A principios de octubre, el Gobierno andaluz bajo el mandato de Juanma Moreno, anunciaba un presupuesto de 734 millones de euros para celebrar acuerdos con clínicas privadas, lo que supone un nuevo paso en el horizonte de privatizar y mercantilizar la salud pública.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha lanzado dos acuerdos marco que permiten la “externalización” de la atención médica de miles de pacientes en lista de espera para cirugías y pruebas diagnósticas, con un costo de 533,3 millones y 201,1 millones, respectivamente. Esta decisión plantea una nueva amenaza para la sanidad pública andaluza al permitir la entrada de más actores privados en un sector que desde la pandemia continúa sufriendo los ataques de la política neoliberal dispuesta a continuar en su deriva de privatización y empeoramiento de la sanidad pública.
El proceso de privatización de la sanidad pública camuflado con concesiones puntuales a la privada no es nuevo, y el Gobierno socialista anterior también lo utilizó en el pasado. No obstante, este último acuerdo marco introduce cambios que amplían la privatización. En lugar de limitarse a acuerdos provinciales, se ha permitido que clínicas privadas de otras comunidades autónomas, como Murcia, Albacete, Ciudad Real y Badajoz, se involucren en la atención de pacientes andaluces. Esta expansión no solo representa una amenaza para la calidad de la atención médica, sino que también plantea dudas sobre el acceso y los costos para los pacientes, especialmente aquellos que necesitan atención de cirugía menor.
Estos acuerdos se presentan como una medida para reducir las listas de espera y cumplir con los decretos de garantía de la Junta de Andalucía. Sin embargo, la Consejería de Salud mantiene en secreto las listas de espera desde junio de 2022, lo que hace difícil rastrear la situación real en términos de tiempo de espera y disponibilidad de servicios de salud.
La realidad es que este nuevo ataque a la sanidad publica se da un contexto muy concreto, en abril de este mismo año la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, anunciaba que Andalucía es la comunidad autónoma con peores servicios sanitarios de toda España, según un informe publicado, que refleja que Andalucía baja tres puestos respecto al año anterior para ocupar el último lugar por primera vez. La demora media en atención primaria que supera la semana, la desatención por falta de profesionales, el cierre de centros de salud y hospitales por las tardes durante el verano, el “desmantelamiento” del sistema en las zonas rurales o unas listas de espera que no dejan de crecer… son solo algunos ejemplos de las consecuencias directas que provoca el abandono por parte del gobierno andaluz de esta institución pública, un abandono premeditado y medido que ahora usa como excusa para seguir implementando políticas de privatización. El gobierno de Juanma Moreno primero agudiza el problema alimentando conscientemente el malestar y después quiere vender la salida de la privatización como el único camino posible y seguro, intentando ocultar el hecho de que se está externalizando un servicio que debería ser proporcionado de manera integral por la sanidad pública.
Frente a este nuevo ataque, como ya ocurriera hace unos meses, este 28 de octubre se convocaban en toda Andalucía movilizaciones promovidas por diferentes plataformas en defensa de la sanidad publica, la marea blanca y los sindicatos, denunciando la privatización de la sanidad pública y los problemas estructurales en el sistema de salud. Estas movilizaciones han sacado a miles de personas a las calles, sin embargo, es necesario seguir construyendo una movilización sostenida en el tiempo que tenga la capacidad de enfrentar el proceso cada vez más acelerado de degradación y privatización de nuestra sanidad, la respuesta por parte de nuestro bando social debe de ser de nuevo, la defensa de la sanidad pública y la oposición frontal a la privatización gradual del SAS. La salud de la población no debe ser objeto de negociaciones comerciales, sino un derecho garantizado.
