El 1 de febrero de 1980, Yolanda González Martín, militante del PST y activista estudiantil, fue secuestrada y asesinada por una banda fascista vinculada a Fuerza Nueva. A 45 años de su brutal asesinato, su memoria sigue viva como símbolo de lucha contra el fascismo, el capitalismo y las injusticias que persisten en nuestra sociedad.

Yolanda, nacida en Zalla (Vizcaya), tenía solo 19 años cuando fue asesinada. Su compromiso con las ideas de izquierdas la convirtió en el blanco de un grupo ultraderechista, que encontró en ella el pretexto perfecto para llevar a cabo una de las tantas acciones de terror que marcaron los años de la llamada “Transición democrática”.

El asesinato brutal despertó una respuesta inmediata de indignación y movilización popular. En todos los centros de estudio se organizaron asambleas, y el 5 de febrero la Coordinadora de Estudiantes convocó una huelga general que paralizó el ámbito educativo. Las movilizaciones por justicia para Yolanda se sucedieron hasta lograr la detención, el procesamiento y la condena de los responsables e instigadores del crimen. Sin embargo, nunca se investigó la red de relaciones entre estos asesinos y las fuerzas represivas del Estado, a pesar de que las conexiones con los servicios de seguridad del Estado eran ampliamente comprobables.

El secuestro y asesinato

La noche del 1 de febrero, Yolanda fue secuestrada de su casa en el barrio madrileño de Aluche por Emilio Hellín Moro y varios colaboradores. Hellín, con 32 años, había sido jefe de seguridad de Fuerza Nueva en el distrito madrileño de la Arganzuela, y jefe del denominado “Grupo 41” del parapolicial Batallón Vasco-Español (BVE), antecedente de los GAL. Yolanda fue llevada a las afueras de la ciudad, interrogada bajo amenazas y, finalmente, ejecutada de dos disparos. Según sus asesinos, el motivo era su militancia política y su origen vasco, ya que alegaban falsamente que estaba vinculada a ETA.

El 7 de febrero de 1980, Emilio Hellín fue arrestado y sentenciado a 43 años de prisión por su crimen, aunque solo cumplió 14 de ellos. Su primer intento de fuga se produjo en agosto de ese mismo año. A pesar de este antecedente, el juez José Donato Andrés autorizó, el 20 de febrero de 1987, un permiso de seis días para salir de la prisión de Zamora. Aprovechando la oportunidad, Hellín huyó de España acompañado por su familia y terminó en Paraguay, donde fue acogido por los servicios de inteligencia del régimen de Alfredo Stroessner.

Después de dos años como fugado, Emilio Hellín fue identificado gracias al trabajo de un periodista, extraditado y devuelto a prisión. Sin embargo, en julio de 1995 se le concedió un régimen de semilibertad y, en 1996, fue puesto en libertad tras haber cumplido únicamente 14 años de su condena.

Poco tiempo después, el Estado volvió a incorporar a Hellín en sus estructuras. En un artículo publicado en 2013 se reveló que, entre 2006 y 2011, tanto durante gobiernos del PSOE como del PP, Hellín y su empresa obtuvieron múltiples contratos del Ministerio del Interior como “asesores” de las fuerzas de seguridad del Estado. Cerrando así el circulo de una colaboración interesada.

Un crimen político en el contexto de la Transición

El asesinato de Yolanda no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de una estrategia de represión y terror que tuvo lugar durante la Transición. Pese al relato oficial que presenta este periodo como una modélica transición a la democracia, la realidad muestra una cara mucho más cruda: la violencia de los grupos parapoliciales y fascistas, tolerada e incluso fomentada por el Estado, estaba dirigida a reprimir cualquier intento de transformación social real. Los sucesos de Vitoria, los abogados de Atocha o la represión de las huelgas obreras y estudiantiles son prueba de ello.

Mientras las élites del régimen franquista pactaban con sectores moderados de la izquierda y aseguraban la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura, los sectores que luchaban por una ruptura democrática y social eran perseguidos. En este marco, el asesinato de Yolanda se inscribe en un intento deliberado de acallar a una generación que aspiraba a un cambio radical y que no aceptaba el pacto que consolidaba la continuidad del sistema capitalista bajo un barniz democrático.

El legado de Yolanda y la lucha actual

A 45 años de su asesinato, el ejemplo de Yolanda González sigue vigente. No fue simplemente una víctima del fascismo, sino una militante comprometida con la lucha de la clase trabajadora. Su lucha es también un llamado a enfrentar las estructuras represivas que hoy, como entonces, siguen funcionando. La complicidad del aparato estatal con el asesinato de Yolanda González no se limita al pasado. Los mismos mecanismos que permitieron a Emilio Hellín beneficiarse de privilegios son los que hoy encarcelan a sindicalistas por defender los derechos laborales o criminalizan la protesta social.

Desde IZAR hemos programado varios actos para este trimestre en recuerdo de estos hechos, entendiendo que rescatar su memoria no es un ejercicio nostálgico, sino una necesidad política. Frente a los discursos de odio y un sistema que pretende blanquear el pasado, es urgente mantener viva la memoria de quienes, como Yolanda, apostaron por transformar el mundo.

Yolanda González sigue presente en cada huelga, en cada movilización estudiantil y en cada lucha de nuestra clase social.