En las últimas semanas se han evidenciado diferencias, en los medios de comunicación entre los socios de gobierno, PSOE y SUMAR, al respecto de dos grandes cuestiones: la reducción de la jornada laboral y la tributación de la última subida del salario mínimo aprobada en febrero. No obstante, es inevitable pensar que, más allá de las bondades que estas medidas puedan suponer, de fondo hay un cálculo que ya encara las próximas elecciones, cálculo en que el los intereses de las y los trabajadores cuenta muy poco.
Hagamos una breve síntesis a modo de recordatorio. En junio de 2023, con unas elecciones generales adelantadas que cogieron a todo el mundo a contrapié, Yolanda Díaz anunciaba una de sus propuestas estrella, la reducción de la jornada laboral, sin pérdida de salario, a 37,5 horas en 2024, para que luego fuera recortada, de manera progresiva, hasta las 32. A comienzos de 2025, dicha medida seguía sin llevarse a cabo, aunque en diciembre se había firmaba el “Acuerdo Social para la reducción de la jornada laboral” entre CCOO, UGT y el Gobierno. En enero, se acentuaba el enfrentamiento entre los socios, personificado en las figuras de Carlos Cuerpo, Ministro de Economía, Comercio y Empresa, y Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo y Economía Social. Las discrepancias tenían que ver con aspectos como la fecha de entrada en vigor, la forma en que esta afectaría a los contratos a tiempo parcial y las posibles ayudas a empresas, cuestión que estuvo sobre la mesa antes de que la patronal abandonará las negociaciones. Finalmente, la propuesta se aprobaría en el Consejo de Ministros a comienzos de febrero, aunque aún debe recorrer ulteriores trámites parlamentarios.
Por otro lado, el 29 de enero de 2025 se firmaba un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT que conllevaba una subida del salario mínimo de un 4,4% (1.184 euros, frente a los 1.134 euros en 2024). A pesar de que la patronal no aceptaba algo así (planteando una subida de entre un 3 y 3,4% como máximo) y, por tanto, ya no había que contar con ellos, el pacto alcanzado era inferior a la propuesta de las organizaciones sindicales (6%). En febrero, el Gobierno aprobaba dicha subida, pero con letra pequeña: a partir de enero de 2025 el aumento, que para los trabajadores y trabajadoras que cobran el salario mínimo supondría pasar de 15.876 a 16.576euros anuales, vendría acompañada de tributación, cuando hasta ahora estos trabajadores habían estado exentos, calculándose que afectaría alrededor de medio millón de personas (un 20% de quienes cobran el SMI). Esto, de nuevo, hacía saltar las chispas entre los socios de gobierno: mientras el PSOE defendía la medida desde el Ministerio Hacienda, Yolanda Díaz declaraba que se “había enterado por los medios” mostrándose en contra.
Que la subida del salario mínimo o la reducción de la jornada laboral serían buenas noticias escapa a toda duda. De hecho, en países como el Estado español hemos normalizado la jornada de 8 horas (que no siempre se cumplen como bien sabemos, por no hablar de las condiciones laborales en el conjunto del mundo), como si se tratase de un hecho casi natural, cuando en realidad deberíamos trabajar menos para vivir mejor. Así mismo, con respecto al salario, 3 millones de personas (en torno a un 14%) son pobres a pesar de tener trabajo. Por tanto, si medidas de este tipo se llevasen adelante ya sería una mejora, aunque mínima (media hora al día de reducción en contratos a tiempo completo) y totalmente insuficientes.
Sin embargo, una vez más, tenemos que ver como nuestros intereses como trabajadores y trabajadoras dependen de cálculos y equilibrios institucionales. Y lo que es peor, dicho cálculos no se dirigen más que hacía la obtención de migajas y males menores. Y eso por dos razones: la primera, porque dichas medidas, impulsadas por uno de los autoproclamados como “gobierno más progresista de la historia”, no se basan más que en llegar a pactos con la patronal (aunque estos finalmente se descuelguen de los acuerdos) la cual no tiene interés ni en subidas reales del salario mínimo ni mucho menos en reducir la jornada laboral, por lo que nunca se solucionarán estos problemas; y la segunda, porque no es que la patronal u otros partidos no dejen ir más allá, sino que se trata de medidas pensadas como parches, que no se enfrentan ni buscan enfrentarse a los intereses de los que más tienen, cuyos beneficios, para colmo, no han dejado de crecer en los últimos años. Es decir, ni por el cómo ni por el qué, la clase trabajadora conseguiremos realmente revertir la situación actual de esta manera.
Pero, yendo más allá, lo que peor es que esas migajas, insuficientes, limitadas, cuestionadas y que aún de todas formas hay que ver si salen adelante y cómo, no son más que medidas pensando ya en las próximas elecciones. PSOE y SUMAR tienen que poder sacar algo a y la vez desmarcarse el uno del otro. Ambos comparten la necesidad del acuerdo y la paz social con la patronal, y por tanto no pueden diferenciarse en lo cualitativo, sino en lo cuantitativo. Es decir, no se distancian en el qué o el cómo, sino en el cuánto o el cuándo. Así, cada cual tiene que jugar su partida: para no quedar demasiado a la derecha de SUMAR, el PSOE tiene que evitar oponerse a medidas sentidas como necesarias por las y los trabajadores; y a la vez SUMAR, tiene que situarse a la izquierda del PSOE pero sin plantear nada que no pueda conseguirse “por las buenas”, ya que Yolanda Díaz tiene que desmarcarse para intentar frenar el ascenso de PODEMOS, que puede cuestionarla como líder absoluto de la izquierda a la izquierda del PSOE, como lo parecía en 2023, más si cabe con el reciente escándalo de I. Errejón.
Así, que estas medidas tarden más o menos, que sean mejores o peores, no dependen de cómo vayan a afectar a los trabajadores y trabajadoras, sino de los cálculos electorales de unos y otros. Y eso para recibir, en el mejor de los casos, migajas. Aceptando, como ya hemos dicho, que reducir el tiempo de trabajo o elevar nuestros sueldos son buenas medidas, hay que romper con esa lógica del mal menor, el juego de lo institucional y la paz social. Las y los trabajadores deben hacer efectivo su derecho a reducir la jornada laboral y a ganar más, a no ser pobres mientras trabajan. No podemos quedarnos expectantes a qué ministros se pelean ahora por una medida que ya de por sí puede estar descafeinada, en tal o cual medio, para luego llegar a un acuerdo o que se agote todo en un trámite parlamentario en el que poco importamos. Al contrario, es necesaria la organización y la movilización, poniendo en el centro algo muy diferente a la paz social: el enfrentamiento contra los intereses de los que más tienen.
