Las movilizaciones por la vivienda sacuden el tablero político
Llevamos más de un mes con fuertes movilizaciones desde que el pasado 23 de septiembre, Maricarmen, anciana de 87 años, fuese desahuciada en prime time por un fondo buitre. Las centenares de personas que acudieron frente a la puerta de su casa, no lograron evitar su expulsión y su posterior ingreso en el hospital Gregorio Marañon. De allí ya no saldría con vida.
Las imágenes de Maricarmen, desalojada de su casa en una camilla del Samur, provocaron una oleada de indignación. La represión ejercida por la policía sobre los apoyos de Maricarmen que trataban de impedir el lanzamiento destapó una rabia a gran escala. La solidaridad no se hizo esperar. Las movilizaciones de repulsa al desahucio de la anciana se extendieron por todo el territorio. Manifestaciones masivas que lograron señalar la responsabilidad del fondo buitre, Urbagestión, que tras comprar el edificio para especular con esos pisos, no tuvo ningún remilgo en aumentar el alquiler de renta antiguade Maricarmen de 500 euros a 1650 euros.
Pero esas grandes manifestaciones no sólo pusieron sobre la mesa del debate público la cuestión particular de Urbagestión sino que lograron poner el dedo en la llaga al señalar el problema general de la vivienda en el Estado Español. Es decir el problema de vivir en un sistema económico que favorece que una minoría, ya de por sí enriquecida, pueda hacerse con la mayoría del parque inmobiliario de pisos de alquiler para especular con ellos y sacar mayor rentabilidad económica. Un sistema dónde prevalece, por tanto sobre todo lo demás, el derecho a la propiedad privada de tan solo 13 empresas poseedoras de hasta 100 000 viviendas en alquiler cuyo único objetivo es seguir enriqueciéndose indecentemente frente al derecho a la vivienda y a la vida digna de miles y miles de trabajadores/as y pensionistas.
La generación que ha salido a la calle, es una generación mayoritariamente joven. Harta de no poder independizarse y de tener que compartir piso hasta pasados los 30 años. Esa generación sabe que el problema es estructural y que el gobierno “más progresista de la historia” no ha respondido en 8 años a las necesidades de la clase trabajadora y de la juventud en materia de precios de los alquileres, de prohibición de los desahucios o de subidas salariales, muy por debajo del incremento del coste de la vida, favoreciendo así una gran pérdida de poder adquisitivo. Pero esa generación que se está politizando al calor de esas movilizaciones es también profundamente antifascista, enfrentándose igualmente a los discursos de odio de PP y VOX que llevaban más de un mes incendiando los platós de televisión y las calles con un discurso racista al señalar a los y las trabajadoras migrantes como el problema de todos nuestros males. Pero no, el movimiento por la vivienda lo tiene claro. Los invasores, son los inversores, ya sean españoles, estadounidenses o europeos y no las personas migrantes.
Adelanto electoral, convocatoria de huelga general y operación electoralista
Tal y como venimos escribiéndolo en otros artículos, Pedro Sánchez y su gobierno han visto en estas movilizaciones una oportunidad única de revertir electoralmente la situación de desgaste que llevan sufriendo meses. Para ellos/as, ha sido: ahora o nunca. Saben que aunque no hayan respondido a las necesidades de la mayoría en materia de vivienda y de salarios, la izquierda institucional está más cómoda, frente al PP y a VOX, hablando de vivienda y de derechos sociales que de seguridad, inmigración o corrupción. Curiosamente, y aunque no hayan aportado ninguna medida seria que alivie el problema del acceso a la vivienda, apuestan por achacar la falta de medidas, al bloqueo parlamentario de la derecha española y catalana al no contar con una mayoría suficiente.
Por eso, el pasado día 5 de octubre, Pedro Sánchez anunciaba, después de un fin de semana de grandes movilizaciones por la vivienda, el adelanto electoral para el próximo 29 de noviembre. Acto seguido, y aunque fuese una reivindicación del propio movimiento y del Sindicato de inquilinas de Madrid, las direcciones sindicales de CCOO y UGT convocaban, 14 años después,una huelga general para el 11 de noviembre con el objeto claro de hacerle campaña a la izquierda institucional y en ningún caso con la intención seria de arrancar medidas en materia de vivienda y de salarios ni de autoorganizar a los y las trabajadoras en las empresas.
Sin embargo, la juventud y los y las trabajadoras que se están movilizando saben perfectamente que el problema de la vivienda está íntimamente relacionado con la lógica del sistema capitalista y que por esa razón el Gobierno PSOE-SUMAR no le ha metido mano en todos estos años. Al igual que tampoco lo hizo el Gobierno PSOE-UP, cuando existía una mayoría en el parlamento sin Junts. En ese sentido, la Ley de vivienda que ese gobierno aprobó en 2023 no llegó nunca a cuestionar el hecho de que la vivienda siguiera funcionando como un bien de mercado con el que especular al igual que no atajaba el problema del incremento de los alquileres1 ni prohibía los desahucios2. Por mucho que Ione Belarra hablara entonces de acuerdo “histórico”.
En cuanto a las viviendas que se iban a poner a disposición de la gente trabajadora y de la juventud a precio “asequible”, se hablaban entonces de unas 50 000, procedentes de la SAREB, es decir del parque de vivienda que absorbió el Estado en 2012 al rescatar a grandes entidades bancarias quebradas (entre las que se encontraba Bankia) poniendo dichas viviendas a disposición de las fondos buitres en lugar de armar un parque público con alquiler social. Miles de estas viviendas están en manos de Blackstone, KKR o Lone Star y las gestionan ellos mismos para sacar el máximo beneficio privado. Las viviendas que ofreció el Gobierno PSOE-UP con esa ley – sin que dejaran de estar nunca gestionadas por esos fondos – eran las viviendas de la SAREB que carecían de interés para ellos al no estar acabadas o al estar ubicadas en zonas rurales donde hay una demanda muy escasa.
Los decretos presentados por el Gobierno PSOE-SUMAR y rechazados en el congreso se enmarcaron en toda esta lógica de pantomima y de operación electoralista. Fueron fruto de las movilizaciones pero no respondían a los problemas de fondo y se contentaban sólo con medidas superficiales como por ejemplo limitar hasta 2028 la compra de edificios, por parte de fondos buitres, cuando ésta se realizara por debajo del 70% de su valor sin especificar, por cierto, lo que es un fondo buitre o aprobando deducciones fiscales para los/as inquilinas a la vez que bonificaciones a los propietarios que bajen los alquileres.
Las acampadas, los comités de huelga unitarios y la autoorganización del movimiento
Las movilizaciones de rechazo por el desahucio de Maricarmen permitieron doblegar el brazo a Urbagestión. Al final, no tuvo más remedio que llegar a un acuerdo con los abogados de Maricarmen para que ésta pudiera regresar a su casa al salir del hospital. Al final no fue posible, al fallecer antes Maricarmen, pero se demostró la fuerza y la capacidad de la movilización para cambiar nuestras condiciones de vida.
Al calor de esas movilizaciones se acampó primero en Sol y después en muchas otras ciudades del Estado Español. De esas acampadas surgieron de nuevo asambleas diarias multitudinarias. Y en esas asambleas pronto se habló de construir la huelga general del 11 de noviembre mediante la creación de Comité de huelga unitarios que contaran con la participación de estudiantes y trabajadores/as independientemente de si están o no sindicados o del sindicato al que cada uno pertenezca. Eso no significa negar la importancia de estar organizados/as. En absoluto. La organización en los centros de trabajo a través de las centrales sindicales son una herramienta imprescindible. Pero de lo que se trata también, al calor de las fuertes movilizaciones por la vivienda de estas últimas semanas y de las acampadas, es construir y reforzar marcos de autoorganización del movimiento dotándolos de herramientas propias que permita, de manera unitaria, que estudiantes y trabajadores/as converjan y decidan sobre cómo construir la huelga general del 11 de noviembre, qué acciones llevar a cabo y qué perspectivas darle después del 11N a esa lucha por la vivienda, por los salarios y por los servicios públicos.
Si partimos de la idea que las direcciones sindicales de CCOO y UGT no tienen ningún interés en reforzar esta movilización más allá del 29 de noviembre y menos aún de hacerlo construyendo marcos de autoorganización que faciliten la participación por abajo de los/as trabajadoras y de la juventud es necesario que los y las que pensamos eso propongamos una alternativa para que el movimiento tenga sus propias herramientas que no lo hagan depender en cada momento de la voluntad de dichas direcciones sindicales así como de la izquierda institucional. Eso significa dotar al movimiento de una independencia que le permita marcar su propia hoja de ruta.
Esta claro que las direcciones de CCOO y UGT no apuestan por la movilización para mejorar las condiciones de vida de la mayoría y que están muy supeditados a la izquierda institucional. Esto es lo que explica que la mayoría de los convenios se firmen con subidas salariales que no nos permiten recuperar el poder adquisitivo perdido durante la última década o que no se haya convocado ninguna huelga general en 14 años a pesar de que este gobierno haya desarrollado una política de rearme que aumenta el presupuesto militar en más de 196% (34 000 millones de euros) desde 2018 mientras los alquileres suben un 45% y el coste de la vida un 27% sin que nuestros salarios se incrementen al mismo nivel. Toda su apuesta pasa por la vía institucional y la negociación con la patronal sin tensar la calle y sobre todo torpedeando cualquier autoorganización de los y las trabajadoras que tenga que ver con la creación de asambleas generales que puedan permitir que éstos acaben tomando todas sus decisiones de manera independiente y acabar desbordando en la lucha a sus direcciones.
Para los y las que estamos convencidos que la única forma de conseguir que nuestros salarios aumenten al mismo nivel que el coste de la vida, que los alquileres bajen y que se potencie la inversión en los servicios público y no en la guerra pasa por la movilización sostenida de la juventud y de los y las trabajadoras tenemos la responsabilidad de aprovechar todas las oportunidades para reforzar marcos de autoorganización que permitan desarrollar una orientación política propia, de los y las trabajadoras, basada en la movilización sostenida como forma de imponer soluciones reales para la mayoría.
Ahí es donde se enmarca la importancia de la construcción de los comités de huelga unitarios nacidos de las acampadas y su posterior coordinación tanto a nivel local como a nivel estatal. Sin embargo, no comprendemos como organizaciones tanto políticas como sindicales que hacen ese mismo diagnóstico con respecto a las direcciones sindicales de CCOO y UGT y a la izquierda institucional optan, sin embargo, por no reforzar los comités de huelga unitarios privilegiando la construcción de comités de huelga propios. Por mucho que se diga que ambas cosas son complementarias, la realidad práctica es muy diferente. O desarrollas los comités de huelga unitarios o desarrollas los tuyos propios. Si cada organización o colectivo hiciera lo mismo, tendríamos comités de huelga de decenas de organizaciones sin coincidir la totalidad de éstas en unos unitarios por razones obvias.
Esta orientación es nefasta, al menos por dos motivos. El primero, porque imposibilita en la práctica una política unitaria y común de todas esas fuerzas discutida y acordada en asambleas generales del propio movimiento, y en segundo lugar, y la más grave, porque debilita marcos de autoorganización en el que puedan confluir el conjunto de los y las que quieran movilizarse estén o no organizados/as, sindicadas o independientemente de las siglas de las que provengan. Claro que es legítimo y además necesario que las organizaciones se refuercen para cuando las movilizaciones aflojen, siga habiendo militantes y activistas movilizdos/as. Pero eso no debería ser contradictorio con dotar al movimiento de sus propios organismos para decidir colectivamente la orientación a seguir sin depender de nadie. La combinación de las organizaciones políticas y sindicales, cuya brújula es la denuncia de la lógica del sistema capitalista y la construcción de la movilización y la huelga para cambiarlo todo, junto con grandes sectores de la juventud y de los/as trabajadoras movilizadas es la mejor arma para construir un movimiento de conjunto y para doblegar el brazo de quien esté al frente del gobierno después del 29 de noviembre.
En un contexto de crecimiento de la extrema derecha y de aumento claro de la violencia policial, esa unidad en la intervención común en la lucha de clases se hace aún más necesaria. De nada sirve estar toda la vida denunciando a las direcciones sindicales burocráticas si cuando hay oportunidades de fortalecer marcos de autoorganización que permitan transitar hacia situaciones de desborde, las dejamos pasar.
¿Qué perspectivas para después del 11N?
La situación a nivel europeo es explosiva. Las movilizaciones de masas en Francia con un movimiento juvenil que no mengua a pesar de la represión policial, del despliegue del ejército, de los toques de queda y de las prohibiciones de las manifestaciones y que empieza a combinarse con el mundo del trabajo deja entrever la posibilidad de arrancar victorias. En ese contexto, las movilizaciones por la vivienda, los salarios y los servicios públicos en detrimento de la guerra podría escalara más allá incluso de Bélgica, Italia o del Estado Español.
Hay que aprovechar la situación actual e impedir que todo acabe aquí después de la huelga general y cuando se entre en campaña electoral. La movilización debe sostenerse en el tiempo y de manera masiva. Para eso no se puede depender de la izquierda institucional o de las direcciones sindicales de CCOO y UGT. Es necesario dotar al movimiento de marcos de coordinación estatales que le permitan mantener una política independiente de las instituciones. Si el conjunto de las organizaciones que mantienen una política de independencia de clase se ponen mano a la obra, es posible dar pasos que vayan en ese sentido.
Existen a día de hoy comités de huelga unitarios en numerosas localidades. Hay que hacer desde ya un llamamiento a un encuentro estatal de esos comités para dictaminar juntos/as los pasos a seguir después de la huelga. Los colectivos por la vivienda, el sindicalismo combativo y las organizaciones revolucionarias deben apostar por esa vía y fortalecer el movimiento por la vivienda y por nuestros salarios más allá del 29 de noviembre, gobierne quien gobierne.
Independientemente de lo que cada uno vote el 29 de noviembre, de la organización a la que pertenezca y si está o no sindicado, la única forma de imponer reivindicaciones de urgencia social pasa por la movilización sostenida en el tiempo en la que los y las que se manifiestan y hacen huelga seamos los que decidamos sobre el desenlace y la orientación del movimiento señalando a los verdaderos responsables de la situación actual. Es decir a todos los que especulan con un derecho de primera necesidad como es la vivienda, a la patronal que no deja de incrementar sus beneficios a costa de la pérdida de nuestro poder adquisitivo y a unos gobiernos cada vez más autoritarios que nos conducen a la guerra por la pugna de nuevos mercados en un enfrentamiento entre capitalistas de uno y otros países. En definitiva, un movimiento que señale la propia lógica del sistema capitalista al que solo le importa incrementar y acumular cada vez más riquezas importándole poco si eso conlleva miseria para la mayoría del planeta, explotación, guerras o destrucción del planeta. Hay que cambiar el mundo de base. Para eso, los y las que lo producimos todo debemos decidir sobre todo.
1Al no establecer un límite al precio de los alquileres en base a las capacidades económicas de los inquilinos, sino al condicionarlo a la declaración de zonas tensionadas, lo cual depende de cada gobierno autonómico. Esta nueva ley de 2023 permitió subidas de hasta el 2 y 3% vinculadas a la inflación hasta 2024, y al realizarse un nuevo contrato, el propietario podía poner el precio que considerara oportuno con la posibilidad incluso de subir hasta un 10% el alquiler justificando por ejemplo reformas.
2Sólo obligaba a los propietarios a someterse a una mediación cuya resolución no era de obligatorio cumplimiento. Con eso sólo se conseguían moratorias más largas del proceso de alzamiento de hasta 2 años, prolongando las agonías de los inquilinos/as desahuciadas.
