El pasado mes de enero, el Gobierno anunció la regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular. Tras la noticia, miles de medios de comunicación de derechas y líderes políticos como Isabel Díaz Ayuso no han hecho más que lanzar bulos para generar aún más odio y rechazo hacia las personas migrantes.
Sin embargo ¿es esta la primera vez que se regulan a personas migrantes en el Estado español? La respuesta quizá sorprenda a quienes compran los discursos de odio pero la realidad es que esta es la séptima vez que se realizan regularizaciones desde el comienzo de la democracia. Tres de ellas bajo el mandato de Felipe González, dos durante el gobierno de José María Aznar y la última de ellas en 2005 con José Luis Rodríguez Zapatero.
¿Qué implica la regularización?
La respuesta afirmativa para los solicitantes de la regulación supondrá un trabajo de permiso válido para todo el estado durante un año. Es decir, que transcurrido ese tiempo, las personas seguirán teniendo la necesidad de seguir con tareas burocráticas hastiantes para intentar conseguir regular su situación definitivamente. La presidenta de la Comunidad de Madrid afirmaba que el Gobierno no llevaba a cabo esta medida por motivos humanitarios sino por necesidad de manipular el censo electoral. Por otro lado, y en la misma línea, Santiago Abascal daba a entender que debido al descenso de votos del PSOE en las encuestas (que perdía 600 mil votos) la solución que había encontrado el Gobierno había sido la de regular a medio millón de personas migrantes. Sin embargo, ¿la regularización supone que la persona migrante pueda votar? No. Este es un bulo intencionado de la derecha y la extrema derecha con el objetivo de dañar al gobierno y a la población migrante.
Un nuevo intento de desviar la atención: otro bulo de la extrema derecha “los servicios públicos van a verse sobrecargados por la regularización masiva”
Las páginas oficiales de VOX nos hablan de que “la inmigración masiva sobrecarga los servicios sanitarios, educativos y de seguridad, dispara la presión sobre la vivienda e incrementa el gasto público”. Según datos de octubre de 2025, desde el año 2010 el gasto social no hace más que perder peso en los presupuestos autonómicos. Ha caído de 67% al 59%. Y esto en dinero se traduce en 17.000 millones perdidos. El colapso de los servicios públicos nada tiene que ver con la regularización sino con la voluntad de recortar en lo público para conseguir una privatización encubierta: ¿qué hace la gente cuando no la llaman del servicio sanitario durante meses? Intentar buscar una solución por la vía privada. Para entender esta cuestión no es necesario saber de presupuestos ni de porcentajes, simplemente se necesita ser de la parte mayoritaria de la sociedad que sufre los recortes y la degradación encubierta de los servicios públicos. Acusar del colapso de estos servicios a una regularización es inhumano y tiene un clase objetivo político: enfrentar a la clase trabajadora y la juventud autóctona con la extranjera.
La regularización es un gesto insuficiente que no puede lavar la cara a la política migratoria llevada por el Estado español y la UE
A pesar de que la regularización supone la mejora en las condiciones de vida de las personas migrantes la realidad es que los gobiernos a nivel internacional, europeo y estatal tienen mucho que revertir en políticas migratorias.
Hace unas semanas conocíamos la noticia del gobierno de Ayuso que pretende que cualquier persona que quiera hacerse con un piso protegido en la comunidad necesite al menos diez años de empadronamiento; en Andalucía, el gobierno del PP pretende “poner solución” al problema de la vivienda con medidas más punitivas contra la ocupación, como si este fuera el problema de la mayoría de la clase trabajadora y la juventud y no los precios abusivos de alquiler o de compra.
También el actual gobierno estatal, que ahora celebra y se enorgullece por la medida de la regulación, no ha parado durante todos los años de mandato de criminalizar a la población migrante. El no cierre de los CIE, que al fin y al cabo funcionan como cárceles, los casos de migrantes asesinados en manos de la policía como el de Abdoulie Bah, gambiano, abatido a tiros por la Policía Nacional en el aeropuerto de Gran Canaria, las políticas fronterizas que siguen dejando miles de muertes en el mar, son solos algunos ejemplos de cómo para el sistema capitalista y nuestros gobiernos las vidas de las personas migrantes no valen nada.
Es necesario construir un polo revolucionario para acabar con estas políticas racistas
Son muchos ejemplos en diferentes partes del mundo que reflejan la impunidad y deshumanización de las políticas capitalistas: los ataques de los ICE en EEUU; o las iniciativas europeas como la de construir centros en países no comunitarios, detener durante tres meses a solicitantes de asilo tras arriesgar su vida en el mar, complicar los trámites de nacionalidad, etc.
Por eso, es necesario combatir las ideas de extrema derecha que pretenden que nos enfrentemos unos con otras para así no ir contra los verdaderos creadores de desigualdades.
Las y los revolucionarios tenemos la obligación de organizarnos y de intervenir en nuestros centros de estudio y de trabajo para señalar a los responsables de la situación actual internacional y crear un polo revolucionario internacional para acabar con estas políticas racistas.
Que nadie nos convenza de otra cosa: ninguna persona es ilegal.
