¿Qué hay detrás del acuerdo entre PSOE y JUNTS?
El pasado 9 de noviembre se hizo público el acuerdo entre PSOE y JUNTS. Aunque éste pretenda alcanzar una salida dialogada al denominado conflicto catalán, el objetivo real es otro. En efecto el acuerdo, que muestra divergencias entre ambos partidos en torno a “los déficits y limitaciones del autogobierno” y “al reconocimiento nacional de Catalunya” tiene como prioridad intercambiar una ley de amnistía tanto para “los responsables como (para) los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos” por la investidura de Pedro Sánchez y la estabilidad de su legislatura.
Consideramos que es más que lícito amnistiar a todos los/as que se han visto envueltos en procesos y condenas judiciales por el simple hecho de organizar y convocar un referéndum en Cataluña. Encarcelar y someter al exilio a cargos políticos y a centenares de activistas por poner unas urnas es una auténtica aberración. La represión y la judicialización del debate político por parte del nacionalismo español y de sus instituciones no acabará con las aspiraciones de buena parte de los y las catalanes y sólo tiene un objetivo: impedir mediante la fuerza que el pueblo catalán pueda determinar libremente su relación con España
En ese sentido, entendemos que el fondo del problema no se resuelve con este acuerdo. El PSOE no ha modificado su posición histórica de negación del derecho a decidir y aunque el acuerdo no lo señale, también el partido de Pedro Sánchez estuvo junto con el PP a favor de la aplicación del 155 o de la represión y posterior judicialización del mal llamado conflicto catalán. No olvidemos que las sentencias contra los líderes del “Procés” o los intentos de asimilar a activistas independentistas con terroristas mediante montajes policiales como el de la Operación Judas ocurrieron con el actual Gobierno en funciones y con un Ministro del Interior y una abogacía del Estado que dependían del PSOE.
No es de extrañar por tanto que el PSOE, que sólo busca permanecer en la Moncloa, no haya aprovechado este momento para incluir en la ley de amnistía a todos los activistas sociales y sindicalistas que han sido detenidos, procesados, encarcelados o multados desde el inicio de la crisis de 2007 por movilizarse para mejorar sus condiciones laborales, para evitar desahucios o para defender los servicios públicos así como a los artistas encarcelados o exiliados por denunciar instituciones como la Monarquía. Al contrario, tanto el PSOE como ayer UP y hoy SUMAR han preferido mantener leyes represivas del PP como la Ley Mordaza y seguir endureciendo el código penal para disuadir a quienes se movilizan de salir a la calle. De quien no se han olvidado, sin embargo, para esta ley de amnistía es a los antidisturbios procesados por reprimir a los y las catalanas que decidieron acudir a los colegios a votar el pasado 1 de octubre de 2017.
En cuanto a JUNTS, sí podemos decir que su posición ha dado un giro de 180º al abandonar la movilización como vía para lograr la autodeterminación y al aceptar “un referéndum de autodeterminación (…) amparado en el artículo 92 de la Constitución” que establece que el referéndum será consultivo, estará convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, y previa autorización por el Congreso de los Diputados, excluyendo la posibilidad de una consulta que afecte al conjunto del Estado en la que solo participe una parte del mismo. Incluso la cuestión de la aplicación de la amnistía está pendiente de ver cómo se llevará a cabo al depender ésta de los jueces que han salido en tromba a oponerse.
La derecha y la extrema derecha social, institucional y política se movilizan para impedir la investidura
Llevamos días asistiendo a diferentes movilizaciones en contra de la amnistía en las que son norma los gritos de “Viva Franco”, los saludos y las banderas fascistas. Ayer, día 12, fueron centenares de miles los que se manifestaron en el conjunto del Estado Español en una jornada convocada por el PP. Sin embargo, la repulsa a la amnistía y a la futura investidura de Sánchez no sólo se está materializando en la calle.
Las declaraciones de Ayuso afirmando que este acuerdo supone “entrar en una Dictadura” o las de Abascal animando a la policía a que “no cumpla órdenes ilegales” son sólo la punta del iceberg. En efecto, estamos asistiendo a la intromisión en el debate político de partes significativas de las Instituciones del Estado Español más reaccionarias con el poder judicial a la cabeza, seguidos de la policía, del ejército y, cómo no, de la Iglesia.
Todo vale para presionar y tratar de evitar la investidura. Resoluciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en contra de una ley que aún no ha sido presentada ni registrada ante las Cortes; movimientos del Juez ultra de la Audiencia Nacional, García-Castellón, para enviar a juicio por terrorismo a los acusados de los CDR en la Operación Judas o imputando por este mismo delito a los del caso Tsunami Democratic tratando de vincularles el fallecimiento por causas naturales de una pasajero del Aeropuerto del Prat durante unas protestas en contra de las sentencias a los políticos catalanes en 2019; declaraciones de obispos, de sindicatos de la policía o de asociaciones de Guardias Civiles afirmando estos últimos que están “dispuestos a derramar hasta la última gota de (su) sangre en defensa de la soberanía e independencia de España”.
Los jueces, obispos, políticos, policías y militares que hoy se oponen, con tanto ahínco, a esta ley de amnistía son los mismos que defienden sin embargo con uñas y dientes otra ley de amnistía, la del punto final de 1977, cuando se trata de impedir que se puedan juzgar los crímenes de la dictadura franquista. Una ley que amnistió a todos los responsables de los crímenes franquistas dejando al frente de estas mismas instituciones sin depurar a jueces, obispos, policías o militares fascistas con el entonces beneplácito del PSOE y del PCE. De aquellos polvos, estos lodos.
¿Qué alternativa?
Frente a este escenario es urgente visibilizar una alternativa para los intereses de los/as trabajadoras y de la juventud. Tal y como decíamos en otro artículo (https://izarrevolucion.com/2023/10/30/actualidad/estado-espanol/por-que-un-posible-gobierno-psoe-sumar-no-representaria-los-intereses-de-los-as-trabajadoras-y-de-la-juventud/), el futuro Gobierno PSOE-SUMAR promete seguir la misma senda que el anterior: mucho ruido y pocas nueces para nuestra clase social.
La política de paz social y de no confrontación con los intereses de los capitalistas que no han dejado, por cierto, de enriquecerse desde 2007 sólo traerá más desafección en la clase trabajadora y reforzamiento de las derechas. Al igual que ya sucede también con la política internacional de un Gobierno en funciones totalmente subordinado a los intereses de EEUU. Primero con un incremento sin precedentes del gasto militar para acompañar la OTAN en la guerra de Ucrania y, ahora, con un apoyo sin fisuras al supuesto derecho legítimo del Estado de Israel a defenderse mientras omite conscientemente décadas de políticas de ocupación y de genocidio contra el pueblo palestino por parte de ese mismo Estado sionista.
Si queremos cambiar nuestras vidas y contrarrestar a la extrema derecha, es hora de abandonar la política del mal menor y de asumir una política que responda a las aspiraciones sociales y democráticas de la mayoría. Para eso hay que responder a los problemas centrales a los que se enfrenta nuestra clase aumentando los salarios al ritmo del aumento del coste de la vida, controlando los alquileres y poniendo los pisos vacíos de los bancos a disposición de los/as que los necesiten, expropiando a las eléctricas y a las energéticas para acabar con la subida de las facturas de la luz y del gas o derogando leyes privatizadoras que destruyen nuestros servicios públicos como es el caso en la sanidad de la 15/1997.
Esas medidas no serán fruto de debates parlamentarios ni de acuerdos con las derechas nacionalistas. Tendremos que conseguirlas mediante la movilización, las huelgas y la autoorganización de los/as trabajadoras y de la juventud. No hay atajos posibles. La alternativa a Sánchez y Díaz no puede recaer en el PP ni en VOX ni en las instituciones ni en la calle. Las movilizaciones de la extrema derecha de estas semanas deben tener una respuesta contundente y urgente en base a unos ejes centrales comunes: el repudio a la extrema derecha y la defensa de una amnistía total que incluya a todos los activistas, sindicalistas y artistas procesados, encarcelados o multados por movilizarse desde el inicio de la crisis financiera de 2007. Desde IZAR, estamos convocando reuniones unitarias en los diferentes territorios en base a estos elementos para tratar de organizar movilizaciones en los próximos días.
