Comunicado de IZAR
No son invasores, son trabajadores/as y niños/as
Las personas migrantes que permanecen a día de hoy en Ceuta no son invasores. Son trabajadores/as y niños/as que vienen a buscarse la vida al igual que lo pudimos hacer nosotros/as en la década de los años 50 y 60. Huyen de la miseria, de las guerras y de las dictaduras. No suponen ningún peligro ni son nuestro enemigo. No vienen a someternos a nada, ni a oprimirnos. Ellos/as no son responsables de nuestros bajos salarios, de la precariedad en el empleo, de la subida de los precios y de los alquileres o de la privatización de los servicios públicos. Los culpables son otros y tienen nombre y apellidos españoles.
Desde hace semanas, no paramos de escuchar que hay que apoyar a Ceuta. ¿Pero qué significa apoyar a Ceuta? ¿Reivindicar la expulsión de las personas migrantes? ¿Dar por bueno el discurso de que son invasores y por tanto legitimar el uso de la violencia para echarlos? ¿Validar los linchamientos a ONG’s o la creación de milicias armadas? ¿Quedar impasibles frente a los pogromos organizados por escuadristas neonazis ante la mirada cómplice de la policía y de los militares? Desde luego, así, que no cuenten con nosotros/as para apoyar a Ceuta.
No negamos que la entrada de 70 000 personas migrantes a Ceuta haya podido estar facilitado por el régimen marroquí, con el que sin embargo no duda en coordinarse el Gobierno español para las deportaciones y el control fronterizo. Al igual que tampoco negamos que la presencia de 10.000 personas en una ciudad de 80.000 habitantes pueda generar problemas cuando las administraciones públicas no emprenden ninguna gestión. Pero esto no quita, en ningún caso, el derecho inalienable de cualquier persona a poder huir de la miseria y a poder aspirar a una vida mejor sin ser por eso estigmatizado, insultado o golpeado. Algunos dirán que lo hagan por la vía legal. Pero el problema es que no existe tal vía. Ni visados, ni permisos. Su única alternativa, tirarse al mar, jugarse la vida y malvivir durante semanas en condiciones infrahumanas a la intemperie, bajo chabolas infames, siendo la diana de agresiones xenófobas por parte, no sólo de grupos de extrema derecha, sino también de militares. Nos quieren pintar a las personas migrantes como delincuentes y como una amenaza para la seguridad y sin embargo los casos que salen a la luz muestran que están siendo víctimas de la violencia racista. Según fuentes periodísticas hasta dos decenas de personas migrantes habrían denunciado palizas y vejaciones por parte de militares que patrullan la ciudad. A esto, hay que añadirle, las 23 agresiones sexuales a personas migrantes, nueve de ellas menores, registradas por la Fiscalía desde el inicio de la crisis de Ceuta cometidas por agresores de entre los cuales hay españoles y un belga. El problema no son las 10 000 personas migrantes, el problema es no haberlos acogido en el conjunto del Estado Español en más de un mes.
¡Hay que acogerlos/as! ¡Claro que hay dinero!
Desde 2022, hemos acogido a 350 000 ucranianos y, desde 2013, a unos 200 000 venezolanos (de los cuales, 50 000 el año pasado) sin que nadie se haya visto, al parecer, perjudicado por ello. Fueron recibidos en centros de atención y posteriormente acogidos en las diferentes comunidades autónomas entre las que destacan València, Catalunya, Andalucía y Madrid. Los cerca de 40 000 estudiantes ucranianos han sido escolarizados mientras se estima que se matricularon en el curso 2023-2024 cerca de 12 000 niños venezolanos, un 7,1% más que el curso anterior. Durante todos estos años, no hemos escuchado a ningún medio de comunicación, ni a Feijóo o Abascal hablar de invasión ni afirmar que no hay dinero para acogerlos. Claro que se pueden acoger, y claro que hay dinero.
¿En qué reside entonces la diferencia? Claramente en el lugar de procedencia y en una islamofobia evidente. Nos quieren pintar a los marroquís como si fueran delincuentes y generar una guerra entre pobres. Así mientras nos enfrentamos a trabajadores/as y jóvenes provenientes de África, no lo hacemos contra los empresarios que nos explotan a diario, contra los fondos de inversión que especulan con nuestra vivienda, contra los que generan guerras y son responsables de la subida de los precios, contra los que sacan provecho de la privatización de nuestros servicios públicos o contra los responsables del cambio climático.
Hay dinero para atender y acoger a las personas migrantes. Aquí y en Europa. Nos quieren hacer creer que no es posible, pero es falso. El problema es que el dinero lo acaparan los de siempre. La riqueza de las grandes fortunas aumentó en 2025 un 8,7 % alcanzando un récord de 98,3 billones de dólares. Las empresas que cotizan en el IBEX 35 como Inditex, BBVA, Banco Santánder, Iberdrola, Repsol, Acciona, ACS o Telefónica –muchas de ellas con negocios en territorio africano– han logrado en 2025 unos beneficios que superaron los 66 000 millones de euros. Mientras tanto, los y las trabajadoras no hemos dejado de perder poder adquisitivo reduciendo nuestra capacidad de compra en casi un 5% desde 2020.
El Gobierno PSOE- SUMAR tiene que asumir una política de izquierdas, pero no lo hará
La gestión del gobierno central es en gran parte responsable de la situación actual. La inacción del mes de agosto ha permitido que los discursos racistas calen entre la gente de Ceuta. Allí donde salieron los primeros días a echar a los grupos fascistas que acudieron a Ceuta para alimentar el odio hacia el migrante, ahora predominan las cacerías racistas y las movilizaciones al grito de invasores reivindicando su expulsión. Entre medias semanas sin que el gobierno de Sánchez haya hecho absolutamente nada a la espera de ver si las personas migrantes se iban por sí solas al igual que lo hicieran la inmensa mayoría de las que entraron el pasado 30 y 31 de julio.
Esa inacción ha sido el caldo de cultivo para que PP y VOX alimenten un discurso nacionalista español y xenófobo con el objetivo de debilitar aún más a un gobierno herido ya de muerte. Frente a esta situación, éste ha sido incapaz de articular un discurso que permita contrarrestar el envalentonamiento racista. La organización de las concentraciones antirracistas del pasado día 2 de septiembre en respuesta a las convocadas por PP y VOX recayeron exclusivamente en la izquierda extraparlamentaria junto con colectivos sociales y sindicales combativos. La ausencia de la izquierda institucional, tanto política como sindical, fue un grave error. Incluso organizaciones que no gobiernan, como Adelante Andalucía, cometieron el mismo error obviando conscientemente dichas convocatorias. Afortunadamente las concentraciones fueron numerosas a pesar de no contar con la visibilidad de ningún medio de comunicación y son una semilla para emprender un trabajo unitario frente al discurso de la extrema derecha que solo pretende dividir a la clase trabajadora.
El Gobierno central tiene medios para combatir las ideas reaccionarias. Pero para ello tiene que asumir una política de izquierdas. Una política que defienda y lleve a la práctica la acogida de las personas migrantes al mismo tiempo que aprueba una batería de medidas de urgencia social que respondan a los problemas de la clase trabajadora y de la juventud en materia de salarios, vivienda, pensiones, derechos laborales o mejora de los servicios públicos. De esa forma se contrarrestaría fácilmente el discurso racista que viene a decir: los españoles primero, generando enemigos dónde no los hay. ¿Quién se preocuparía por la acogida de 10 000 personas en el conjunto del Estado español si dicha acogida viniera aparejada de unas medidas que contribuyen por ley a aumentar los salarios al mismo ritmo que el coste de la vida, si se destinara financiación suficiente para acabar con las listas de espera en los hospitales, o para bajar las ratios en los centros educativos, o si se interviniera el mercado de la vivienda para reducir drásticamente el precio de los alquileres? Nadie, que no fuese racista. Ese mensaje de odio, sin duda, tendría menos calado.
El gobierno central debería asumir esa política en lugar de endurecer las leyes de extranjería o de asilo. Esa es la única forma de hacer frente al auge de la extrema derecha y de sus ideas. Pero sabemos que no lo harán, porque para eso, es necesario asumir una política que se enfrente a los intereses de los que más tienen. Esos que acaparan las riquezas y que impiden que los salarios aumenten, que los servicios públicos se desarrollen, que la edad de jubilación disminuya o que los precios de los alquileres bajen. Porque esos son los mismos que están tanto al frente de las empresas que saquean África y hacen las fronteras más letales, como de las aseguradoras privadas, de la sanidad y de la educación privada, de las empresas que no respetan los derechos laborales o de las entidades bancarias que especulan con la vivienda y que no tienen ningún interés en que medidas de urgencia social de ese tipo prosperen. Esos son nuestros enemigos. No las personas migrantes.
