En este dossier abordaremos la situación de la vivienda en el Estado español, analizando las dificultades de los y las trabajadoras para hacer frente a unos alquileres cada vez más caros, qué papel juega el turismo, las composición social y económica reales de los dueños de viviendas y qué medidas se deben tomar para atajar este problema de raíz.
En los últimos meses, movilizaciones masivas como las que han tenido lugar en las Islas Canarias en abril o las de Málaga y Cádiz el pasado 29-J, entre otras, han puesto de manifiesto el malestar ante la conversión de zonas completas foco de negocio para la hostelería y el turismo. ¿Qué nos muestran estas grandes manifestaciones?
La turistificación: ¿No al turismo de masas?
Uno de los pilares de dichas movilizaciones es la crítica a la turistificación, a “la expulsión de las vecinas y los vecinos de sus barrios, el cierre de los comercios locales, la explotación de los trabajadores y las trabajadoras de esta ciudad turística, el abuso sistemático a inquilinas e inquilinos con precios y contratos imposibles” como se decía en el manifiesto de Málagai.
Según los datos existentes, desde el año 2020, las viviendas turísticas han aumentado en 9,2%, suponiendo un 1,3% del total con especial relevancia para Canarias, donde llegan al 4,08%ii y Andalucía, comunidad líder en número total. En Málaga, el número de viviendas turísticas se ha incrementado un 16% entre 2023 y 2024, suponiendo un 4,12%. Estas cifras se incrementan drásticamente cuando nos situamos en zonas céntricas de las ciudades, pudiendo alcanzarse valores de más del 12% en Cádiz (cuando en la provincia es de un 2,24%) o un 20% en algunas secciones de Málaga o Granadaiii. Esto hace que se de un proceso en el que cambian los tipos de negocios (que se dirigen hacia los intereses y los bolsillos de l@s turistas), se transforman los servicios, y se disminuye la oferta de vivienda, cuyos precios se incrementan. Se da así un proceso de gentrificación y transformación, a la vez que se agudizan las contradicciones sociales, pareciendo proliferar un modelo económico en muchas ciudades y zonas del Estado español por el cual se extienden franquicias por los centros de las ciudades y crecen los llamados pisos turísticos, se provoca una expulsión de sus habitantes hacia otras áreas (expulsión que en algunos casos no es la primera, suponiendo una suerte de “re-gentrificación”), sosteniéndose sobre un mercado laboral estacional y precarioiv.
Así, de manera general, aunque no así por parte de las plataformas que están movilizándose, parece un discurso lógico señalar al denominado “turismo de masas” como responsable de la situación. Al fin y al cabo, la demanda masiva provocaría que más zonas se conviertan para dar servicios a este turismo en crecimiento, que en Andalucía tuvo un aumento de un 13,5% en 2024 (llegándose a 3,5 millones) imposibilitando cada vez más que la población pueda permanecer en esos lugares. Por tanto, la limitación a los pisos de alquiler o tasas turísticas podrían poner coto a la situación. Sin embargo, ¿es este el camino?
Evidentemente, un crecimiento del turismo supone una fuerte presión para un territorio. Sin embargo, no se puede analizar el turismo (ni a l@s turistas) como si fueran un grupo homogéneo. Dentro del sector turístico existen pequeños propietarios, cadenas hoteleras, empresas detrás de apartamentos turísticos y franquicias, los cuáles tienen intereses a menudo contrapuestos, aunque concomitantes en cuanto a las bondades de la turistificación. Y, por otro lado, l@s turistas son variados, como la sociedad en la que vivimos: no son lo mismo aquellas personas que pueden estar viajando constantemente, que acceden a paradores y habitaciones lujosas (sea en grandes cadenas hoteleras o Apartamentos turísticos por 1000 euros la nochev) que las y los trabajadores que salen unos días ajustando el presupuesto. De hecho, si bien existe un turismo masivo, ¿es este un turismo de masas?
En Andalucía, por ejemplo, donde un 37,5% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, un 43,9% de personas no pueden permitirse irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, según datos del 2023vi, cifra que alcanza un 33,1% para el Estado españolvii.
Por ello que no se puede tratar de forma superficial o como si el único turismo posible fuese el consumo de zonas urbanas convertidas en parques de atracciones o el problema fuera simplemente una oferta y una demanda a limitar. El poder conocer otros territorios, acceder al patrimonio y la gastronomía es enriquecedor y debería estar al alcance de todo el mundo, por lo que medidas como las tasas, aunque fueran pequeñas, solamente servirían, para dificultar aún más el disfrute de esta posibilidad a los que menos tienen. Y el “control” de los pisos turísticos, sin la construcción de un modelo social y económico alternativo, no atajaría el problema de fondo. Porque el problema no radica en el turismo (con cuyo modelo actual es necesario acabar), sino en la existencia de un sistema en el que el propietario de un bien (como las viviendas, locales…) puede especular con él para ganar el dinero sin importar las consecuencias sociales.
Ciudades invivibles. El problema es la vivienda…y quien está detrás
Como decimos, el problema va más allá del turismo. Si los discursos y “soluciones” se quedan ahí, se acabará optando por una política de control sin más que acabará perjudicando, de una u otra forma a las y los trabajadores. El problema realmente radica en la vivienda y en cómo se reparte su propiedad y acceso a la misma.
Decir que en el Estado español la vivienda está lejos de ser un derecho no es nada nuevo. Entre el año 2008 y 2019, se estima que 1,7 millones de personas sufrieron un desahucio, llegándose a alcanzar la cifra de 70.257 en el año 2012 (alrededor de 192 al día). Todavía en el 2019, se ejecutaron 54.006 (superior a los 49.227 del 2010, en plena crisis). Si se analizan los datos según tipo, el número de desahucios de viviendas en alquiler se mantuvo similar entre los años 2013 y 2019, a pesar del contexto económico diferente (38.141 vs 36.467 respectivamente)viii.
Así mismo, comprarse una vivienda es literalmente imposible para miles de personas: entre el año 2014 y 2024, el precio de una vivienda en el Estado español se habría encarecido en un 29%, con un crecimiento de un 7% solamente en el último añoix. Mientras tanto, según datos del Informe sobre evolución salarial de la Eada, entre el año 2007 y el año 2023, los sueldos habrían subido entre un 24 y un 29%, mientras que la inflación acumulada sería de un 36%x.
Las dificultades para acceder a una vivienda en propiedad han repercutido en el crecimiento del alquiler, especialmente para la población joven: entre los años 2008 y 2020 el número de inquilin@s en el Estado español pasó de un 11,2 a un 19%. Sin embargo, esto no significa que los alquileres sean accesibles. Según datos del año 2019, el 41% de los inquilinos (más de 3 millones de personas), dedicaría más del 30% de sus ingresos a hacer frente al alquiler, de los cuales casi la mitad (1,4 millones) llegarían a destinar más del 50% a este finxi. En el año 2023, se necesitó una media del 43% del salario para hacer frente al alquilerxii. Si se analizan los precios, estos han subido, entre los años 2013 y 2023, alrededor de un 77%, frente a unos salarios que no han aumentado más del 33%xiii.
¿Quiénes están detrás de estos alquileres? Existe una visión popular que relaciona el alquiler con pequeños caseros que buscan completar sus ingresos o que incluso dependerían de ello para mantenerse. Sin embargo, los datos muestran que esto es radicalmente falso. Según diversas fuentes, el número de caseros se situaría alrededor del 5,8% de la población. De estos, un 79% posee una vivienda, pero el 21% de los propietarios acumulan el 60% del parque total, es decir, que la mayoría de las viviendas están en manos de unos pocos. Es más, un 1,2% llega a arrendar más de 15 viviendas.
Es decir, el mercado del alquiler está dominado por un porcentaje mínimo de la población que, ni mucho menos, corre ningún riesgo si los precios se controlasen o interviniesen: la renta mediana bruta anual de los caseros se sitúa entre 50.604 y 56.473 euros, frente a la de los inquilinos, que se sitúa entre 19.758 y 26.288 eurosxiv. Así, la brecha económica supera los 30.000 euros entre ambos colectivos. Incluso si desapareciera el ingreso derivado del alquiler, los caseros seguirían siendo el grupo con mayor renta de todo el país. Si una hipotética regulación de los precios consiguiese bajar todos los alquileres en un 20%, el porcentaje de «caseros vulnerables» apenas aumentaría de un 0.6% de los hogares al 0.7%.)
Es necesario acabar con la propiedad y la especulación
Por tanto, el problema de vivienda y precariedad que se vive en muchas ciudades (y más allá) no se va a erradicar si no se acaba con la propiedad y la especulación derivada de la misma. Hoy puede ser el turismo, como ayer fue la llegada de una población con mayor poder adquisitivo, y mañana será un nuevo negocio. El problema es que haya gente que pueda decidir qué precios y a qué dedica un bien sin más cálculo que el económico a un cortísimo plazo, la cual además se enriquece a costa de un bien tan vital como la vivienda.
Mucha gente podría pensar que con una política institucional a favor de la vivienda se acabarían los problemas. Sin embargo, las políticas llevadas a cabo por los diferentes gobiernos, incluido el actual, ni están acabando con los desahucios, ni lo están haciendo con los precios abusivos en alquileres. De un lado, la vivienda pública ha sufrido una merma en las últimas décadas, pasándose de 85.028 casas de protección entregadas en 1997 a 9.221 en 2022. En general, se estima que hasta un 26,6% del total de las viviendas en el Estado español se construyeron con dinero públicoxv, aunque la mayoría pasaría luego a propiedad privada (o “libre”) en vez de permanecer para alquiler social. En consecuencia, el parque de vivienda social no da cobertura a más de un 1,6% de la población.
De otro, las normativas que van aprobándose no atacan a la raíz del problema. Sin ir más lejos, la reciente “Ley de vivienda”, aprobada 2023, ni solucionaba el problema de los desahucios ni el del alquiler, como señalaba una valoración realizada por la Plataforma de Afectados por la Hipotecaxvi. Hablar del derecho a la vivienda sin enfrentarse a los bancos o grandes tenedores es una completa contradicción. Por ejemplo, en cuanto a los desahucios, la ley incluye medidas que alargan los procesos judiciales pero no se garantiza una alternativa habitacional; en cuanto a la regulación de alquileres, se deja en manos de aquellas comunidades que así lo decreten, y además del tema de los alquileres turísticos, en las viviendas donde se regulen los precios, en lugar de congelarse se podrán hacer subidas de hasta un 10% alegando cuestiones como nuevos gastos de IBI o mejoras en la accesibilidad. Por último, a estas variaciones en la regulación del alquiler se deben sumar las subidas interanuales vinculadas a la inflación. Es más que evidente que hay una doble vara de medir: para el gran propietario, todas las facilidades; para la gran mayoría de la población: migajas.
Frente a esto, solamente las movilizaciones han demostrado ser de utilidad para nuestra clase. Plataformas como la PAH o Stop Desahucios supusieron (y suponen) una defensa ante los desahucios, explicando tanto su disminución a partir de 2013 (a pesar de que esta sea parcial, como hemos visto) como las legislaciones que se han llevado a cabo. Por tanto, hay que seguir en esa senda. Junto a los movimientos que ya existían, las movilizaciones de estos meses contra la turistificación y la precariedad suponen un buen momento, además de ser un síntoma de la agudización de las contradicciones sociales por un acceso a la vivienda cada vez más difícil.
Es necesario que esos movimientos se extiendan y coordinen con un mismo programa, una misma estrategia y calendarios conjuntos, además de iniciar un camino de apoyo y solidaridad con otras luchas de la ciudad. Deben ir más allá de la cuestión del turismo (cosa que ya se puede ver en manifiestos como los del 29-J en Málaga y Cádiz) planteando el fin de los desahucios, el fin de la especulación financiera con hipotecas y préstamos, la necesidad de un parque público de viviendas con expropiación de las viviendas vacías (vemos cómo los bancos ofrecen en plataformas como idealista sus pisos para alquilar o vender, sin olvidarnos del SAREB entidad supuestamente pública, creada en el año 2012 con la intención de encargarse de las entidades rescatadas y con un patrimonio de 100.000 inmuebles, que en la actualidad solo ha cedido 14.000 a las diferentes comunidades autónomas) y las destinadas al negocio y la especulación (y con ello terminando con la turistificación y el turismo neoliberal y la subida constante de los alquileres). Con un programa así, podría aunarse al conjunto de las y los trabajadores que sufren la falta de viviendas, el precio de los alquileres y un mercado laboral cada vez más precario.
ihttps://29jmalaga.es/#recursos
iihttps://www.newtral.es/pisos-turisticos-espana/20231220/
iiihttps://www.ine.es/experimental/viv_turistica/experimental_viv_turistica.htm
ivRodriguez-Barcón, A., Calo, E., Otero-Enríquez, R. (2021): Una revisión crítica sobre el análisis de la gentrificación turística en España, ROTUR, vol. 15 (1): pp. 1-21.
vhttps://www.elcorreoweb.es/sevilla/2024/03/12/quienes-son-propietarios-pisos-turisticos-sevilla-98473375.html
vihttps://efe.com/andalucia/2024-02-26/andalucia-encabeza-la-poblacion-en-riesgo-de-pobreza-o-exclusion-social-con-un-375/
viihttps://www.eapn.es/estadodepobreza/graficos-2024.php
viii Datos referentes a evolución de desahucios: https://www.elsaltodiario.com/vivienda/analisis-684385-desahucios-2008-hipoteca-alquiler-pah-observatori-desc-concluye-crisis-permanente-cronica
ixhttps://www.expansion.com/inmobiliario/mercado/2024/03/25/66014988e5fdeaf3598b45c8.html
xhttps://www.eada.edu/es/actualidad/prensa/informes/eada-evolucion-salarial-2007-2023
xi CCOO (2021): La vivienda del alquiler en España. Disponible en: https://www.ccoo.es/33497274222cb108cf0b7221a8b19d28000001.pdf
xiihttps://www.20minutos.es/lainformacion/consumo/los-espanoles-destinaron-43-su-salario-pago-alquiler-2023-dos-puntos-mas-que-ano-anterior-5244826/
xiiiGil, J., García-Duch, M., Vidal, L. y Martínez, M. A. (2024):El mercado del alquiler: fuente de desigualdad social. Grupo de Estudios Críticos Urbanos: pág. 7.
xiv Gil, J., García-Duch, M., Vidal, L. y Martínez, M. A. (2024):El mercado del alquiler: fuente de desigualdad social. Grupo de Estudios Críticos Urbanos: pág. 9.
xvhttps://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2019/07/Separata_vivienda_protegida.pdf
xvihttps://afectadosporlahipoteca.com/2023/04/27/valoracion-de-la-pah-de-la-ley-vivienda-aprobada-hoy-en-el-congreso/
