La noche del 3 al 4 de diciembre pasado, el presidente conservador surcoreano, Yoon Suk-yeol, declaró la ley marcial antes de retractarse 6 horas después bajo la presión de las calles y de la oposición parlamentaria, como colofón a unas medidas represivas que ni se habían visto en el país desde los oscuros años 60-70 y desencadenando una crisis política y social que amenaza la “paz social” en la península coreana en el peor momento.
Inmediatamente, decenas de miles de jóvenes, trabajador@s, el funcionariado perteneciente a la oposición y sindicatos se reunieron frente al parlamento contra la ley marcial. Esta medida de excepción, empleada por última vez durante la dictadura en 1979, tuvo como resultado la prohibición de toda actividad política y supresión de los medios de comunicación. El choque entre el partido presidencial (Partido del Poder Popular) y la oposición (Partido Demócrata) por el presupuesto, en particular un aumento del gasto policial, es el trasfondo.
Yoon Suk-yeol utilizó el pretexto de una maniobra de “las fuerzas comunistas norcoreanas”, un hombre del saco invocado periódicamente para cubrir las aspiraciones democráticas con un manto de plomo. El sábado 7 de diciembre, la votación para destituir al presidente fracasó después de que los diputados de su partido se negaran a participar y quedó cancelado este procedimiento, mientras un millón de trabajador@s se manifestaban una vez más frente al parlamento contra el presidente.
La Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU), con sus 1,2 millones de afiliad@s (de un total de 51 millones de habitantes), había convocado manifestaciones y una huelga general a partir del 4 de diciembre para «defender la democracia», con el argumento de que el pueblo nunca ha perdonado a los regímenes que han reprimido y violado los códigos de la democracia liberal. A pesar de la marcha atrás del presidente, la KCTU convocó un paro de 2 horas en fábricas en General Motors y Hyundai para unirse a las manifestaciones.
Una reacción masiva de la clase obrera coreana, una gran parte de la cual trabaja en la industria (astilleros, automóviles, semiconductores), a la que le llevó décadas y numerosas huelgas generales a menudo, reprimidas con sangre, salir de un régimen dictatorial y corrupto para desembocar en una democracia inestable, bajo la supervisión de los EEUU, que todavía tienen allí 28.000 soldados, desbordó a la dirección del sindicato, pues la rabia de la semana anterior de desbocada represión no hizo más que alimentar la espontaneidad social.
Como perfecto ejemplo de éxito económico capitalista, Corea del Sur ha pasado a una velocidad vertiginosa de un país pobre a una potencia industrial: es el 8º mayor exportador del mundo y el 2º mayor exportador de productos electrónicos después de EEUU. Sin embargo, el país sufre especialmente de un mercado interno débil: el 40% del PIB proviene de las exportaciones y los bajos salarios no permiten a l@s trabajador@s comprar lo que producen. La deuda récord de los hogares también está empujando al suicidio (la tasa más alta del mundo).
El presidente preveía legalizar la semana de 69 horas en 2023 pues el pueblo surcoreano ya trabaja 1.910 horas al año, una cifra oficial en un país que incluso tiene una palabra para designar la muerte por exceso de trabajo: “gwarosa”. Un déficit público del 5,2% del PIB en 2022 justificó un plan de austeridad, como en el caso de la salud, en un estado deplorable. Además, la reciente elección de Trump podría afectar a la economía coreana: por un lado, gravando las exportaciones y, por otro, obligando al “aliado” coreano a independizarse del mercado chino. Lo que es seguro es que la clase trabajadoras surcoreana sólo saldrá de esta situación luchando, tanto por la democracia como por unas condiciones de vida dignas, con sus propios métodos.
