Artículo de Vicente González
La Ley Mordaza sigue en vigor. Las cargas policiales se repiten contra estudiantes y docentes. Las detenciones a quienes se movilizan contra la extrema derecha persisten. En un contexto de creciente movilización social, necesitamos responder a la represión con más organización, solidaridad y unidad de clase.
La movilización no se achanta ante la represión
Atendemos a un momento político claramente marcado por una oleada de movilizaciones en todo el mundo. Y durante estas últimas semanas estamos viendo cómo se multiplican las movilizaciones en distintos sectores y ciudades del Estado Español: la crisis de la vivienda, con unos alquileres abusivos muy por encima de los salarios, la precariedad laboral, el deterioro de los servicios públicos y, en definitiva, el encarecimiento de la vida han provocado que aumenten y se intensifiquen las movilizaciones, pero también los mecanismos de represión. La policía del gobierno, sus identificaciones, sus detenciones, sus multas y sus cargas.
Pero no hablamos de hechos aislados. Y es que la Ley Mordaza continúa plenamente vigente: las estudiantes han terminado heridas y detenidas durante las protestas en defensa de la educación pública en Madrid, donde los docentes en huelga también han vuelto a recibir golpes de porra; en Zaragoza cinco personas fueron detenidas tras una movilización antifascista contra la visita del ultraderechista Vito Quiles y sus escuadristas a la universidad. Todo ello bajo un Gobierno que se presenta continuamente como el más progresista de la historia y que lleva años prometiendo derogar una ley que sigue sirviendo al aparato del Estado.
La Ley Mordaza: una herramienta de represión bajo el gobierno progresista
Resulta interesante, de hecho, ver cómo el gobierno progresista (primero PSOE-UP y después PSOE-SUMAR) no sólo no ha derogado la Ley Mordaza a pesar de haber hecho campaña entorno a ello, sino que es el responsable del 77% de las multas impuestas por dicha ley. Una ley que sigue multando y favoreciendo la represión y el encarcelamiento de sindicalistas, disuadiendo las protestas en las calles. Una ley que precisamente nació con el objetivo de dotar al Estado de más herramientas para sancionar y limitar las protestas en un contexto de importantes movilizaciones sociales en respuesta a los recortes. Una ley que demuestra que la represión no necesita de una condena de cárcel: las multas administrativas pueden convertirse en un mecanismo de desgaste para la clase trabajadora movilizada. En definitiva, una ley que sirve para generar miedo a movilizarse.
La defensa de la educación pública frente a las cargas policiales
Las recientes movilizaciones en defensa de la educación pública en Madrid muestran de forma especialmente clara cómo se responde desde las instituciones a quienes luchan por sus derechos. El pasado 14 de octubre, durante la primera jornada de huelga educativa, estudiantes y trabajadoras vieron en la Universidad Complutense a la Policía Nacional actuando con cargas y porrazos. Muchas personas fueron heridas, y cinco detenidas. Pero ya decimos que no son hechos aislados: el 26 de octubre, las fuerzas represivas del Estado volvieron a cargar contra los docentes en huelga que se concentraban frente a la Consejería de Educación de Madrid, identificando a algunos de ellos. La huelga reclama, entre otras cuestiones, la reducción de horas lectivas, la bajada de ratios, más personal de orientación y atención a la diversidad y mejoras salariales. Es decir, estudiantes que defienden la educación pública y docentes que reclaman mejores condiciones se encuentran con cargas policiales como respuesta.
Combatir el fascismo y la represión
El pasado 22 de octubre, más de mil estudiantes y trabajadores acudieron a la Universidad de Zaragoza para rechazar la presencia del agitador ultraderechista Vito Quiles. La movilización antifascista consiguió impedir que celebrara el acto que había anunciado. Sin embargo, la respuesta policial consistió en un amplio despliegue que terminó con cargas, uso de gas pimienta, personas heridas y cinco detenidas. Es especialmente significativo que, mientras el gobierno PSOE-SUMAR se presenta como un dique de contención frente a la extrema derecha, quienes se movilizan para combatir sus discursos y su presencia en las universidades son los que se encuentran con la represión policial. No basta con declararse contra el fascismo desde las instituciones: hay que defender el derecho de la juventud y de la clase trabajadora a organizarse y movilizarse contra él. Y eso implica también exigir la libertad sin cargos y la absolución de las personas detenidas, así como cualquier intento de denunciar cualquier intento de criminalizar la movilización antifascista.
Solidaridad y unidad de clase
Todo esto son diferentes ejemplos de una misma realidad: cuando las protestas ponen en cuestión los intereses políticos, económicos e institucionales de la clase capitalista, el aparato del Estado actuará para contenerlas y castigar a quienes participan en ellas. La represión busca elevar el coste de la lucha. Y cuando se detiene a estudiantes por movilizarse, cuando se golpea a docentes en huelga o cuando se sanciona a quienes protestan, el ataque va dirigido también contra el conjunto de quienes necesitamos organizarnos para defender unas condiciones de vida dignas. Cada detención, cada multa y cada agresión policial deben encontrar una respuesta colectiva.
Frente a quienes quieren que tengamos miedo, debemos demostrar que nuestra fuerza está en la organización colectiva. No podemos confiar en que los mismos gobiernos que permiten estas actuaciones policiales y que mantienen la Ley Mordaza garanticen nuestros derechos. Estos no son concesiones de ningún gobierno: se conquistan y se defienden mediante la movilización. Necesitamos fortalecer la unidad de clase en las luchas: frente a su represión, más organización.
