A finales de mayo supimos que un juzgado de Leganés citaba como querellados a tres ex altos cargos de la Comunidad de Madrid, además de una geriatra, en una nueva causa judicial por los llamados “protocolos de la vergüenza” que prohibían derivar a los/as pacientes más graves de las residencias a los hospitales durante la crisis de la COVID19. En total, 7.291 residentes fallecieron en la CAM a consecuencia de haber contraído el SARS-CoV-2. Es imposible, además, cuantificar cuántas vidas se hubieran salvado si no hubieran existido dichos protocolos.
Esta cifra tan alarmante esconde una dura realidad: ni siquiera durante la mayor crisis sanitaria de nuestra historia reciente, los recursos públicos o privados fueron puestos a disposición de quienes más lo necesitaban. No se trata de una gestión negligente o fallida; es el capitalismo en estado puro. Tanto el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, como el ejecutivo central, capitaneado en aquel entonces por PSOE-UP, se negaron a poner la vida en el centro del debate.
La saturación de centros públicos fue más que evidente en una comunidad cuyos profesionales llevan años denunciando los recortes. A pesar de los esfuerzos de la maquinaria de propaganda de Ayuso, lo cierto es que la sanidad madrileña no incrementó los recursos al nivel necesario. El ejecutivo regional se dedicó más bien a hacer negocio con algunas empresas privadas. Prueba de ello es que la construcción del Hospital Zendal, que apenas tuvo actividad, permitió repartir adjudicaciones millonarias a constructoras como Dragados o Sacyr, ambas conocidas por haber sido protagonistas de numerosos escándalos de corrupción.
Además, recientemente hemos conocido que se ha desprendido parte del falso techo de uno de los módulos del Zendal, cuyo mantenimiento fue encargado a Ferrovial. Se trata de una máxima común que evidencia que los de siempre vienen a hacer negocio a costa de nuestra salud, sin que ello además redunde en un beneficio social. Si las partidas presupuestarias repartidas entre los socios privados de siempre se hubieran destinado a mejorar los recursos de la sanidad pública, ¿cuántas vidas hubiéramos podido salvar?
Otro caso que todos/as recordamos es el de la venta de mascarillas, en el que varios comisionistas obtuvieron beneficios millonarios por intermediar en la compra de material sanitario. Sin embargo, y a pesar de que estos hechos han quedado probados, la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los dos acusados al considerar que no estaban obligados a comunicar al consistorio las comisiones que iban a recibir.
A todo lo mencionado anteriormente hay que añadir que, según datos a los que ha tenido acceso el diario Infolibre, de los residentes que fueron derivados a los hospitales -los menos graves- ninguno fue atendido en un hospital privado. Si pudieron hacerlo en estos centros quienes disponían de una póliza de seguro. El autodenominado gobierno más progresista de la historia, esto es, el ejecutivo central, que tenía instrumentos legales para poner los recursos privados al servicio de la sanidad pública, no dudó en mantener el status quo de una burguesía cuya necesidad de acumulación le cuesta muchas vidas a nuestra clase.
No es casual que uno de los colectivos más maltratados, y el que peores consecuencias sufrió durante la pandemia, sea precisamente el de los y las ancianas. En un sistema que establece nuestra valía en función de lo que somos capaces de producir, cuando ya no impactamos de manera positiva en la cuenta de resultados de los capitalistas, se nos desecha socialmente. No podemos ni debemos normalizar que esto siga ocurriendo. Y para ello, no son válidas las medias tintas ni los discursos ambiguos que no confrontan a quienes se benefician a costa de nuestra salud. Porque si no los desposeemos, si no acabamos con esa necesidad de acumulación, nunca seremos la prioridad.
