Ya han pasado doce meses de las elecciones generales del 23 de julio. De manera sorpresiva, un día después de las elecciones municipales y autonómicas, Pedro Sánchez adelantaba los comicios. En su decisión pesaban tanto la derrota de la jornada anterior como la posibilidad de revertirla, ya que su izquierda se encontraba desorganizada y, a su derecha, el PP tendría que negociar con VOX la formación de las corporaciones locales y los gobiernos autonómicos, con lo que quedaría expuesto ante tod@s aquell@s votantes que repudian las posiciones de extrema derecha. El resultado es por tod@s conocido: aunque en votos ganase Feijóo, en realidad el 23 de julio fue una victoria para el PSOE y, sobre todo, para Sánchez.
Esta “victoria”, ¿se debió a las políticas llevadas a cabo por el gobierno de coalición? Todo parece indicar que no. Con una fuerte inflación y unos salarios que han perdido poder adquisitivo, una ley de vivienda que no ha solucionado el problema de los alquileres y los precios desorbitados para poder acceder a una casa digna, una postergada sine die derogación de la “ley mordaza”, una reforma laboral que consolidó los efectos más lesivos de las anteriores, una represión a las movilizaciones como la que sufrieron los trabajadores/as del metal en Cádiz, o un aumento del gasto militar histórico; es decir, con políticas tibias o directamente a la derecha, que no se enfrentan a los intereses de los de arriba, lo único que explica los resultados de hace un año es el rechazo instintivo de una parte importante de la población a la extrema derecha, la cual ha acabado entendiendo al PSOE como el único freno posible.
Tras el 23 de julio, y con un nuevo gobierno de coalición (esta vez entre el PSOE y SUMAR), poco ha cambiado. A lo largo del año, el ejecutivo ha podido marcar la diferencia ante varias cuestiones llevando a cabo políticas verdaderamente progresistas, pero no ha sido así. La primera de ellas, sin duda, ha sido la amnistía que, aunque justa, se enmarcó dentro de los propios cálculos electorales de Sánchez para poder lograr el apoyo de las organizaciones independentistas en la investidura. El acuerdo pactado entre las diferentes fuerzas en noviembre de 2023, que ya se trataba de un texto limitado al no aprovecharse la situación para incluir a todos los sindicalistas y activistas reprimidos por luchar, se ha transformado en ley, no sin una fuerte resistencia institucional, en mayo de 2024. Un mes después de su entrada en vigor, se pone de manifiesto que dicha norma queda a discreción de la misma judicatura que juzgó los hechos del octubre de 2017: el Tribunal Supremo se niega a aplicarla en casos en los que medie la malversación y, del alrededor de 90 personas beneficiadas por la misma, 46 han sido miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Por tanto, no solamente se trata de una ley limitada, si no que va a acabar siendo un premio para los que reprimieron las movilizaciones en octubre de 2017.
En segundo lugar, estos meses han estado marcados por el genocidio sionista en Gaza. El gobierno de coalición ha jugado a dos bandas. De un lado, en el terreno de los simbólico con posiciones críticas con lo que está ocurriendo en Gaza (al comienzo, pidiendo simplemente una “respuesta proporcionada” a Israel), llegando al reconocimiento del Estado palestino el pasado 28 de mayo. Esto, aunque importante, no se ha acompañado de los hechos necesarios para poder posicionarse realmente contra el genocidio: se ha seguido con la compra-venta de armas a Israel, las tropas españolas continúan en Libia, las relaciones con Israel están intactas y el Estado español da vía libre a operaciones militares como la que se lleva a cabo en el Mar Rojo.
En tercer lugar, mientras l@s trabajadores se enfrentan a unas condiciones de vida degradadas con unos salarios que pierden poder adquisitivo (un 20% de la población se encuentra en riesgo de pobreza, mientras que los salarios reales han descendido un 2,5% desde el 2020), este gobierno ha sido responsable de un aumento del presupuesto militar histórico (a finales de 2023 se alcanzaron los 24.000 millones de euros, un 42% más que en 2018), lo que se está acompañando de una retórica bélica. De hecho, en mayo P. Sánchez anunciaba un paquete de más de 1.200 millones de ayuda a Ucrania y, a comienzos de julio la OTAN, alianza de la que forma parte el Estado español, asumía el envío de F16 a dicho país. Mientras las tensiones sociales aumentan, la prioridad está siendo la guerra.
Como hemos dicho, la anterior legislatura dejó sembradas las contradicciones ante una situación que no dejará de empeorar. Mientras l@s trabajadores se ven enfrentados a salarios con los que no se puede llegar a final de mes, expulsados de ciudades cuyos alquileres o precios no pueden asumir y sometidos a una precariedad laboral constante, ninguno de los gobiernos de coalición, que sostienen su legitimidad en unas supuestas medidas “progresistas”, está atajando estos problemas: ni se derogan las reformas laborales o la ley mordaza; ni la inversión en educación permite superar los problemas de aulas llenas o falta de recursos; ni la inversión en sanidad soluciona los problemas en centros de salud y hospitales; ni se prohíben los desahucios o se asegura el acceso a la vivienda. Al contrario, las prioridades están siendo otras.
Como consecuencia, un día el PSOE ya no será vista como el “mal menor” y entonces si vendrá la extrema derecha, lo cual habrá sido responsabilidad, entre otras cosas, de una izquierda que se ha plegado al PSOE y ha compartido sus políticas en el gobierno, acabando por generar una enorme desilusión en miles de personas que han confiado en cantos de sirena, siendo finalmente minorizada o fagocitada (caso de PODEMOS o SUMAR). Para evitar esto, es urgente levantar una alternativa, desde la calle, para imponer unas políticas que se enfrenten a los intereses de los de arriba y solucionen los problemas de las y los trabajadores, que sea independiente a quien esté gobernando y no se conforme con las supuestas migajas de acuerdos institucionales.
