Miles de camioneros de Corea del Sur votaron el 9 de diciembre poner fin a su huelga cuando entraba en su 3ª semana, con el apoyo social decreciendo y el gobierno negándose a ceder, justificando su línea inflexible en que la acción había causado un “daño astronómico» a la economía. Sin embargo muchas empresas, aunque sin compartir el paro, se habían preparado para la huelga y sus emplead@s estaban list@s para soportarla a corto plazo.
El gremio de los camioneros y su confederación sindical Cargo Truckers Solidarity Union (CTSU) echaron un tremendo pulso al gobierno conservador surcoreano el pasado mes de noviembre con la convocatoria de la 2ª huelga de masas en menos de 6 meses, amenazando con cortar el suministro de petróleo a las principales refinerías del país. Para hacer frente a los crecientes precios del combustible, los camineros pedían al gobierno de Yoon Suk-yeol establecer un sistema de salario mínimo antes de finales de año.
Tras comunicar que el 62% de su afiliación había votado por el fin de la huelga tras lograr prorrogar el programa salarial más allá de los 3 años, la CTSU anunció que no abandonaba sus reivindicaciones y que continuaría con su campaña de salario mínimo. Los conductores dijeron que se enfrentaban a la perspectiva no solo de pérdida de ingresos sino también de empleos. “El sindicato cayó en la trampa del gobierno”, señaló Kang, líder sindical contrario a la decisión, refiriéndose a la narrativa de que se estaba devastando la economía del país, la 10ª más grande del mundo.
El pasado verano, una huelga de 8 días retrasó los envíos de carga de automóviles de cemento en la 4ª economía más grande de Asia y terminó con cada lado alegando haber ganado concesiones. Ciertamente fue una demostración de fuerza de la CTSU. Pero esta vez en cambio, el gobierno rechazó la reivindicación sindical de ampliar las protecciones mínimas a otros tipos de carga, incluidos los petroleros, camiones de reparto de paquetes y transporte de automóviles, diciendo que sus conductores ya estaban bien pagados.
El presidente Yoon Suk-yeol, tras una primera reunión infructuosa entre la central sindical y el ministerio de Transporte el 5º día de huelga, cuando ya eran evidentes los problemas en la cadena de suministro, recurrió de manera inesperada a una ley antisindical de 2004. En una comparecencia pública comparó a los huelguistas con la amenaza nuclear de Corea del Norte, los acusó de tomar como rehén a la logística del país y se negó a nuevas negociaciones con los representantes sindicales.
La ley coreana permite una orden judicial para hacer frente a una interrupción importante del transporte, cuyo incumplimiento puede dar lugar a penas que van desde la cancelación de las licencias de los conductores a hasta 3 años de prisión y multas de hasta 30 millones de won (22550 dólares). Un día después de la comparecencia, el ministro de Transporte Won Hee-ryong elevó el tono con una «orden de reanudación de la actividad» y el despliegue del ejército para obligar a los camioneros a volver al trabajo.
La solidaridad con los camioneros y las amenazas de un gobierno acorralado por las pérdidas económicas desencadenaron reacciones de solidaridad y manifestaciones en Seúl, ciudad bloqueada el 6 de diciembre con la convocatoria de huelga en 25 grandes ciudades en apoyo de los conductores. La CTSU comparó la orden anunciada con la ley marcial y la figura del presidente Yoon con dictadores. Unos 3.500 afiliados y miembros de otros sindicatos convocantes se manifestaron en Uiwang, un importante centro logístico 25 km al sur de Seúl.
La industria siderúrgica vio reducidos sus envíos a más de la mitad respecto al promedio habitual de 46.000 toneladas y muchas gasolineras quedaron fuera de servicio los últimos días en las grandes ciudades, a pesar de que el suministro estaba asegurado por el gobierno, y que cerca del 80% de los camioneros de las principales refinerías, como SK Innovation, SK Energy y S-Oil Corp, son miembros de la CTSU. La acitvidad se detuvo en más de 250 centros de construcción debido a la escasez de suministros y la industria del cemento estimó una pérdida de producción acumulada de alrededor de 46.400 millones de wones (35 millones de dólares).
