Este 1 de octubre ha comenzado con cortes de tráfico en distintos territorios de Chile. La jornada de paro nacional, convocada inicialmente por la Confederación de Estudiantes Universitarios de Chile (CONFECH), ha conseguido sumar a estudiantes, docentes, trabajadoras y organizaciones sociales, bajo la consigna «¡Ni un peso menos para la educación!». El paro ha ido acompañado de decenas de movilizaciones en las que han participado decenas de miles de personas. En Santiago, más de 20.000 personas han recorrido la avenida Alameda al grito de «educación primero, al hijo del obrero, educación después, al hijo del burgués».
Esta jornada coincide con el inicio del debate sobre la Ley de Presupuestos de 2027 en el Congreso, que contempla recortes en educación y sanidad, mientras aumentan los beneficios fiscales a las grandes empresas y se destinan partidas millonarias a gasto militar y subvenciones a templos evangélicos.
Pero estas movilizaciones no deben entenderse de forma aislada. Para entender qué está ocurriendo hoy en Chile hay que echar la vista atrás veinte años y entender el papel del movimiento estudiantil como expresión del descontento social. Desde la Revolución Pingüina de 2006 y las movilizaciones universitarias de 2011 hasta el estallido social de 2019, el movimiento estudiantil ha protagonizado importantes ciclos de movilización. Las condiciones materiales que originaron aquel estallido no distan mucho de las actuales: crisis en la salud pública, a la que se ha sumado CONFUSAM (Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud), crisis educativa, aumento del coste de la vida, bajada de pensiones y salarios y precariedad laboral.
Es sobre este terreno donde debemos situar la reactivación de las movilizaciones estudiantiles de 2026. Con la llegada de José Antonio Kast (hijo de un soldado nazi y declarado pinochetista) a la presidencia en marzo, se abre una nueva etapa para la lucha de clases, marcada por una agenda centrada en la seguridad y el refuerzo policial, utilizada para cirminalizar al estudiantado en lucha: censura de espacios de expresión, represión de las marchas y medidas contra la gratuidad, además de la «Ley de Escuelas Protegidas», que permite revisar mochilas y otras pertenencias.
La expresión más palpable de esta represión es la actuación de los carabineros (los pacos) en las marchas autorizadas, con golpes, detenciones, gases lacrimógenos y guanacos (carros lanzaaguas). El mismo 1 de octubre, las estudiantes y trabajadoras que marchaban por la Alameda hasta Los Héroes volvieron a ser reprimidas.
Pero la llegada al Gobierno de Kast no explica por sí sola el descontento social generalizado. Este es también una expresión del fracaso de las expectativas generadas durante el Gobierno de Gabriel Boric, que acabó aplicando políticas liberales y negociando con una mayoría parlamentaria de derecha, mientras el movimiento obrero y la juventud permanecían en una profunda pasividad, con la complicidad de las integradas direcciones sindicales de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores). Sobre este descontento la extrema derecha ha podido construir su discurso.
Y de ese descontento nace ahora la rabia y movilización de tantos jóvenes que no se han visto absorbidos por las ideas de ultraderecha, sino que dirigen sus reivindicaciones mucho más allá de la cuestión presupuestaria. Hablan de gratuidad en la educación, de la condonación y fin del CAE (crédito para los estudios con el aval del Estado), del aumento de las becas Junaeb y de la Beca Vocación de Profesor, programas de permanencia y reinserción, infraestructuras, salud mental y contra recortes en la Alimentación Escolar. Algunas reivindicaciones ya han conseguido victorias, como la defensa de la gratuidad para mayores de 30 años. Y esas reivindicaciones plantean una cuestión de fondo: de dónde salen los recursos y hacia dónde se dirige toda esa riqueza producida en Chile.
Una cuestión de fondo que permite unir a jóvenes y familias, pues la jornada no se ha limitado al movimiento estudiantil. La CUT, el Colegio de Profesores, la ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios), la Coordinadora Feminista 8M y sindicatos de distintos sectores, como la salud, la han respaldado. Y no es de extrañar: son precisamente esos trabajadores y trabajadoras quienes, en generaciones anteriores, salieron a las calles porque, como cantaban Los Prisioneros, a los estudiantes que el sistema ignoró y excluyó los dejaron «pateando piedras», ante la falta de oportunidades que sufrieron durante y después de la dictadura.
Ante esa unión, el Gobierno chileno no ha dudado en recurrir a las fuerzas represivas, con carros de agua, violencia física, gases y detenciones. Y es precisamente aquí donde aparece un elemento central: la potencialidad de que este movimiento estudiantil se convierta en un movimiento verdaderamente masivo, porque la coordinación entre trabajadoras y estudiantes pueda consolidarse, conectar luchas hoy separadas y vincular las reivindicaciones educativas con un cuestionamiento del propio sistema chileno y, por ende, capitalista, sobre la distribución de las riquezas.
Y esta dinámica de violencia del Estado contra el estudiantado que sale a la calle no es exclusiva de Chile. También en el Estado francés las estudiantes están volviendo a las calles contra los recortes y el acceso a la educación superior, con más de 2.000 jóvenes detenidos. La solidaridad internacionalista se vuelve más necesaria que nunca: frente a esta represión contra nuestros hermanos y hermanas de clase, debemos conectar nuestras luchas más allá de mares y fronteras en torno a una única lucha común: la lucha de la clase trabajadora contra el sistema capitalista.
