La quimera de la separación de poderes y la independencia del poder judicial.
A finales del mes de diciembre, el CGPJ ha redactado un comunicado para instar al Parlamento a no citar a los jueces en las comisiones de investigación sobre el “lawfare”. Este comunicado se une a la posición unánime de todas las asociaciones judiciales en contra del reconocimiento del lawfare por parte del Estado. ¿Qué ha pasado para que la judicatura se haya puesto tan nerviosa con este nuevo concepto?
Según las reglas del juego democrático, el poder judicial debe ser el garante del estado de derecho frente a cualquier tipo de abuso. Se reviste de una autoridad, imparcialidad y legitimidad, dictando sentencias y creando opinión pública. De tal forma que tenemos la tendencia a asumir como verdad cualquier sentencia judicial e incluso con la simple apertura de una investigación judicial. Pero que sucede cuando los supuestos garantes de la libertad usan su posición de poder en una especie de guerra judicial con fines políticos o ideológicos protegiendo o atacando a quienes más les interesa.
Hay diferentes definiciones, pero a esta idea de la guerra judicial es a lo que se conoce como lawfare. El término apareció escrito por primera en un artículo llamado “hacia dónde va la ley: humanidad o barbarie” por dos autores australianos en 1975. Pero cuando ha adquirido cierta relevancia y popularidad ha sido en estas últimas décadas en EEUU con Trump o en países de América Latina como Brasil. Para que la política del lawfare tenga éxito es necesario contar no sólo con jueces dispuestos a prevaricar, sino con unos medios de comunicación que usen esas investigaciones judiciales para crear una determinada idea sobre las personas u organizaciones que quieren atacar o desprestigiar.
En el Estado Español también se ha producido esta guerra judicial. El concepto ha tendido mucha popularidad en estos últimos meses debido a la preocupación por parte los jueces y de varias organizaciones políticas porque se reconociera en la llamada ley de amnistía que en este país se había producido lawfare. Los autores de esta guerra judicial están preocupados porque salgan a la luz o adquieran notoriedad el uso partidista e ideológico que han hecho durante estos últimos años. Los casos más conocidos han sido contra Podemos y contra el proçes en Cataluña. Encontramos a jueces como José María García Castellón, Manuel Marchena, Pablo Llanera, Carmen Lamela. Vicente Ríos o Salvador Alba. La lista de casos donde han abierto investigaciones que han quedado en nada es larga y el único que ha sido condenado ha sido Salvador Alba.
Los diferentes casos son realmente llamativos y de una enorme gravedad. Muestran una realidad que normalmente permanece oculta, es más, casi preferimos mirar para otro lado, ya que de ser verdad ¿el Estado Español se parece más a una democracia o una república bananera? ¿Dónde está la separación de poderes y la independencia del poder judicial? Pero lo cierto, es que la independencia del poder judicial es una quimera. Se revisten de neutralidad e imparcialidad, pero ¿alguien puede sostener que los y las juezas no tienen ideología? No es ninguna noticia que organizaciones como VOX y el PP tienen entre los jueces y resto de aparatos represivos del estado a sus más fieles votantes. Esto se debe a muchas razones, como el hecho de que en la “transición” no se destruyeran todas las instituciones que se heredaron del franquismo o que el acceso a la carrera judicial tiene importantes barreras de entrada, la principal la económica y que, por tanto, los juzgados siguen siendo una institución vinculada ideológicamente a la derecha. Un buen ejemplo de ello es la actual situación del CGPJ, donde el PP se niega a renovarlo porque tienen una mayoría conservadora en lo que es el máximo órgano de poder en la actualidad.
Según la teoría marxista, el Estado, no es más que una serie de instituciones políticas, judiciales y económicas que están al servicio de los intereses de la sociedad capitalista. ¿El lawfare no viene a reforzar esta caracterización que Marz hizo del Estado? Es decir, el uso de uno de supuestos pilares de las democracias occidentales para atacar a otros adversarios políticos. Quizás esto explique la preocupación que han mostrado todos los estamentos judiciales, medios de comunicación y destacados juristas de que no se podía permitir que el estado reconociera la existencia del lawfare porque de alguna manera ponía en cuestión las bases propias de la democracia capitalista.
El lawfare es una evidencia y permite visualizar la realidad de la justicia. Los casos que han salido a la luz pública son muy llamativos, pero hay también una realidad judicial que merece la pena analizar y que también expresan la utilización de la justicia con fines ideológicos con una gran trascendencia para el conjunto de los y las trabajadoras. Sería necesario hacer un análisis más exhaustivo, pero encontramos numerosas sentencias judiciales sobre derechos laborales, represión sindical, salarios o huelga que protegen el incumplimiento sistemático por parte de la patronal de los convenios y de la legislación laboral. Es nuestra tarea denunciar todas estas prácticas y continuar organizado al conjunto de los y las trabajadoras.
