Cada vez está más claro. El culpable del apagón del pasado lunes no hay que buscarlo al otro lado de los montes Urales. Parece que el culpable lo tenemos más cerca de lo que pensamos. Ya le gustaría al actual gobierno que el origen del apagón hubiera sido un ciberataque ruso, chino o de donde quiera que se sitúen los odiosos “enemigos de la patria” y así escurrir sus responsabilidades. Pero la realidad es tan pueril que no da para un thriller. El motivo es mucho más mundano: la privatización del sistema eléctrico español y sus lógicas de mercado. Los responsables, por lo tanto, son las empresas privadas del sector y quien permite sus desmanes: el gobierno. No hay más. El beneficio máximo de unos pocos a costa de la estabilidad de la red eléctrica y, por tanto, de la seguridad de todos y todas.
Entremos un poco en detalle. El estado español es uno de los países con mayor porcentaje de las energías renovables en la producción eléctrica, siendo el cuarto país a nivel mundial con mayor producción de energía desde fuentes renovables, fundamentalmente eólica y fotovoltaica. Este hecho a priori no debe ser un problema. Pero una mayor penetración de estas energías en la red eléctrica supone un mayor “estrés” de esta red, que debe ser estabilizada de diversas maneras. El origen de este hecho está en la dificultad de predecir las subidas o las bajadas de producción de estas energías, que pueden ser súbitas. Parques eólicos enteros pueden pasar del máximo a cero en cuestión de minutos y viceversa. La fotovoltaica, aunque a priori menos caprichosa, está sujeta también a contingencias meteorológicas difícilmente predecibles, e.g. el paso de una nube fortuita. Además, esta última, sobre todo en los meses de invierno, tiene un pico de producción que coincide con un momento de baja demanda.
El sistema eléctrico debe sincronizar la oferta con la demanda. Es decir, la energía producida en la red eléctrica debe ser la misma que la consumida en cada momento. Es por ello que a la red eléctrica le vienen muy bien determinadas centrales cuya naturaleza se ajusta a sus características. Estas son, principalmente, las centrales térmicas de ciclo combinado (gas) y las hidroeléctricas. Estas centrales pueden socorrer caídas fortuitas de la red eléctrica. A mayor penetración de las renovables, mayor probabilidad hay de tener estas caídas fortuitas, ya sea porque parques eólicos enteros pasan del máximo a cero o porque hay un pico de producción y hay que “desconectar el cable” de la fotovoltaica o de la eólica para evitar subidas de tensión que puedan poner en riesgo el sistema eléctrico. Pero la capacidad de socorrer de la hidroeléctrica tiene un tope máximo limitado por la cantidad de agua embalsada que haya en ese momento. Son, por tanto, las centrales de gas de ciclo combinado las que, según los expertos, deben de estar preparadas en el banquillo para salir a jugar en cuanto el entrenador lo diga. Estas centrales deberían de estar siempre funcionando al mínimo, es decir, quemando gas, poco, pero quemándolo. De no ser así, no podrían “socorrer” al sistema en el momento que lo necesite, dándose un desajuste entre oferta y demanda y produciendo la caída de la red, amén de otros daños mayores en infraestructuras. Pero hay un problema: estas centrales no son públicas, sino privadas. Y sus lógicas nada tienen que ver con el mantenimiento de la estabilidad de la red eléctrica. Y aunque están obligadas a estar en funcionamiento para estabilizar al sistema eléctrico en caso de necesidad, en ocasiones están apagadas porque les sale más rentable pagar la multa que quemar gas cuando el precio de este es alto y el del el kilovatio bajo. Y resulta que el precio del kilovatio suele ser bajo cuando hay una gran producción de renovables, que es además cuando mayor riesgo de caída del sistema existe y, por tanto, cuando más necesario es que las centrales de ciclo combinado estén preparadas. Este es el círculo vicioso que se da entre la necesidad y la rentabilidad. Y esta es la razón miserable de todo. La pregunta es ¿cómo una sociedad deja que una cuestión tan importante como la electricidad esté en manos de este tipo de lógica? ¿No debería un recurso tan estratégico como la electricidad estar en manos de la lógica del bien común? ¿No debería garantizarse la estabilidad de la red eléctrica por encima del beneficio de unos pocos?
Y aquí es donde entran las responsabilidades políticas. Han sido este gobierno y los anteriores gobiernos quienes han dejado a la población en manos de los intereses de las grandes empresas eléctricas. Porque son ellas quienes controlan verdaderamente las lógicas de la red eléctrica. Hasta el punto de que la empresa que gestiona todo el transporte y la electricidad, es decir, Red Eléctrica Española, es una Sociedad Anónima en la que el Estado posee el 20% de las acciones. Amancio Ortega es el segundo mayor inversor con el 5% de la empresa. Tenemos una red eléctrica controlada por una empresa pseudo-privada y por unos operadores privados. Y el diseño de toda esta estructura, que está en el origen mismo del apagón del lunes, la han confeccionado todos y cada uno de los gobiernos desde 1985, año en que se crea Red Eléctrica Española, hasta la actualidad, pasando por la década de 1988 a 1998 en la que se privatiza Endesa durante los gobiernos de González y Aznar. Es por ello por lo que las puertas giratorias entre este sector y los diferentes partidos de gobierno funcionaron desde muy pronto. Políticos de uno y de otro color han entrado a las juntas de gobierno del entramado eléctrico después de abandonar sus cargos de responsabilidad. Los casos más famosos son los de los expresidentes Felipe González y José María Aznar, quienes terminaron en Gas Natural y Endesa respectivamente, siendo así “premiados” por privatizar definitivamente toda la producción eléctrica. Estos dos casos son los más escandalosos de todos, ya que los expresidentes fueron recompensados con sueldos millonarios por las mismas empresas que se vieron beneficiadas por aquellos cambios legislativos que ellos mismos han llevado a cabo, aún siendo contrarios al interés general. Estos son dos de los mayores casos de corrupción y cohecho de la historia de la democracia por los que probablemente nunca serán juzgados ni condenados.
Pero la lista de nombres es interminable. Exministros de uno y otro color, así como otros cargos públicos de menor rango, entraron y siguen entrando a las empresas del sector eléctrico tras finalizar sus cargos públicos, cobrando sueldos millonarios. Del PSOE tenemos en esta lista a exministros de la época de Zapatero, tales como: Beatriz Corredor, Cristina Garmendia, Elena Salgado o Pedro Solbes. Pero también tenemos a Josep Borrell, ministro de asuntos exteriores en la primera legislatura de Pedro Sánchez. Por parte del PP nos sonarán nombres de exministros como: Angel Acebes, Isabel Tocino o Ana Palacios. A estos nombres hay que añadir otros quizá no tan conocidos a los que también se sumarán ex responsables de CiU y de PNV. Todos ellos han terminado en empresas del sector eléctrico con sueldos exorbitantes. Red Eléctrica Española (REE), Endesa, Eneagas, Gas Natural, Iberdrola, Abengoa, Acciona y Naturgy, entre otras, son quienes más fuertemente apuestan por comprar voluntades. Por poner algunos ejemplos, Beatriz Corredor, actual presidenta de REE, cobra en un solo día casi lo que cobra una persona trabajadora en el Estado Español durante un mes, ascendiendo su salario anual bruto a 546.000 euros al año. Pero es más, uno de sus predecesores en el cargo, José Folgoso, del PP, llegó a recibir una indemnización tras su cese en REE de 718.000 euros, o lo que es lo mismo: lo análogo a 62 años de trabajo del salario mínimo interprofesional o 26 años y medio del salario promedio. Una aberración tras otra. Una red clientelar obscena y corrupta pagada a base de talonario y tejida por las principales empresas energéticas. Esto y solo esto es lo que está detrás del apagón del pasado lunes 28 de abril. Y es lo que permitirá que el riesgo de caída del sistema eléctrico siga existiendo, una vez que se reestablezca la normalidad, hecho que podría darse en semanas o meses según los expertos.
Por cierto, la vuelta a la normalidad nos va a costar cara. Y esta vez, como no, la factura, literalmente, la vamos a tener que pagar todos y todas. Porque a consecuencia de la caída del lunes pasado, la estabilización de la red se está realizando a base de quemar gas, que como ya hemos dicho, está caro. Es por ello que la factura de la luz se va disparar. Y así es como entre todos vamos a pagar el ansia de lucro de unos pocos.
Mientras que los responsables del gobierno rezan para que la tempestad pase pronto y no les salpique, la derecha sigue armando su discurso lejos de cualquier evidencia científica. Esa misma derecha cómplice del entramado de corrupción que permite que el bien común no sea un eje a tener en cuenta en la gestión de la red eléctrica, sigue empeñada en culpar de todo ello a las renovables y señala como salvadora a la energía nuclear, probablemente motivada por los vínculos que la unen con el capital del sector nuclear. Esa misma derecha, conocedora o no, de los grandes problemas que tienen países que, como Francia, dependen de la energía nuclear para producir su electricidad. Y es que la extracción mundial de uranio está en declive desde el año 2016 debido a cuestiones puramente geológicas: el uranio nunca fue un recurso renovable, es decir, se agota. Lo sabíamos. Y esto al margen de las cuestiones técnicas que hacen que las centrales nucleares sean más un problema que una solución en cuanto a la estabilización de la red eléctrica se refiere.
No, el problema no son las renovables. Estamos obligados a utilizarlas porque hay que mitigar urgentemente los efectos del cambio climático y porque los recursos fósiles y minerales se agotan. El probable es de qué manera se introducen en la red eléctrica. No sólo hay que tener sistemas de estabilización de la red, sino que también habrá que ver la forma en la que las renovables están insertas en la red. La energía solar y la eólica están distribuidas por el territorio, sin embargo, el actual modelo de red eléctrica apuesta por grandes huertos solares y grandes parque eólicos que vierten a la red general, con lo que esto conlleva: una gran red soportando todo el estrés introducido por todas las renovables. Pero este modelo en el que se centralizan las energías renovables sigue también una lógica de mercado. Centralizar estas energías es la manera más fácil de privatizarlas. Vemos por tanto, que las lógicas del mercado han impregnado de tal manera nuestra red eléctrica que es muy difícil desprenderse de ellas, pero, sin embargo, es más necesario que nunca.
Hay que nacionalizar la red eléctrica y las empresas energéticas del sector. Sin esto no hay soberanía energética y estamos en manos de un puñado de buitres con unos intereses opuestos a los de la mayoría. No hay otra alternativa. La extrema derecha brama contra el gobierno, pero jamás señalará el problema de fondo porque un perro jamás muerde la mano de su amo. La derecha lanza fuegos artificiales para que no veamos el entramado de corruptela que hay detrás de los mismos. El gobierno señala entre líneas a las empresas del sector, pero no habla claro porque ellos mismos han permitido los abusos de la empresas energéticas y su entramado corrupto. Pero no podemos quedarnos en paños calientes, hay que pedir responsabilidades a estas empresas y que sean ellas quienes asuman el precio de la luz que se encarecerá por su propia negligencia, amén del pago de todos los desperfectos provocados por la caída del sistema. Y después hay que decirles adiós a quienes las dirigen y tomar las riendas de las mismas.
