La misma Constitución española en su preámbulo declara que el orden político sobre el que se levanta el Estado español actual, el llamado Régimen del 1978, emana de la paz social tras la turbulenta primera mitad del siglo XX. Pero eso es una verdad a medias. Más bien, la sociedad española había sido pacificada tras 40 años bajo la bota de la dictadura fascista. No obstante, hacia la muerte de Franco, la lucha de clases no había dejado de acelerarse: las luchas obreras por mejoras laborales y de las condiciones de vida, con huelgas masivas que se extendían por todos los núcleos industriales, coincidieron con las reivindicaciones de libertades políticas, y el cambio de chaqueta de cargos franquistas y el pacto entre élites que se vino a llamar la Transición fue de todo menos pacífico.
Para ello, serían indispensables tanto la colaboración del PSOE, tutelado por la CIA y montado casi desde cero por la socialdemocracia europea, como la capitulación de la dirección del PCE, que había abrazado las tesis de integración en los aparatos del Estado capitalista para su gestión en pos de hipotéticas reformas graduales, lo que terminaría implicando la desmovilización, cuando no la represión activa, de los estallidos sindicales y políticos que pudieran quebrar los consensos y comprometer tan delicado proceso, para lo que contaron con la firma de las burocracias sindicales en los Pactos de la Moncloa. Que todo había quedado “atado y bien atado” fue el balance que hiciera el dictador tras designar a Juan Carlos de Borbón como sucesor en la jefatura del Estado, cuya monarquía ha sido el pilar que ha sostenido la continuidad de las instituciones políticas y, con ellas, del orden social levantado sobre las ruinas de la guerra, hasta el punto de que podríamos preguntarnos si Franco, en el fondo, era de la UCD, como bromea en sus memorias el sanguinario ministro, cargo durante la dictadura y luego demócrata de toda la vida, Rodolfo Martín Villa, del que este mes recordamos su papel junto a Fraga en la matanza de los huelguistas de Vitoria.
El recuerdo de la Guerra Civil no dejó de mediar en todo el proceso de “reconciliación nacional”. Al contrario de lo que suele afirmarse, no fue el olvido lo que se impuso, sino el falseamiento de la memoria: la masacre contrarrevolucionaria que inician los golpistas en 1931 y que continuó mucho después de “cautivo y desarmado el ejército rojo” quedó reducida a una “guerra entre hermanos”, en la que ambos bandos habrían sido simétricos en maldad y sinrazón y que habría servido de excusa para desfogar odios atávicos: ¿quién no conoce a alguien a cuyos familiares represaliaron “no por política” sino por rencillas vecinales, como el padre de Antonio Alcántara en Cuéntame?
Precisamente, la cultura, desde la literatura —por ejemplo, la novela Soldados de Salamina, de Javier Cercas— hasta la televisión —como los spots navideños de Campofrío—, testimonia ese relato tan extendido y promovido institucionalmente, que, junto a la imagen de modernización que trajo el ciclo de crecimiento económico tras el Plan de Estabilización de 1959, funcionó para integrar ideológicamente a los sectores de la clase trabajadora y la pequeña burguesía que compondrán lo que hoy se conoce como la clase media: parafraseando al ministro falangista Arrese, esa España antes de proletarios y ahora de propietarios de vivienda y coche particular; esa Arcadia donde se podían dejar las puertas abiertas y que inspira el último programa económico de Vox para promover una nueva burbuja inmobiliaria. El españolito medio podría, por fin, prosperar y vivir en paz, quizá en libertad y sin miedo a quedarse, como la carroña bajo los buitres al final de La vaquilla de Berlanga, atrapado en el absurdo fuego cruzado de esas “dos Españas” con las que nada tiene que ver, tal como la “tercera España” que conceptualizó el periodista de la época Chaves Nogales, que se autodenominaba “pequeñoburgués liberal”, no por casualidad hoy reivindicado por Juan Soto Ivars y el aciago partido Ciudadanos. No todos los pasados proyectan el mismo futuro.
Uno de los representantes más destacados de esta distorsión de la memoria de la Guerra Civil para legitimar el Régimen del 1978 es el escritor Arturo Pérez-Reverte, que no solo ha publicado varios libros al respecto con declarada vocación propagandística, sino que este año ha organizado unas tertulias en Sevilla bajo el título de “1936-1939: la guerra que todos perdimos”, lo que ha recibido críticas de varias asociaciones memorialistas además de la renuncia de varios invitados, como el novelista David Uclés, quien también ha rechazado la presencia del ex presidente Aznar y del ex dirigente de Vox Espinosa de los Monteros. Indudablemente, en la guerra hubo vencedores y vencidos.
Sin embargo, reducirlo a un enfrentamiento entre republicanos y nacionales, o democracia liberalcontrafascismo, como si el conflicto fuera cosa de desacuerdos sobre ideas abstractas y no de sujetos inscritos en clases sociales con intereses enfrentados, es otra forma de falseamiento de la memoria. La guerra fue tan solo un episodio dentro de un proceso de revolución social y contrarrevolución más extenso, que el historiador Pierre Broué, en consonancia con la tradición marxista del periodo, data entre 1931 y 1939; una guerra que perdió la clase obrera.
Durante la segunda mitad del siglo XIX y los inicios del XX hay una sucesión de cambios de régimen político con los que las clases dominantes españolas —burguesía industrial y comercial, banqueros, terratenientes, la Iglesia, altos funcionarios y la casta militar— intentan mantener su orden social ante el avance del movimiento obrero y las agitaciones entre el campesinado. Además, las clases dominantes no conformaban un bloque homogéneo, sino que se dividían en facciones políticas con intereses particulares, lo que derivaba en tensiones y pugnas por el poder. En abril de 1931 facciones liberales republicanas de la burguesía proclamaron la II República.
El régimen republicano no se funda mecánicamente, como suele simplificarse en los libros de texto de Historia, a consecuencia de que los partidos republicanos hubieran ganado las elecciones municipales y el rey Alfonso XIII marchase al exilio: la República nace en medio de una agudización de la lucha de clases, y con el propósito de resolver una serie de contradicciones sociales y contener la conflictividad social. Para cuando la República se proclama, la CNT, el sindicato anarquista, el más grande en ese momento, con más de un millón de miembros, había iniciado una oleada huelguística por todo el país tanto en la industria como el campo. En tamaño le seguía la UGT, con 200 000 obreros sindicados en esa fecha, pero que crecería en el periodo que se abría, al igual que lo haría el PSOE y su reciente escisión, el Partido Comunista de España (PCE), todavía marginal pero que alcanzaría los cientos de miles de militantes en la guerra. Dentro del PCE, a su vez, se estaban organizando las corrientes que luego se escindirían y compondrían el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), que también experimentaría un crecimiento exponencial.
La República, con sus diferentes gobiernos, de derecha a izquierda, fue incapaz de llevar hasta el final las reformas sociales, como la reforma agraria, la expropiación de la Iglesia y la cuestión nacional. Solamente en el campo, entre 1931 y 1933, se pasa de 85 huelgas agrarias a 448, y las revueltas campesinas y las ocupaciones de tierras, emprendidas por los anarquistas, se extienden por toda Andalucía, entre las que es tristemente famosa la masacre de Casas Viejas (Cádiz), ejecutada por la Guardia Civil y la Guardia de Asalto a las órdenes del primer gobierno de coalición entre republicanos y socialistas.
Las costuras reventaron en 1934, cuando el movimiento obrero en su conjunto pasó a la ofensiva ante el avance de la CEDA, la derecha monárquica fascistizada, encabezada por Gil-Robles, otro que luego sería demócrata de toda la vida pero que se hacía retratar como Mussolini mientras sus juventudes desfilaban saludando a la romana. En respuesta, se convocó una huelga general revolucionaria en toda España, pero solo arraigaría en Asturias, debido fundamentalmente a que solo allí anarquistas, comunistas y socialistas unieron sus fuerzas en un frente único denominado la Alianza Obrera, lo que permitió dar el salto a una insurrección armada que acabó declarando la república socialista. Al grito de “¡Uníos, Hermanos Proletarios!” (“UHP”) los mineros tomaron las cuencas y se socializaron las empresas metalúrgicas para producir armas y vehículos blindados. No obstante, esta ofensiva revolucionaria sería ferozmente aplastada por el Gobierno, que movilizó al sangriento Ejército colonial desde África, comandado entre otros por Franco, cuya represión dejaría más de mil asesinados y decenas de miles de presos. Al mismo tiempo, en Barcelona, Esquerra Republicana, un partido que representaba a la burguesía y la pequeña burguesía nacionalistas catalanas, proclamaba la autonomía de Cataluña, en un proceso que en parte también respondía al empuje de sectores obreros en ese sentido, aunque también fracasaría y terminaría con el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, encarcelado.
El revolucionario soviético León Trotsky, que seguía en detalle los acontecimientos gracias a la prensa española y a las crónicas de sus simpatizantes sobre el terreno, valoró que la derrota de la revolución de Asturias se debió, antes que al plano militar, a la falta de “preparación política”, es decir, a la ausencia de un Partido Comunista revolucionario bajo cuya dirección unificase a la clase trabajadora con una orientación clara de tomar el poder. Además, el sectarismo y la falta de unidad entre las diferentes organizaciones obreras en el resto de España condenó al aislamiento a Asturias. En cuanto a Cataluña, Trotsky también señaló que el proceso de emancipación nacional podría haber avanzado a un proceso revolucionario si la clase obrera hubiera tomado las riendas y hubiera disputado la dirección política a la burguesía de Esquerra. Estas debilidades que el bolchevique advirtió se agravarán por las políticas de las diferentes organizaciones, pero especialmente por la orientación adoptada por el PCE, como recordaremos a continuación.
Conviene, antes, recordar que estos acontecimientos se desarrollaron en un contexto internacional de auge del fascismo, que influiría en la deriva autoritaria que asumirían las derechas españolas para hacer frente al escenario prerrevolucionario. Mientras que en Italia y Alemania los fascistas y los nazis llegaron a ser partidos de masas y se fundieron con el Estado, en el caso español la Falange y las JONS fueron organizaciones testimoniales hasta la guerra y la autarquía franquista, antes de ganar cuotas de poder y posiciones dentro de los aparatos del nuevo Estado fascista. Los falangistas y los jonsistas se nutrieron de jóvenes de la burguesía, la pequeña burguesía y la aristocracia, fundamentalmente estudiantes universitarios y profesionales liberales. Pese a su fraseología seudorrevolucionaria y obrerista, haciéndose llamar nacional-sindicalistas y supuestamente abogando por un Estado que redistribuyera la riqueza y protegiera a los pequeños empresarios y a los trabajadores, sus actividades desde el principio consistieron en boicotear huelgas, realizar atentados terroristas contra sindicalistas y opositores, y hacer marchas por barrios obreros de presencia socialista, anarquista y comunista para provocar enfrentamientos y victimizarse, algo que nos recordará mucho a la actualidad. El líder de las JONS, Ramiro Ledesma, tenía una frase célebre que citó Santiago Abascal en el debate electoral de 2019: “Solo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener patria”. Sin embargo, el mismo Ledesma reconoció que recibieron financiación de banqueros bilbaínos. Una acción muy significativa de los falangistas y los jonsistas en 1934 fue convocar una manifestación unitaria en Madrid bajo el lema “viva la unidad de España” y contra las “tentativas secesionistas”, lo que se refería tanto al independentismo catalán como a la Revolución de Asturias, vinculando así la lucha por la emancipación nacional con la revolución proletaria y contraponiéndolas a la unidad territorial del Estado español como pilar fundamental para garantizar el orden capitalista.
En febrero de 1936, gana las elecciones generales el Frente Popular: una coalición entre los partidos burgueses republicanos, el PSOE, el PCE, el POUM y algunos partidos nacionalistas periféricos, entre otros, que contaba además con el apoyo de los sindicatos CNT y UGT. En Cataluña esta coalición tomaría el nombre de Front d’Esquerres y sería capitaneada por Esquerra Republicana. La principal premisa para la unidad era conseguir, mediante la victoria electoral, la amnistía para los presos de la revolución de Asturias y de Cataluña. Sin embargo, tal coalición con facciones burguesas implicaría algo más que una táctica puntual para el PCE, que seguía una estrategia de colaboración de clases establecida en la Internacional Comunista, que había dejado de ser un organismo que agrupaba a todos los partidos comunistas del mundo para lograr la revolución mundial y se había convertido en la sucursal de Stalin y la burocracia soviética para su política exterior, buscando asegurar la convivencia pacífica con los países capitalistas.
El golpe de Estado militar llega el 18 de julio de 1936 con el auspicio de la Iglesia, los terratenientes y la banca, además de la cobertura de la Alemania nazi, la Italia de Mussolini y, de manera más o menos explícita, Gran Bretaña y Francia. El objetivo inicial: deponer al Gobierno frentepopulista y reprimir los movimientos revolucionarios del proletariado y el campesinado. La respuesta antifascista no tardó en organizarse, pero no vendría del Gobierno republicano, que se negaba a entregar armas al pueblo para no romper la legalidad vigente. Sería la clase obrera la que tomase las armerías, sacase sus pistolas y sus escopetas de caza de los baúles, se autoorganizase en milicias y frenase el golpe en las calles de Madrid, Valencia y, con más fuerza y radicalidad que en ningún otro lugar, Barcelona. Allí, hubo una revolución social donde los obreros socializaron las fábricas y las columnas de milicianos autoorganizados —con su democracia interna asamblearia, simbolizada en la abolición del saludo marcial— prefiguraban un orden nuevo. El Comité Central de Milicias Antifascistas organizaba la vida y controlaba la producción de acuerdo a los requerimientos de la guerra y la resistencia, dejando a la Generalitat, dirigida por Esquerra Republicana, como un cascarón vacío sin mando real en las calles. El colapso del aparato estatal había dado paso a una situación de doble poder. El embajador sueco de ese momento llegó a relatar que, una vez que llamó a la institución homóloga del Govern catalán, un funcionario lo derivó a las milicias obreras, porque también eran la autoridad competente para expedir salvoconductos, visados y pasaportes.
Cataluña fue el foco, pero el estallido revolucionario sacudió todo el mapa. Bajo diversas formas de poder popular, la transformación de las relaciones de propiedad prendió como reguero de pólvora: desde las colectividades agrarias en Aragón, donde los campesinos abolieron la explotación latifundista, hasta las incautaciones industriales en Valencia o el control obrero de los nudos ferroviarios de Madrid. En Guadix (Andalucía) los campesinos, que durante siglos habían malvivido en cuevas, se unieron para incautar fincas tras la huida de los terratenientes y pusieron el nudo ferroviario al servicio de las milicias. En cada pueblo donde el golpe fracasó, surgió un comité que, ante el derrumbe del Estado, asumió la gestión de la vida cotidiana, demostrando que las instituciones republicanas habían sido desbordadas por una clase social que ya no luchaba solamente en oposición al golpe, sino por su propia emancipación histórica, para que la tierra y la máquina dejaran de ser herramientas de servidumbre.
Pero esta primavera revolucionaria encontraría su primer enemigo no en el frente, sino en el mismo seno del bando republicano, tanto por la orientación conscientemente contrarrevolucionaria de algunos sectores como la desorientación estratégica y la política errática de otros. En medio de la situación de doble poder, la CNT, siguiendo sus postulados anarquistas, había renunciado a la toma del poder por parte de la clase obrera y a la constitución de un estado obrera para imponerse a la burguesía y salvaguardar las conquistas revolucionarias. El arriba citado Comité Central de Milicias Antifascistas estaba integrado no solo por las organizaciones obreras, sino también por los partidos burgueses, con el objetivo de apoyarse momentáneamente en el poder obrero hasta desactivarlo y restituir la institucionalidad burguesa. El Comité finalmente se disolverá en octubre de 1936 con el voto de la CNT, que acabará integrándose en la Generalitat con varias consejerías y en el Gobierno central con ministerios. Inmediatamente, el cenetista consejero Fábregas aprobará el Decreto de Colectivizaciones y Control Obrero, por el que protegerá a las empresas de capital extranjero y limitará la socialización de la producción mediante la intervención de un supervisor financiero de la Generalitat en las empresas bajo control obrero y fijando la obligación de una negociación entre trabajadores y patronal en empresas de más de 50 empleados para proceder a la colectivización. Más tarde, se prohibiría a las colectividades concederse préstamos entre sí, por lo que el Estado burgués terminaría de asfixiarlas financieramente. Paralelamente, se regularizaron por decreto las milicias obreras, bajo el argumento de mantener la disciplina y la eficacia de un ejército convencional; en realidad, se trataba de dirimir quién tenía los mandos y qué intereses de clase debían defenderse.
El combate interno degeneró en los hechos de mayo de 1937 en Barcelona, cuando las bases anarquistas de la CNT y la FAI, con el apoyo de los comunistas del POUM, denunciaron la política de colaboración de clases de la dirección cenetista, decidieron rearmarse y, a las barricadas y paralizando la ciudad mediante una huelga general, pasaron a defender posiciones frente al avance de las fuerzas del orden republicanas. Desesperado, el presidente de la Generalitat, Companys, cede sus competencias al Gobierno central a cambio de apoyo aéreo contra las milicias obreras. Después de días de combate, la dirección de la CNT, así como los dirigentes del POUM, llaman a sus militantes a abandonar las armas.
El PCE y su filial catalana, el PSUC, jugarán un papel fundamental en la restauración del orden burgués en la retaguardia. Siguiendo la consigna consigna “primero ganar la guerra, luego hacer la revolución” y bajo las directrices de Stalin y la burocracia soviética arriba esbozadas, los comunistas cooperarán con las fuerzas burgueses no solo en el desmantelamiento de los órganos de poder obrera sino sobre todo en la liquidación física de la disidencia, persiguiendo, encarcelando y torturando y despareciendo a sus líderes, a menudo bajo la acusación de ser agentes de la quinta columna fascista, como fue el caso del secretario del POUM, Andreu Nin. Para Moscú, la prioridad era presentar a la República española como un régimen capitalista estable ante Francia y Gran Bretaña, evitando así el pánico a un contagio revolucionario que pudiera alejarlas de un posible pacto contra el fascismo; ese auxilio, sobra recordar, nunca llegó.
El final de la guerra, con la caída de Cataluña y el posterior golpe del coronel Casado en Madrid, no fue sino el epílogo de una derrota política previa: la República había muerto mucho antes de que las tropas de Franco desfilaran por la Diagonal, estrangulada por quienes, temerosos de la extensión del fuego revolucionario por Europa, antepusieron el orden capitalista. Como Trotsky y sus seguidores habían advertido basándose en las experiencias de la Comuna de París, la Revolución rusa de 1917 y la Revolución asturiana de 1934, al robarle al campesino su tierra y al obrero su fábrica para devolverlas a la legalidad de la propiedad privada burguesa, el Frente Popular extirpó el motor de la movilización de masas. La clase trabajadora, una vez más, solo podía contar con sus propias fuerzas para vencer.
Si la Guerra Civil española sigue suscitando polémicas en los círculos académicos y literarios, es porque sus efectos, pero también sus causas, son todavía relevantes. Sobre las miles de fosas sin exhumar se han levantado grandes empresas de hoy como Naturgy, OHS, ACS y Acciona, al igual que muchos pequeños y medianos negocios que todavía hoy rotulan sus negocios sin pudor con el año triunfal de su fundación: “desde 1940”. La Banca March, la que pagó el avión que llevó a Franco la noche del golpe, aparece, coherentemente, en el listado de empresas españolas que colaboran en el genocidio del pueblo palestino. Se regodean mientras el alcalde de Málaga, que lleva en la política profesional desde el franquismo, manda construir un parque canino sobre la mayor fosa común documentada. Se regodean mientras los granadinos ignoran que miles de sus vecinos “rojos” acabaron en campos de concentración nazis o que en la Sierra de Loja estuvo la base de la guerrilla antifranquista de la posguerra; algunos de sus nietos hoy, víctimas del falseamiento de la memoria, se han tragado el relato de sus enemigos y califican a sus abuelos y bisabuelos de “bandoleros”. A quienes recordamos para reconstruir a partir de la memoria Pablo Casado, el ex presidente del PP, nos llamó “carcas”: “Están todo el día con la guerra del abuelo…”. Eso no le impidió a él presentarse en la famosa misa que cada año reza por el alma de Franco junto a la Catedral de Granada, a cuya salida se canta el Cara al Sol. Le traería recuerdos del congreso fundacional de Alianza Popular, que, presidido por Fraga y otros seis ministros de la dictadura, se cerró con vítores a Franco. Quienes detentan el poder tienen clara su memoria como sus intereses en la lucha de clases.
