El pasado 14 de mayo, miles de docentes y estudiantes salieron a las calles, secundando huelga educativa andaluza convocada por CCOO, USTEA y ANPE, por un lado, y CGT y CSTA, por otro.
Las cifras de seguimiento de la huelga entre el profesorado fueron como siempre dispares: 60%, según los sindicatos convocantes; 5,7%, según la Junta de Andalucía. Ante la imposibilidad de tener datos reales, lo que sí puede afirmarse es que fue una huelga bastante participada, de otra forma, no pueden explicarse las masivas movilizaciones que recorrieron las capitales andaluzas.
Y es que motivos no faltan. La situación de degradación del sistema educativo público, si ya era preocupante con el gobierno del PSOE, ha pisado el acelerador desde que Moreno Bonilla está al frente de la Junta de Andalucía. Se han destruido más de dos mil clases en los colegios e institutos públicos andaluces, mientras no se elimina ni un solo aula en los centros educativos concertados; el desvío de los fondos públicos destinados a educación hacia las escuelas privadas-concertadas es cada vez mayor; y, como consecuencia, la situación de falta de recursos materiales y sobre todo humanos en los centros públicos es escandalosa. Los centros se caen a cachos, están masificados porque la población ha crecido y, en lugar de construir nuevos colegios e institutos, se han cerrado muchos de ellos, con el objetivo claro de mermar la red pública para la extensión de la concertada. Además, la FP está sufriendo un proceso de privatización sin precedentes y la Junta de Andalucía ha concedido licencias para la apertura de tres nuevas universidades privadas. Las reivindicaciones son claras: dinero público para la pública, no a la privatización de la educación, basta de suprimir aulas en los coles e institutos públicos y aumento de la inversión en educación al 7% del PIB.
Como consecuencia de lo descrito anteriormente, las condiciones, tanto laborales de los y las docentes, como de estudio del alumnado son cada vez peores. Faltan docentes de todas las áreas y, en especial, de apoyo al alumnado NEAE, faltan PTIS, ILSE, conserjes, administrativos/as, limpiadores/as, etc. La máxima reivindicación: la reducción de la ratio, es decir, menos alumnos/as por docente, que es lo único que puede mejorar el clima en las aulas, el aprendizaje del alumnado y las condiciones del profesorado. A lo que se suma necesariamente: un aumento de la plantilla, el establecimiento de ratio de alumnado NEAE presente en las aulas, el aumento de los recursos humanos y materiales para la atención de este alumnado, la cobertura ágil de bajas, la estabilización del personal interino… Además de una reducción de la carga burocrática a la que la profesión docente se ha visto crecientemente sometida.
Es por todo ello que muchos/as docentes se animaron a participar en la jornada de huelga del 14 de mayo. Da muestra de que existen potencialidades para levantar un movimiento educativo en Andalucía. Desafortunadamente, las centrales sindicales convocantes no le han dado ningún tipo de continuidad a la huelga – cada organización por distintos motivos, claro está -, por lo que las victorias parciales que pudieran conseguirse, consolidando y extendiendo el movimiento, se ven aplazadas a otro momento. Además, no se ha pretendido buscar la unidad con las huelgas educativas madrileñas que, aún con reivindicaciones propias (reducción del horario lectivo, más alto que el del resto del profesorado del estado), mantiene en primera línea las mismas demandas que las de la huelga andaluza (no a la privatización, reducción de la ratio, más recursos…). Mientras los conflictos se mantengan aislados, el movimiento será débil. Y mientras se mantengan enclaustrados en ciertas comunidades autónomas, casualmente gobernadas por el PP, no se extenderá el movimiento a nivel estatal y el gobierno central se quedará al margen de las reivindicaciones de estas huelgas y movilizaciones. Quizá ésta sea la motivación de las direcciones de, al menos algunos, de los sindicatos convocantes.
El gobierno de PSOE-Sumar ha demostrado que prefiere realizar un aumento sin precedentes del presupuesto militar que invertir en la educación pública o en cualquiera de los servicios públicos imprescindibles para una vida digna. Y no es demagogia. Si se analiza el gasto militar de 2024, que incluye: el presupuesto directamente militar, las partidas camufladas en otros ministerios, los compromisos de pago adquiridos con anterioridad y las partidas extraordinarias (que están siendo muy frecuentes), la suma asciende a más de 57.000 millones de euros, muy similar al gasto público en educación (en buena parte, transferido a las comunidades autónomas) y que, por poner como ejemplo el dato publicado más reciente, fue de 63.380 millones de euros en 2022. ¿Cómo le vendría al sistema educativo público la inversión de al menos parte de los fondos destinados a la guerra, la masacre y la muerte? ¿Se podría reducir la ratio y aumentar la plantilla y los recursos? Sin duda alguna. Pero las prioridades de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz son evidentemente otras.
No queda otra que la organización de un movimiento educativo, o mejor, por los servicios públicos que exija de una vez que pare la degradación, que se reviertan las externalizaciones, que no se dé nunca más ni un euro a las privadas que sólo buscan lógicamente sus beneficios, que se contrate a más personal, una mejora en las condiciones de trabajo, en las infraestructuras, etc. Y que señale por igual a todas las instituciones, tanto a los gobiernos autonómicos, del color que sean, como al gobierno central. Construir una nueva huelga con asambleas en los centros y un trabajo real de difusión y organización, debería ser el siguiente paso. Tratar de coordinar un movimiento estatal, otra tarea a realizar paralelamente. Sí hay dinero pero no hay presión suficiente para imponer que se invierta en lo que es necesario. Construyamos ese movimiento en los centros educativos. ¡Defendamos la educación y los servicios públicos!
