El gasto militar del Estado español sigue aumentando incluso después de aprobar los presupuestos. Como ejemplo concreto, el 11 de abril se aprobó un acuerdo para ampliar los límites de gasto con respecto a los aprobados en los presupuestos generales y posibilitar así al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo adelantar la financiación del programa HALCÓN (1.398 millones de euros), que incluye la compra de veinte aviones Eurofighter; y del programa para la modernización del EF-2000 (1.750 M€). Una semana después, el 18 de abril se acordó una nueva inversión de casi 5.000 millones para los helicópteros NH-90 y los vehículos de combate sobre ruedas (VCR) 8×8.
La partida presupuestaria destinada por el gobierno de PSOE-UP al Ministerio de Defensa no fue precisamente pequeña, 12.827 millones, como para incrementarla a los pocos meses de la aprobación de los presupuestos. Supuso un aumento del 26% con respecto a 2022. Y es que el presupuesto de este ministerio no ha parado de crecer: 9.411 M€ en 2021, 10.155 M€ en 2022, para casi alcanzar los 13.000 millones este año. Todo con un objetivo de fondo: aumentar el gasto militar al 2% del PIB para 2029 y cumplir así con los compromisos adquiridos en la última cumbre de la OTAN, que tuvo lugar en Madrid.
Pero la partida destinada al Ministerio de Defensa es sólo una parte del gasto militar previsto. Los créditos en I+D para desarrollar armamento, que cuentan con 1.601 M€ presupuestados en el Ministerio de Industria; los 236 millones destinados a aportaciones a organismos militares internacionales como la OTAN, que están incluidas en el Ministerio de Exteriores; o los 4.015 millones destinados a las clases pasivas militares y los 700 M€ a la mutua militar, son solo algunos ejemplos. La suma de todas las partidas camufladas en otros ministerios nos da el gasto militar real presupuestado para 2023, que asciende a 27.617 millones de euros (2.1% del PIB), según el Centro Delàs de Estudios por la Paz. Esto sin contar con las inversiones extraordinarias aprobadas en abril.
Todo ello es la muestra más clara de la total subordinación del gobierno de coalición a los intereses de EEUU y de reforzamiento de la OTAN, su brazo armado internacional, como se pudo de nuevo constatar en la última visita de Pedro Sánchez a la Casa Blanca. Biden y Sánchez actualizaron los compromisos adquiridos en la Declaración Conjunta para el fortalecimiento de la relación estratégica existente entre ambos países, que acordaron en 2022. Y por supuesto, se reafirmaron en su envío de armas a Ucrania y su apoyo incondicional a Zelenski, en palabras de Biden: “Juntos ayudamos a Ucrania. No puedo agradecértelo lo suficiente”.
¿Dónde nos lleva esta política del gobierno de PSOE-UP?
Por un lado, las consecuencias futuras de la intervención del Estado español en las guerras sostenidas entre grandes potencias están por supuesto por ver y, en un contexto en el que debido a la crisis internacional del capitalismo los conflictos tienden a multiplicarse y recrudecerse, las perspectivas no son precisamente muy halagüeñas. Invertir en industria militar es financiar la muerte de miles de trabajadores/as en beneficio de los intereses de unos pocos y comprometer a futuro la vida del conjunto de la clase trabajadora.
Por otro lado, el aumento del gasto militar repercute en un recorte del gasto social que se invierte en educación, sanidad, residencias públicas, ayudas, etc., tan necesarias para al menos paliar la situación de precariedad y pobreza de la clase obrera. Mientras se recortan médicos y enfermeras en la sanidad pública, se cierran aulas en los centros educativos públicos y se hace caso omiso a la huelga de lxs trabajadorxs de las administraciones de justicia, por poner algunos ejemplos, el gobierno de PSOE-UP gasta en “defensa” 75,7 millones de euros diarios.
Parece que a Unidas Podemos no le parece lo suficientemente grave como para romper el gobierno con sus socios del PSOE o para llamar a la movilización y la organización contra el aumento del gasto militar, contra la OTAN y las bases militares estadounidenses sitas en el Estado español, y por qué se destine a financiar los servicios públicos, las pensiones y lo que sea necesario para mejorar las condiciones de vida de lxs trabajadorxs.
