En un país de Latinoamérica en el que la universidad pública es símbolo de movilidad social, la comunidad educativa ha emergido como uno de los principales focos de resistencia al ajuste y desguace del Estado que está aplicando Milei. Con la llegada a la Casa Rosada, el área de Educación fue degradada de ministerio a secretaría, con una reducción del presupuesto a la mitad, del cual la mayoría recayó en la universidad nacional, ya que educación básica y media es competencia de las 24 provincias.
Como primeras medidas ofensivas, el gobierno eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que equilibra los salarios docentes, y recortó los programas de becas estudiantiles. Ya en abril una masiva protesta había logrado revertir parcialmente el recorte de los fondos y el gobierno optó por redoblar la confrontación con declaraciones como que “la universidad pública es un subsidio de los pobres hacia los ricos” y que las protestas “defienden a los delincuentes” porque es financiada por “los que no van”.
La primera semana de octubre, cientos de miles de estudiantes ocuparon las calles en todo el país después de que el presidente se opusiera a una ley destinada a reevaluar el presupuesto universitario, actualmente deficitario. La universidad pública ha estado en el punto de mira de Milei desde que llegó al poder. Ya en enero anunció la congelación del presupuesto universitario al nivel de 2023, cuando la tasa de inflación había aumentado ese año al 211%.
Esta vez fue el anuncio de su veto a un proyecto de ley de la oposición parlamentaria destinado a declarar a la universidad en “emergencia presupuestaria” y reevaluar su presupuesto al alza lo que encendió la pólvora y aunó demandas en torno al Frente Sindical, integrado por sindicatos de docentes y no docentes. Todo en nombre de un “déficit presupuestario cero” que pretende hacer que l@s estudiantes pobres paguen por una crisis económica causada por la rapacidad de los empresarios argentinos que viven de un goteo del FMI.
“Yo no voy a ceder”, advirtió el presidente en televisión, preguntado por las reivindicaciones que se centran en los magros salarios de los docentes, que están causando un éxodo docente. El Consejo Interuniversitario Nacional calculó que el 70% de los salarios de los docentes y no docentes están por debajo del umbral de la pobreza. Milei ha centrado su postura en las auditorías a las universidades, al echar un manto de sospecha sobre la adjudicación de los fondos públicos que reciben.
A la huelga del 2 de octubre le siguieron ocupaciones de universidades en 15 ciudades. El 14 de octubre se realizaron un centenar de asambleas generales en casi todas las facultades para preparar una nueva jornada de movilización. Las protestas de estudiantes y docentes se multiplicaron a mediados del mes, con 80 edificios ocupados en 30 universidades, clases en la calle y movilizaciones. Los sindicatos de profesores realizaron el 17 una huelga nacional con un 95% de seguimiento y el 21 de octubre otro paro de igual incidencia de 48 horas.
Esta batalla no puede separarse de la lucha general contra este presupuesto para 2025 al servicio del FMI, ya que un 10% se destina al pago de intereses de la deuda, casi el triple de lo que se destina a la educación universitaria. También l@s trabajador@s de la salud luchan contra el cierre de los hospitales y l@s pensionistas son los más afectad@s por el gobierno. Por tanto es necesaria una respuesta global contra el plan de austeridad de Milei, con total independencia del peronismo, que sólo espera las elecciones presidenciales de 2027.
