembre, una multitud se manifestó frente al hospital de Agadir, donde 8 mujeres fallecieron a finales de agosto tras cesáreas por falta de recursos y condiciones deplorables. La burguesía se encuentra a salvo en sus clínicas privadas. ¿Derecho a la educación? Según un estudio reciente de UNICEF, casi el 40% de los niños de las zonas rurales tienen dificultades para encontrar una escuela. En cambio las escuelas privadas de pago han florecido para 1,2 millones de estudiantes, incluyendo las creadas por instituciones extranjeras para ofrecer acceso a carreras profesionales y oportunidades internacionales a la élite de la sociedad.

El 7 de octubre docentes universitarios, impulsados por el levantamiento juvenil, declararon una huelga de 48 horas contra la reforma que pondría fin a la gratuidad de las matrículas universitarias. Pero el deterioro de estos sectores no es ni mucho menos el único motivo de la movilización; es solo un aspecto de las profundas injusticias que azotan a la sociedad marroquí en todos los sectores.

Una generación Z heredera de las revueltas que la precedieron

Antes del llamamiento de la Generación Z 212, el 4 de septiembre, en la ciudad de Alhucemas, en la región del Rif, estallaron violentos enfrentamientos entre jóvenes manifestantes (miles según la prensa) y las fuerzas de seguridad tras la detención de varios participantes en una marcha por la liberación de Nasser Zefzafi, uno de los líderes del levantamiento de 2016-2017. Condenado a 20 años de prisión, Nasser Zefzafi había obtenido un permiso especial de un día para asistir al funeral de su padre, que se convirtió en una manifestación. Con el terrible origen en la muerte de un joven desempleado, aplastado por un camión de basura donde intentaba recuperar el pescado que vendía para ganarse la vida, la revuelta duró más de 6 meses y puso muy nerviosa a la monarquía alauta.

El levantamiento del Rif fue precedido por el llamado movimiento del 20 de febrero de 2011 (llamado así por su fecha de inicio), que siguió al derrocamiento de Ben Ali en Túnez y de Mubarak en Egipto. En aquel momento, estaba liderado por antiguos activistas de extrema izquierda que finalmente habían sido liberados de las cárceles donde Hassan II los había encarcelado, y por activistas de una generación más joven, incluyendo una asociación de “graduados desempleados”, nueva categoría de trabajadores/as en aumento en África.

El régimen logró mutar unos meses después entregando el poder, tras elecciones (como en Egipto), al islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), que fue reemplazado apenas 10 años después por el actual primer ministro, tras varios escándalos (y una aplastante derrota electoral en 2021). Desacreditado por su tiempo en el poder, el partido islamista insta ahora a los manifestantes a poner fin a sus manifestaciones antes de lanzarse a lo desconocido”. ¿Será esta una forma de recuperar el favor del rey?

Denunciar la corrupción implica atacar a todo el regimen

Mientras exigían la destitución del primer ministro y del gobierno, los organizadores de GenZ 212 escribieron en su discurso al rey, publicado en Discord, que solicitaban “un espacio para debatir sobre salud, educación y corrupción”, y que lo hacían “por la nación y el rey”. Una sorprendente expresión de lealtad a la monarquía. A menos que se tratara simplemente de una medida de precaución en un país donde cualquier delito de lesa majestad o crítica a la religión puede llevar a la cárcel.

La prudencia y el respeto como las normas que rigen la sociedad marroquí no son algo que los propios manifestantes poseen. Ejemplo es Nasser Zefzafi, cuyo mayor delito, como justificaron las autoridades con su condena por su papel en el levantamiento del Rif, fue haber interrumpido un sermón en la mezquita acusando al imán de ser portavoz de las autoridades. O la activista de DDHH condenada a 3 años de prisión por insultar a un magistrado tras ser condenada antes por “insultar al rey”. O la activista feminista a 30 meses de prisión y una cuantiosa multa por “insultar a la religión islámica” tras publicar que el islam, “como todas las ideologías religiosas, es fascista, falocéntrico y misógino”.

Denunciar la corrupción del régimen es, en efecto, denunciar el corazón del aparato estatal, la familia real y su séquito. La fortuna del rey, con un holding empresarial en telecomunicaciones, energía, turismo y construcción, está estimada por Forbes en 6.000 millones de euros, a los que hay que añadir el salario real de 2,3 millones de euros anuales y los gastos de la corte, tanto de personal como de equipo, que ascienden a unos 150 millones de euros. El primer ministro, Aziz Akhannouch, es uno de los hombres más ricos del país al frente del sector inmobiliario, el turismo, los medios de comunicación y la cadena de gasolineras Afriquia, envuelta en varios escándalos.

Una revuelta de los sectores más pobres que no admite analgésicos

La revuelta que sacude todas las ciudades de Marruecos se originó principalmente entre los jóvenes, y es comprensible que fueran los primeros en salir a las calles, a pesar de la represión policial. Más allá de los problemas de educación y salud que la desencadenaron, la revuelta aborda todas las injusticias de la sociedad: la falta de agua y electricidad, el desempleo, los salarios de miseria y las regiones desfavorecidas. Afecta a toda la población pobre de Marruecos y podría extenderse.

Es más como intentar ocultar el sol con un colador es el análisis grosso modo de la respuesta dada por el rey al movimiento Gen Z 212 para apaciguar las protestas. Es cierto que las nuevas promesas del monarca de aumentar los presupuestos de sanidad y educación para 2026, por muy milagrosas que las presente la prensa marroquí, parecen una perfecta aunque inútil cortina de humo para ocultar los problemas.

Son promesas que no cuestan nada. El rey habla de un aumento del 18% en el presupuesto sanitario en comparación con 2025. Pero era tan bajo, los hospitales estaban tan deteriorados, que Incluso si esta promesa se cumpliera, no cambiaría mucho: 14 mil millones de dírhams (1.300 millones de euros) más que el año pasado para los 90 hospitales en crisis. Probablemente menos, considerando que buena parte del presupuesto sanitario va a parar a las arcas de clínicas privadas de la burguesía marroquí. En comparación, la construcción del estadio más grande del mundo en Casablanca costará solo 25.000 millones de dírhams.

El anunciado aumento del presupuesto de educación no va mucho más lejos. La verdadera noticia reside en otra parte: en el ejército, entre 79.000 y 157.000 millones de dírhams, dependiendo de si se contabilizan los gastos fijos previstos o las autorizaciones de gasto. Controlar el Sáhara Occidental y vigilar el muro fronterizo construido contra el Frente Polisario saharaui es realmente costoso. Y no solo los servicios sanitarios y la educación han conmovido a la juventud marroquí: también la pobreza del país, la falta de empleo y la corrupción del monarca y del mundo empresarial.

Mientras intenta aislar a la juventud indignada del resto de la población con promesas vacías, el régimen continúa con su represión: 1500 manifestantes se enfrentan a acciones legales y otro millar se encuentra detenido. 240 ya han sido condenados por el tribunal de Agadir, de los que casi la mitad recibió penas de 6 a 15 años de prisión por protestas ilegales. Las últimas manifestaciones de importancia las noches del sábado y el domingo 25 y 26 de octubre sirvieron para lanzar llamamientos, exigiendo también la liberación de los detenidos.