Probablemente las elecciones del 23J certifiquen la vuelta al poder del PP con el apoyo de la extrema derecha de VOX. 5 años después de la moción de censura que apartó a Rajoy del Gobierno y 12 años después de un ciclo de movilizaciones que desgastaron el régimen del 78 y el bipartidismo PP/PSOE permitiendo el nacimiento de PODEMOS, conviene analizar las causas que explican hoy un cambio de escenario. ¿Cómo se ha pasado de la consigna del 15M: “PSOE/PP, la misma mierda es” a un nuevo reforzamiento del bipartidismo? ¿Cómo se ha pasado de la idea del sorpasso a la desaparición de C’s y al derrumbe electoral de PODEMOS quedando de facto relegado en ser el convidado de piedra del SUMAR de Yolanda Díaz, proyecto que asume plenamente, desde sus inicios, su condición de izquierda del “mal menor” y de izquierda subalterna al PSOE? Trataremos en este dossier de dar las razones que explican la debacle electoral de PODEMOS haciendo balance de sus políticas para, en una segunda parte, analizar la situación abierta después del 28M para terminar reflexionando sobre las tareas inmediatas para la izquierda anticapitalista y revolucionaria de cara al curso que viene.
¿Qué balance para esos gobiernos de “izquierdas” municipalistas y central?
La creación de Podemos en 2014 trajo consigo, en las municipales de 2015, la irrupción en numerosos ayuntamientos de los mal llamados “gobiernos del cambio”. 4 años después, ciudades como Zaragoza o Madrid, que habían sido gobernadas por Zaragoza en Común y por Ahora Madrid respectivamente, pasaron a ser gobernadas por el PP de Azcón y Almeida. Las políticas llevadas a cabo por esas confluencias vinculadas a PODEMOS no se enfrentaron a los intereses financieros y empresariales que realmente mandaban en esas ciudades. Los cambios en nuestras vidas no llegaron y la desilusión creció en gran parte de sus votantes, que veían cómo estos gobiernos no respondían a los problemas del empleo, de los salarios o de la vivienda negándose, incluso, a recuperar la gestión pública de los servicios que habían sido en el pasado privatizados.
El caso de Madrid, con Manuela Carmena a la cabeza, fue muy paradigmático ya que, lejos de aportar soluciones a los problemas cotidianos en materia de vivienda o de empleo, acabó siendo recordada por la alcaldesa de la mayor operación de especulación urbanística realizada en la ciudad bajo el nombre de “Operación Chamartín” y por la del pago íntegro de una deuda municipal que, al llegar al consistorio, consideraba ilegítima en un 80% y cuya responsabilidad, afirmaba, “recaía en las empresas privadas”.
En cuanto a las ciudades en las que los ayuntamientos del “cambio” revalidaron gobierno en 2019, el balance de sus políticas no es mucho más halagüeño. En el caso de Ada Colau, su condición previa de fundadora de la PAH de Barcelona no ha conllevado ningún cambio tangible en la cuestión de la vivienda. 8 años después de su llegada a la alcaldía, el precio de los alquileres se ha disparado (con un incremento de hasta un 50% desde 2015) mientras los desahucios siguen siendo una cruel realidad. En cuanto a las externalizaciones, ningún cambio reseñable. Ni siquiera sirvió de apoyo a luchas de trabajadores/as tan emblemáticas como las de Movistar o de la TMB en las que, al contrario, se atrevió incluso a deslegitimar sus huelgas haciendo público sus salarios. En cuanto al “anticapitalista” Kichi, es imposible hacer balance de sus 8 años al frente del ayuntamiento de Cádiz sin recordar su apoyo incondicional al contrato de Navantia con Arabia Saudí para construir fragatas de guerra implicadas en la matanza de Yemenís, su concesión de la medalla de oro de la ciudad a la Virgen del Rosario, su equidistancia ante la represión / aplicación del 155 en Cataluña y la declaración unilateral de independencia, su compadreo con Felipe VI al recibirlo con bombos y platillos hace unos meses en el IX Congreso de la Lengua Española o las recientes externalizaciones de los cursos municipales. Todo eso envuelto en unos datos económicos que siguen siendo escalofriantes con un 25% de paro, tres lanzamientos diarios (segunda provincia de Andalucía en valor absoluto con más desahucios) y con más de la mitad de los gaditanos y gaditanas que trabajan con una remuneración por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.
En lo que se refiere al gobierno central “más progresista de la historia”, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el grueso de las políticas antisociales instauradas por los gobiernos anteriores (ZP y Rajoy) se mantienen hoy en vigor con una reforma laboral no derogada, una ley mordaza intacta, una edad de jubilación mantenida a los 67 años o una ley 15/97 que permite la privatización de la sanidad pública…
A todo esto, hay que sumarle las condiciones actuales de vida de los y las trabajadoras y de la juventud que no sólo no mejoran, sino que, además, empeoran en términos de poder adquisitivo. “Cada vez cuesta más vivir…aunque no para todos” tal y como dice nuestra campaña. Efectivamente, mientras la pobreza sigue creciendo (la población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó en un 27,8% en 2021), los beneficios empresariales no cesan de aumentar alcanzando unas cifras récord en 2022 con 52 000 millones de euros para las empresas del IBEX 35 en 1 año.
Aunque los ataques a este gobierno por parte de la derecha y de la extrema derecha puedan hacer pensar otra cosa, éste ha regalado miles de millones de euros en ayudas públicas a las empresas mientras nos dedicaba unas limosnas (Ingreso Mínimo Vital) a los y las trabajadoras. Unas limosnas que, además, tardan mucho o directamente no llegan alcanzando sólo al 12% de la población bajo el umbral de la pobreza.
Sin embargo, tal y como hemos visto anteriormente hay dinero. Las ayudas públicas ingentes recibidas por las empresas o los macro beneficios realizados por los Amancio Ortega y demás Botines muestran que el problema no es el dinero sino quién lo tiene y para que se destina. Así pues, convertirse en el gobierno que más dinero público destina al gasto militar duplicando la partida de educación y superando la de sanidad no deja de ser una elección política que sirve unos intereses concretos que nada tienen que ver con la mayoría de la sociedad: en este caso el de la guerra y el del imperialismo europeo y estadounidense materializado en la OTAN. No es de extrañar entonces que Biden reciba a Sánchez en la Casa Blanca con la alfombra roja y que éste se lo devuelva con un aumento de la presencia yanqui en Rota pasando de 4 a 6 destructores y acordando con EEUU que éste pueda expulsar al Estado Español a los y las trabajadoras migrantes latinas en función de las necesidades de la patronal española. Un pasito más, por parte del gobierno PSOE-UP, en la asimilación a las políticas de derechas en lo que se refiere a materia migratoria de las que conviene no olvidar la matanza de la valla de Melilla, en las que murieron 23 personas, así como el despliegue del ejército en Ceuta, hace ahora dos años.
Del diagnóstico post 28M al adelanto electoral del 23J
Los resultados electorales del 28M han sido un fracaso para el bloque de la izquierda. Sin embargo, y a pesar de que el PSOE haya perdido territorios como Extremadura, País Valenciá o Aragón, esa debacle tiene mucho más que ver con el hundimiento de PODEMOS que con un descalabro del PSOE. Así pues, el partido de Sánchez sólo pierde 11 diputados autonómicos con respecto a las anteriores elecciones mientras que a nivel municipal pasa del 29,38% al 28,12% de los votos entre 2019 y 2023 (unos 400 000 votos y 1500 concejales menos). La desaparición de PODEMOS en algunas comunidades como Madrid, País Valenciá o Canarias y su hundimiento en el resto de territorios pasando de un total de 47 diputados autonómicos a 15 explica la pérdida de gobiernos por parte de los partidos del actual gobierno central. En cuanto al PP, su aumento tiene mucho que ver con los malos resultados de C’s, al recuperar los casi 2 millones de votos perdidos por el partido naranja. El PP dependerá de VOX para conformar numerosos gobiernos locales y autonómicos. El partido de Abascal aumenta en casi 800 000 votos pasando de 530 a 1695 concejales a nivel local y opta a gobernar junto al PP en comunidades como Aragón, Extremadura o País Valenciá.
Frente a ese escenario, Pedro Sánchez optó por adelantar las elecciones al considerar que el tiempo no corría a su favor y que estos malos resultados podían 1.- conllevar una crisis interna en el PSOE dónde se acabara cuestionando su liderazgo y 2.- ir en aumento con el desgaste provocado por la debacle del 28M. Otro elemento a tener en cuenta es que desde la Moncloa sabían perfectamente que sólo podrán reeditar un gobierno presidido por Sánchez si sus socios a su izquierda concurren unidos en una sola candidatura. Los malos resultados de PODEMOS obligaban al partido de Ione Belarra a tener que ceder para integrar la candidatura de SUMAR si no quería correr el riesgo de desaparecer en las próximas elecciones. Centrar el debate de la unidad entre SUMAR y PODEMOS justo después del descalabro electoral de la izquierda no dejaba ninguna posibilidad para PODEMOS de presentarse sólo en las generales. De paso, el PSOE y Pedro Sánchez se aseguran con el liderazgo de Yolanda Díaz un hipotético gobierno de coalición con aún menos contradicciones que con el de Pablo Iglesias o Irene Montero.
Estas últimas semanas todo el debate en el seno de la izquierda institucional ha girado en torno a la negociación entre SUMAR y PODEMOS como supuesta condición sine qua non para frenar a un posible gobierno PP/VOX. Al igual que en dicha negociación, el debate de fondo sobre el tipo de políticas a llevar a cabo para frenar a las derechas ha estado totalmente ausente. En efecto, todo se ha centrado en los nombres de los futuros diputados/as y en la ausencia de Irene Montero y en ningún caso en un balance mínimamente crítico sobre las políticas llevadas a cabo durante esta legislatura. Para SUMAR, al igual que para PODEMOS, su balance al frente de los diferentes ministerios ha sido bueno. Siguen sacando pecho hablando del Gobierno más progresista de la historia. De esa forma, las derechas seguirán creciendo electoralmente, aunque no alcancen una mayoría el próximo 23J.
Ese es el debate que hay que afrontar. A diferencia de todo lo que se nos dice, la unidad entre SUMAR y PODEMOS y la conformación de un nuevo gobierno de coalición junto al PSOE no es lo que acabará con el peligro de las políticas de derechas. Esta legislatura nos ha demostrado que se puede uno denominar de izquierdas y aplicar políticas antisociales. Ese balance es el que ha provocado el hundimiento electoral de PODEMOS. Un nuevo gobierno Sánchez-Díaz seguirá sin duda la misma senda que el anterior. La paz social y las políticas que optan por no enfrentarse con los intereses del IBEX 35 y de la patronal son las que están reforzando y alimentando al PP y a VOX. Ni Sánchez ni Díaz van a romper con esa política. Se encargarán en el caso de ganar de aplicar las políticas de ajuste que ya está exigiendo la UE como contrapartida de los fondos europeos.
Un horizonte que deja entrever unas políticas sociales muy restrictivas que, al igual que ya pasara con la crisis de 2008, van a volver a cobrarse las condiciones de vida de los y las trabajadoras y de la juventud mientras siguen intactos los grandes beneficios de las empresas del IBEX 35. Una sensación de déjà vu que conllevará más recortes en los servicios públicos, más políticas salariales que disminuyen nuestro poder adquisitivo, mayor aumento del paro y de la precariedad…y todo eso envuelto en un incremento de la deriva militarista en apoyo a los intereses de la OTAN. Una alfombra roja para que la ola azul y ¿verde? siga, sin duda, in crescendo. Que nadie se lleve a engaño. Un nuevo gobierno de coalición liderado por Sánchez es sólo una huida hacia delante que retrasa, pero no acaba con el auge de la derecha y de la extrema derecha.
La única forma de frenar a las derechas es de imponer un programa de urgencia social que responda a las necesidades de los y las trabajadoras y de la juventud y que por tanto se enfrente a los intereses de los más ricos. No hay otra salida y esta cuestión no es eludible. El aumento de la edad de jubilación, la degradación de los servicios públicos, la privatización de los sectores energéticos, el aumento de los precios de los alquileres, la pérdida de poder adquisitivo de los y las trabajadoras, el aumento de la precariedad sólo se explica porque beneficia a una minoría representada por fondos privados de inversión, por grandes tenedores de viviendas, por entidades bancarias o por grandes empresas que sólo buscan incrementar sus partes de mercado en detrimento de la inmensa mayoría.
Para revertir esas políticas hay que enfrentarse a los intereses de los que más tienen y esto es precisamente lo que no están dispuestos a hacer ni un gobierno de coalición presidido por el PSOE ni mucho menos uno presidido por Feijóo. Esto no significa en absoluto que consideremos que un gobierno PSOE-SUMAR sea igual que uno compuesto por PP y Vox. Por supuesto que no. Sin embargo, sí afirmamos que el primero se atendrá siempre a una misma línea roja que coincide en la práctica con la política del segundo: la de no legislar nunca en contra de los intereses de la patronal y de los intereses del IBEX 35. Esa similitud es la que, una y otra vez, acaba reforzando a las derechas a la par que amplía la desilusión y la abstención de la base electoral de la izquierda institucional.
La(s) responsabilidad(es)
Ya hemos visto que la responsabilidad de los partidos que se sitúan a la izquierda del PSOE (representada por SUMAR y PODEMOS) con respecto a este escenario es incuestionable. Por un lado, porque decidieron formar parte de un gobierno central que siempre tuvo como línea roja no entrar en conflicto con los intereses de los que más tienen y, por otro, porque ellos/as mismos/as han seguido ese mismo rumbo cuando han estado al frente de sus gobiernos “del cambio”.
Para ese viaje, no hacían falta tantas alforjas. Esa política asumida del mal menor ha conllevado, por ejemplo, que avalen la entrega del Sahara a Marruecos, el envío de tanquetas a Cádiz para reprimir a los/as huelguistas del metal o la política belicista de alineamiento total a los intereses de la OTAN. Esas cuestiones sumadas a las cuestiones de los salarios, de la vivienda, de los servicios públicos, de las ayudas o de la precariedad en el empleo han provocado que la debacle electoral del pasado 28M sea mucho más profunda para UP que para el PSOE. La desilusión ha provocado desafección en gran parte del electorado de UP que ha preferido, en esta ocasión, abstenerse o directamente votar por el PSOE prefiriendo el original a la copia.
A todo esto, hay que sumar también el papel de las direcciones sindicales de CCOO y UGT subordinadas al Gobierno de Sánchez que no sólo no han tomado iniciativas para movilizar a nivel estatal sobre cuestiones relacionadas con los salarios, las pensiones, la vivienda o los servicios públicos, sino que además han llegado a jugar un papel claramente desmovilizador cuando estas movilizaciones se daban a pesar de su inmovilismo. La perspectiva de paz social ha sido una orientación perseguida a lo largo de toda esta legislatura firmando acuerdos vergonzosos con la patronal y con el apoyo del Gobierno Sánchez-Díaz. El pacto salarial por debajo del incremento del coste de la vida es una muestra más de dicha orientación. Sin duda una sensación de déjà vu que se repite una y otra vez cuando la izquierda del PSOE decide gobernar en coalición con él.
Sin embargo, la subordinación al Gobierno central no sólo ha afectado a las direcciones de los sindicatos mayoritarios. Algunos sindicatos alternativos cuyas direcciones estaban integradas en la práctica en UP han optado también por desarrollar un discurso muy poco crítico y menos aún movilizador en contra de las políticas antisociales del Gobierno por miedo, según ellos, a reforzar las derechas.
La izquierda anticapitalista y revolucionaria estatal o soberanista también tiene responsabilidad en la situación actual al no lograr visibilizar una alternativa a la izquierda del mal menor. Sin embargo, somos muchas las organizaciones, los y las sindicalistas y activistas que hemos seguido movilizándonos gobierne quien gobierne manteniendo una independencia clara frente a las políticas del Gobierno PSOE-UP. Es urgente visibilizar un polo de los y las que compartimos este mismo diagnóstico reagrupando a todos/as los y las que saben que es imposible imponer un programa de urgencia social para la mayoría sin enfrentarse a los intereses de los que poseen las riquezas y sin hacerlo mediante la movilización y las huelgas. Las elecciones deben servir para popularizar esa orientación de manera amplia pero no para substituirla. Las conquistas sociales no se lograron nunca mediante un programa electoral. Siempre fue el resultado de manifestaciones y huelgas masivas. Eso es lo que hay que construir.
Por nuestra parte, desde IZAR, estamos intentando ser lo más coherente posible con esta orientación ligando nuestro discurso a los hechos. Por este motivo hemos propuesto ya en varias ocasiones a la izquierda anticapitalista y revolucionaria estatal y soberanista reunirnos presencialmente para debatir sobre una intervención común en la situación política actual (http://izar-revolucion.org/a-que-estamos-esperando/).
A raíz del anuncio del adelanto electoral, convocamos para el pasado 3 de junio una reunión unitaria estatal telemática para explorar las posibilidades de presentar unas candidaturas unitarias de la izquierda revolucionaria. Agradecemos a aquellas organizaciones que acudieron, así como a las que se pusieron en contacto con nosotras para hacernos llegar su voluntad de debatir a pesar de no ver factible ahora mismo la constitución de listas unitarias para el 23J.
El próximo 23J no habrá, por tanto, ninguna candidatura unitaria anticapitalista a nivel estatal. La premura de los plazos ha imposibilitado en la práctica cualquier discusión seria para impedirlo. Sin embargo, sí pensamos que es posible dar un paso adelante y, por eso, acordamos en la reunión del 3 de junio proponer una reunión estatal presencial al conjunto de las organizaciones a la izquierda de SUMAR y UP con el fin de analizar conjuntamente la situación política post 23J y de poder sacar iniciativas unitarias que nos permitan reforzar las posiciones anticapitalistas y revolucionarias, así como las movilizaciones y las huelgas.
Esa izquierda consecuente existe, con realidades más o menos significativas en función del territorio, y hace un diagnóstico parecido de la situación política actual. Sin embargo, no ha dado, hasta la fecha, ningún paso serio para tratar de coordinarse con el fin de, 1.- intervenir conjuntamente en las movilizaciones y las huelgas y, 2.- visibilizar una alternativa política, también a nivel electoral, que ponga en el centro del debate la necesidad de imponer un programa de urgencia social para los y las trabajadoras y la juventud y de acabar con la lógica del sistema capitalista que sólo genera miseria, opresiones, guerras y destrucción del planeta.
Por nuestra parte pensamos que existe un espacio político vacío a la izquierda de SUMAR y UP. Ese espacio debe ser ocupado por la izquierda política, social y sindical que se ha enfrentado tanto a las políticas antisociales de derechas como de “izquierdas”. Una izquierda consecuente que no albergue ninguna ilusión en las instituciones y en la paz social para defender nuestras conquistas sociales, sino que se apoye en las movilizaciones y las huelgas existentes para visibilizar una alternativa a este sistema injusto y criminal que responda a las necesidades de los y las trabajadoras y de la juventud.
