Se conoce sobre todo al gobierno de Viktor Orbán por su papel destacado de guardián de fronteras de la Unión Europea, por sus ataques incesantes en contra de las libertades democráticas y los derechos de las minorías de todo tipo: migrantes, LGTBI, gitanos. Pero también ha despuntado, estos últimos años, a ojos de la patronal europea por destruir pacientemente todo lo que pudiera parecerse a derechos sindicales o laborales. Último ataque: una reforma brutal del estatus y de las condiciones laborales de los y las docentes.
Derecho de huelga, sobrecarga de trabajo, flexibilización
Desde diciembre, esta reforma suscita resistencias importantes entre la juventud y los/as docentes. Y con razón. La reforme prevé, en primer lugar, un cambio de estatus muy significativo: de ser funcionarios/as, los y las docentes pasarán a un estatus similar al de policía…que no está sometido al estatuto de los trabajadores/as. Otras medidas “flexibilizan” al máximo la organización del trabajo: reducción del porcentaje de los contratos a tiempo completo al 50%, para sustituir al resto por estudiantes en formación y por contratos a tiempo parcial, mientras que el profesorado a tiempo completo ven su carga de trabajo potencial incrementarse de manera exponencial.
La duración del curso escolar pasa de un máximo de 180 días a… un mínimo de 180 días, los horarios máximos de trabajo pasan a 12 horas diarias, se suprime las ratios máximas por clase y los/as docentes podrían ser utilizados/as para desempeñar tareas o sustituciones los domingos o durante sus vacaciones. Todo esto está ligado a una autonomía más grande para las escuelas en lo que se refiere a remuneraciones, estando cada vez más dependientes de tareas o cargas suplementarias. Resultado: unos salarios que podrían triplicar en función de estas cuestiones (sin contar con los criterios de antigüedad), y de ese modo reforzar la competencia entre compañeros/as.
El último eje de la ley tiene que ver con las libertades individuales y con el derecho de huelga. Ese derecho de huelga de los docentes húngaros se ve muy perjudicado por un “servicio mínimo” obligatorio cada vez más restrictivo, considerado “desobediencia civil” si no se cumple. Así pues, en caso de huelga (o de “desobediencia civil”), las jornadas sin clases podrán ser recuperadas alargando el curso escolar, y el alumnado podrán incluso verse desplazados en otra escuela con menos porcentaje de huelguistas. Por si todo esto fuese poco, los móviles y ordenadores personales del profesorado podrán verse sometidos a registros rutinarios por parte de la administración, y el profesorado pierde el derecho que tiene a expresarse negativamente en contra del ministerio de Educación, inclusive en privado.
Un pulso de muchos meses que oponen a docentes – jóvenes y gobierno
El profesorado no ha esperado al anuncio oficial de la reforma para movilizarse en contra de sus terribles condiciones de trabajo. A finales de octubre, miles de docentes manifestaron, para protestar esencialmente en contra de los salarios de miseria: el salario medio en secundaria es de 950 euros, lo cual equivale al salario de un cajero de supermercado. No damos ese ejemplo para decir que los cajeros deberían ganar menos que los profes, sino para decir que todos deberían como poco ganar el doble. A lo largo del mes de diciembre se vivió un ciclo de represión: docentes fueron despedidos/as o amenazados/as por supuesta “desobediencia civil”. Esto provocó huelgas muy importantes y varias manifestaciones gigantescas. La presentación oficial de la reforma, en marzo, dio un nuevo impulso a esta movilización. El 24 de abril, miles de docentes desfilaron por las calles de Budapest, apoyados por una presencia masiva de jóvenes. Lo mismo, el 3 de mayo. En ambos casos con enfrentamientos duros con la policía. Sobre todo, para la juventud, la oposición a esta reforma engloba todo el rechazo hacia las políticas racistas, liberticidas y anti obreras del gobierno y del partido político de Orbán, el Fidesz.
Son en gran medida, organizaciones estudiantiles las que convocaron esas manifestaciones. Los dos principales sindicatos de docentes, el “Sindicato de pedagogos” (PSZ) y el “Sindicato democrático pedagogo” (PDSZ) se centran más en las negociaciones. Poco combativos y mal organizados, han favorecido que nazcan otras formas de organización, sobre todo en las redes sociales, pero a pesar de los esfuerzos de militantes combativos, la coordinación de las acciones, paros laborales, sentadas y manifestaciones masivas que siguen desarrollándose ha sido una tarea complicada.
El gobierno sólo suelta migajas
La reforma preveía también que se alargar el tiempo de aviso previo a una dimisión – muy numerosas debido a las terribles condiciones de trabajo. En efecto, un profesor/a que quiera dimitir de su puesto de trabajo podía verse impuesto un preaviso de entre seis a ocho meses, obligándoles de facto a seguir con la docencia hasta el final del curso escolar. Este es el único aspecto en el que el gobierno ha tenido que retroceder un poco: el preaviso prolongado ha sido derogado, y los docentes que dimiten podrán beneficiarse de algunas ventajas cumuladas en la función pública (mientras que, con el cambio de estatus, éstos desaparecían). Para el profesorado que se viese empujado a tener que dimitir a causa de un puesto de trabajo deteriorado, la caída será un poco menos dura. Sin embargo, nada que vaya a calmar el enfado de los/as docentes, quieran dimitir o no.
Los dos principales sindicatos se alegran de que “con cada enmienda, se vuelve cada vez más a la antigua ley” … Sin embargo, si verdaderamente hay algo de lo que nos podamos alegrar es que estos pequeños retrocesos muestran que la resistencia del profesorado movilizado molesta al gobierno. Si hay algo claro es que no será mediante las negociaciones de algunas enmiendas que se acabará con esos ataques. Al contrario, sólo se podrá acabar con éstos mediante el mantenimiento y el reforzamiento de las movilizaciones del profesorado.
Artículo publicado en la página web del NPA
