NO HABLEMOS DE MUFACE: HABLEMOS DE SANIDAD PÚBLICA

En los últimos meses, el cuerpo de funcionarios de carrera del Estado español se inquietaba ante las noticias que se publicaban en diversos medios de prensa y los comunicados que recibían: las aseguradoras privadas (DKV, Asisa y SegurCaixa Adeslas) se plantaban ante el gobierno si en la nueva licitación de MUFACE para los años 2025 y 2026 no se ponía más dinero sobre la mesa.

¿Qué es MUFACE?

    Antes de nada, debemos explicar exactamente que es la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, conocida como MUFACE. Dicha entidad nacía en 1975 para dar cobertura a los trabajadores/as del Estado. Una vez se es funcionario/a puede elegirse, por sorprendente que pueda parecer tratándose de empleados públicos, entre la sanidad pública y la privada. En la actualidad, MUFACE cubriría a 1.496.276 de empleados/as (un 65% en educación). Con datos del 2022, alrededor de 400.000 (un 26,79%) se encontraba adscrito al sistema público, lo que ha supuesto un importante incremento en poco más de una década (en 2010 este porcentaje se situaba en un 17%)i.

    La incertidumbre entre los trabajadores/as comenzaba el pasado octubre, cuando se tenían que renovar los conciertos con las aseguradoras privadas. Desde el gobierno se ofrecía un incremento de un 17% (1.337 millones para 2025 y 1.344 para 2026). Alegando que este sistema les supondría pérdidas de unos 200 millones anuales, y pidiendo por tanto una subida de en torno a un 38% del presupuesto, las aseguradoras se retiraron del concurso público y dejaron desierta la licitación.

    La “crisis” de MUFACE: una oportunidad desperdiciada para defender la sanidad pública

      Este hecho abría la oportunidad para acabar con un modelo injusto, que diferencia entre trabajadores/as proveyendo servicios sanitarios diferenciados según el trabajo desempeñado y que supone una desviación de dinero público hacia el sector privado sin ningún tipo de justificación.

      Para cualquier persona, incluso para aquellas y aquellos “afectados”, es evidente que todo esto va de ganar más o menos dinero a costa de nuestra salud. Y no es que dichas aseguradoras vayan perdiendo precisamente: a pesar de las lágrimas que han esgrimido durante las negociaciones con el tema de MUFACE, todas han aumentado sus beneficios. En 2023, y como la propia compañía declara, DKV “creció hasta los 951 millones de facturación… con un beneficio neto de 46 millones”, suponiendo un 10% de aumento en lo que a atención sanitaria se refiereii; SegurCaixa Adeslas señala cifras de 414,58 millones de beneficio netoiii (frente a 410,6 en 2022); el área asistencial de Asisa facturó en 2023, un total de 1.487,67 millones de euros en primas, lo que supone un incremento de un 4,3%, alcanzando su área asistencial 615,2 millones, un 4,1% más que en el año anterioriv.

      Además de esto, también parecería evidente señalar el doble juego de estas empresas que, “lógicamente”, buscan el máximo beneficio al menor coste. Doble juego consistente en que aquellos pacientes con enfermedades más complicadas, y por tanto más caras, son atendidos en la sanidad pública, llevando a cabo una “selección de riesgos”. Aunque sea algo sabido (todo el mundo parece conocer a alguien en esas circunstancias), quejas de organizaciones como USO y CSIF (que han motivado la intervención del Defensor del Pueblo) y un reciente estudio de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria ponen el dedo en la llaga mostrando datos que podría demostrar este trasvase en casos de enfermedades tan graves como el cáncerv. Es decir, que aquello que cueste poco y haga ganar dinero si, pero para las intervenciones caras, que se ocupe la pública.

      Por si lo anterior no fuera suficiente, sería también algo evidente poner sobre la mesa los déficits de la sanidad pública y, por tanto, la necesidad de destinar los recursos a la misma y no a entidades de carácter privado. Como señala Amnistía Internacional, mientras el gasto privado en salud por parte de la “ciudadanía” ha aumentado un 27% en el 2011 y el 2021, la inversión en el sistema público, hasta 2022, aumentó en un 3%, déficit especialmente visible en el caso de la atención primariavi. Efectivamente, en este caso solamente el 21% de las personas es atendida el día siguiente al solicitar la cita, mientras que un 35% tarda más de 7 días en ser atendidasvii. A su vez, existen tiempos de demora para ser atendidos por especialistas de 94 días, y esperas para entrar en quirófano de 121 días, mientras se cierran camas en hospitales, las urgencias se encuentran saturadas o se colapsan servicios de laboratorio fundamentales para la detección de enfermedades de carácter grave.

      Es decir, empresas privadas con beneficios que piden más dinero para prestar sus servicios aludiendo pérdidas mientras que, supuestamente, calculan qué enfermedades son rentables y cuáles no, a la vez que la sanidad pública empeora sus condiciones por falta de recursos. Parecerían argumentos más que suficientes para acabar con este doble sistema, y además, movilizarse por ello. Sin embargo, y con excepciones como CGT, por señalar una, diferentes organizaciones representativas de los trabajadores/as se lanzaron a defender el modelo de MUFACE: así lo hacía el CSIF, convocando una movilización el 14 de diciembre en Madrid “en defensa del mutualismo”. O, lo que es más llamativo, sindicatos con un origen de clase como CCOO y UGT, que junto a ANPE, USIE, Adide, SIAT, o las organizaciones policiales SUP y UFP convocaban concentraciones para el 11 de diciembre con el lema “¡MUFACE solución ya! ¡Nuestra salud no es una mercancía! ¡No somos rehenes!”. Es decir, entre unos y otros, acababan defendiendo que una parte de la sanidad, concretamente la de los empleados del Estado, esté en manos privadas. Es decir, que sean una mercancía.

      Evidentemente, nadie dice a las claras que con esto se está favoreciendo la privatización de la sanidad. Los argumentos que se han vertido para defender un modelo como este han girado, sobre todo, en torno al hecho de que la sanidad pública se saturaría y no podría absorber el volumen de trabajadores/as que ahora es atendido por la sanidad privada (en términos porcentuales, esta cifra sería del 2,12%viii). También se ha puesto en cuestión qué pasaría con los propios trabajadores/as de esas aseguradoras. En los dos casos, se trata de argumentos cargados de cinismo.

      El primero porque pretende hacernos creer que la manera de sobrecargar menos la sanidad pública es manteniendo una red privada, separada, de acceso limitado a un tipo de trabajadores/as frente a otros, y financiada con dinero público. Dicho de otra forma: mejor pagar más a las aseguradoras porque si no, la pública, que ya está mal, va a estar peor. Y ese argumento es asumido por mucho de los propios trabajadores/as beneficiarios, que prefieren una red privada más ligera, pagada por lo público, que una sanidad privada abarrotada, lo que al final no acaba siendo más que una especie de privilegio sin ninguna justificación. Por el contrario, ¿por qué no invertir ese dinero en la pública para un sistema mejor para todos/as?; el segundo, porque pareciera que las condiciones de trabajado en la sanidad privada dependieran de desviar fondos públicos en vez de la política llevada a cabo por las propias empresas que, a pesar de ver subir sus beneficios mantienen condiciones de precariedad, sobrecarga laboral, bajos salarios y falta de personalix, enfrentando con este discurso de nuevo a unos trabajadores con otros/as y haciéndole el juego a la patronal, en lugar de asumirse la necesidad de un sistema público con más recursos, lo que incluiría mayor estabilidad laboral y a más trabajadores/as.

      Al final, las aguas volvieron a su cauce

        Que la crisis desencadenada en MUFACE no respondía a criterios ideológicos ya lo sabíamos: no suponía la acción de un gobierno de carácter progresista reforzando el sistema público de salud, ni una reversión o siquiera un cuestionamiento de la privatización rampante que vive la sanidadx. Simplemente ha sido un proceso de negociación en el que las aseguradoras sabían que acabarían torciendo el brazo a un gobierno que no tiene costumbre de enfrentarse a los intereses privados. Para ellas era fácil de prever si atendían a lo dicho en varias ocasiones por María Jesús Montero, quien en 2021 señalaba que “MUFACE es una piedra angular del Plan de Recuperaciṕn, Transformación y Resiliencia” y forma parte “de la estrategia para fortalecer el Sistema Nacional de Salud”xi, y en 2023 afirmaba que “MUFACE no se va a tocarxii; o si escuchaban a Mónica García, quien a pesar de que la “extinción progresiva de MUFACE” estaba entre las propuestas de SUMAR, señalaba a finales de 2023 que no estaba entre sus prioridades acabar con el modelo de MUFACE, hecho alabado por la fundación IDIS, entidad que defiende la sanidad privadaxiii.

        Y así fue: el pasado 17 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobaba una nueva licitación que supone una subida del 33,5%, es decir, lejos del 17% inicial y muy cerca del 38 solicitado por las aseguradoras, a desarrollar en los próximos tres años, en vez de dos. O lo que es lo mismo, una cuantía de 4.478 millones de euros, 1.303 millones en 2025, 1.490 millones en 2026 y 1.685 millones en 2027. Por mutualista, se pasaría de 1.032,12 euros a 1.262,28 en el mismo periodoxiv. Las aguas han vuelto a su cauce.

        Mientras tanto, la pauperización del sistema público de salud continúa, mientras aumenta la privatización del mismo, como hemos dicho. Ese debería ser el motivo de las movilizaciones, como lo han sido para las mareas blancas o la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, derogando la Ley 15/1997, mejorando la inversión, aumentando y estabilizando las plantillas, reforzando la atención a todos los niveles y cortando cualquier vía de externalización o privatización. La sanidad pública, o se defiende desde la calle y los mismos centros de trabajo, o acabará privatizada.

        ihttps://www.elsaltodiario.com/sanidad-privada/modelo-muface-entredicho-cada-vez-funcionarios-se-pasan-publica

        ii https://dkv.es/corporativo/noticias/presentacion-resultados-2023

        iii https://www.segurcaixaadeslas.es/sites/default/files/2024-05/sca-iai-2023.pdf

        ivhttps://www.eleconomista.es/salud/noticias/12872250/06/24/asisa-ingresa-un-49-mas-en-2023-al-alcanzar-1761-millones-de-euros.html

        vhttps://www.elsaltodiario.com/sanidad-privada/modelo-muface-entredicho-cada-vez-funcionarios-se-pasan-publica

        vi https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/defiende-tu-sanidad-2024/

        viihttps://www.infobae.com/espana/2024/02/07/la-saturacion-de-la-sanidad-publica-solo-el-21-de-los-espanoles-es-atendido-por-su-medico-de-familia-el-dia-despues-de-pedir-cita/

        viiihttps://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/pdf/Informe_transicion_MUFACE_al_SNS.pdf

        ix https://enfermeriatv.es/es/mejoras-sanidad-privada/

        xhttps://www.rtve.es/noticias/20240508/privatizacion-sanitaria-aumenta-forma-generalizada-comunidades-espanolas/16094022.shtml

        xihttps://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/el-gobierno-respalda-muface-con-la-sostenibilidad-como-eje-vertebrador-2152

        xiihttps://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/maria-jesus-montero-refuerza-a-monica-garcia-muface-no-se-va-a-tocar–9942

        xiiihttps://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/idis-valora-en-positivo-que-sanidad-acepte-la-colaboracion-publico-privada-2854

        xivhttps://ugt-sp.es/funcion-publica-anuncia-que-la-nueva-licitacion-del-concierto-sanitario-de-muface-sera-inminente/