Para la tradición marxista, simplificando mucho y asumiendo el riesgo que ello supone, “el gobierno del Estado no es más que la junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa”. Cierto es que siglo y medio de luchas y conquistas obreras han logrado institucionalizar ciertos derechos y libertades para las clases trabajadoras, especialmente en los países en los que el capitalismo se desarrolló de forma endógena, los cuales se ocuparon de colonizar y de imponer este modo de producción de forma exógena en el resto de territorios de los 5 continentes.
Estos derechos y libertades, sin embargo están bajo una amenaza incesante de ser revertidos, a medida que el propio capitalismo avanza por su actual fase decadente, sediento de una tasa de ganancias cada vez más estrecha y esquiva. En este contexto, el Gobierno de Milei que acaba de cumplir sus seis primeros meses, ha asumido esta tarea que definían Marx y Engels, sin remilgos ni pudores de ningún tipo, presentándose ante la burguesía internacional como el campeón de la defensa de sus intereses espurios, poniendo a su disposición el Estado Argentino, los recursos naturales del país y toda la fuerza de trabajo para que dicha burguesía esquilme y explote a su antojo, sin impedimento alguno.
Mientras otros Gobiernos del mundo suelen ocultar su verdadera función bajo el tupido manto de la neutralidad del Estado, El Presidente Milei, haciendo gala de su populismo ultraliberal, prefiere confundir a las mayorías sociales santificando al mercado y demonizando al Estado y a la casta que lo conforma. Lo que olvida aclarar Milei es que todo lo que quiere eliminar del Estado son esas conquistas obreras que garantizan los pocos derechos y libertades que le quedan a las mayorías sociales argentinas, de las cuales la mitad sobrevive por debajo del umbral de la pobreza. Y sin embargo para llevar a cabo la doctrina del shock que pretende, solo equiparable a las impuestas por las dictaduras de la región manu militari, deberá hacer crecer todo el aparato represivo del Estado, para superar las resistencias que ya ha empezado a oponer la tantas veces subestimada clase trabajadora argentina.
Pues bien, en este sentido el Gobierno de Milei no tardó muchos días en presentar la denominada Ley Bases, la cual recogía todo un paquete de políticas antiobreras tan agresivo, que su primera versión, debatida por la Cámara de Diputados a principios de febrero no prosperó, ya que hasta ciertos sectores de la burguesía nacional querían negociar con el Gobierno retoques y matices para salvaguardar sus intereses, frente a los del capital internacional. No ha sido hasta el 8 de julio de 2024 que el Gobierno ha logrado promulgar esta ley, tras ser modificada previamente por el Senado, que la acabó aprobando por una diferencia de un solo voto.
El Gobierno tuvo que ceder en muchas de sus propuestas incluso para poder ser aprobada por la mínima en el Senado y finalmente la Ley Bases ha pasado de unos 600 artículos a unos 250. Algunas de las medidas que finalmente no han sido incluidas son las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina; el aumento de la edad de jubilación de las mujeres o algunos aspectos represivos incompatibles con el derecho a reunión y manifestación.
En cualquier caso, Milei, parece haber utilizado la estrategia de presentar un paquete de medidas ultraliberales tan desorbitado que incluso tras haber sido recortado el resultado sigue siendo absolutamente tenebroso para los intereses de la clase trabajadora argentina. De manera resumida, la Ley Bases incluye:
– Una Declaración del Estado de emergencia que otorga poderes especiales al Presidente, sin control democrático alguno, el cual no tardará en utilizar teniendo en cuenta que a la manifestación realizada el mismo día de la votación de esta Ley frente al senado, la tildaron de golpe de Estado terrorista; la mandaron reprimir brutalmente (33 personas detenidas) y aprovecharon para que la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich creara mediante un decreto una unidad policial-militar para reprimir huelgas, piquetes y ocupaciones de fábricas e incluyese una causalidad de despido por “grave injuria laboral” para los trabajadores que bloqueen u ocupen establecimientos. (Igual a las 3 del SAT o las 6 de la suiza, esto último les resulta familiar).
– La privatización de empresas públicas de todos los sectores, entre las que destacan las energéticas, las petroleras, las de gestión del agua, ferrocarriles, autopistas y un largo etcétera. Otras instituciones que no ha podido privatizar, ha optado por reducir el presupuesto como ha pasado con el sector educativo el cual ha sido uno de los primeros en movilizarse y plantar cara al Gobierno.
– Recorte de derechos sociales y laborales, eliminando las sanciones a los empresarios que tengan trabajadores sin contrato y sin estar de alta en la seguridad social e incentiva la posibilidad de contratar lo que en el Estado español se denomina falsos autónomos, Es decir, acabar con el derecho laboral de un plumazo. Además se ha reducido el periodo de permiso de maternidad obligatorio a 10 días.
– Concesiones al capital extranjero mediante el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), otorgando beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios de proporciones millonarias a las multinacionales extractivistas extranjeras (litio, el cobre, el oro, los hidrocarburos y los productos de la tierra en su conjunto), prohibiendo a las administraciones territoriales la regulación que afecte a su actividad y obligándolas a proveerlas de los recursos que necesiten, por ejemplo recursos hídricos, energéticos etc.
– Reforma fiscal para aumentar los impuestos a las mayorías trabajadoras a través de las subidas del IVA y del impuesto PAIS y reducirlos a las multinacionales y grandes fondos de inversión como ya hemos visto.
Pero como nos enseña la física “toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto” y en estos meses encontramos una importante resistencia a la política del gobierno con dos huelgas generales, a pesar de la burocracia sindical y múltiples acciones de protesta de organizaciones sindicales y populares, que se reagrupan en asambleas multisectoriales que discuten programas y formas de confrontación. Y es que la criminalidad de este Gobierno se ha movido en lo dantesco cuando ha sido capaz incluso de desabastecer los comedores sociales dejando pudrirse toneladas de comida almacenada, antes que repartirla entre las personas más necesitadas. El escándalo de la comida ha sido tan impactante, que los propios jueces próximos al gobierno exigieron el reparto de los alimentos que aun se encontrasen en buen estado. Por todo ello la respuesta de la clase trabajadora argentina no puede ser otra que la de auto-organizarse para construir un contra-poder capaz de ofrecer una alternativa política opuesta a la de la barbarie, el hambre y la represión que hoy encarna el Gobierno de Milei.
